BILBAO.- Vence, pero no convence. Con los votos de PNV y PSE, el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política en el periodo comprendido entre 1978 y 1999, una de las propuestas estrella del Gobierno Vasco en esta legislatura, a punto de expirar. Fuera del hemiciclo, la normativa –que también permitirá que se presenten casos producidos a partir de 1960- no ha conseguido el respaldo de las principales asociaciones de víctimas de la represión, que advirtieron sobre sus olvidos.

“Creemos que esta ley tiene unas carencias muy grandes. Permitirá que algunas víctimas vean un resquicio de luz, pero dejará fuera a muchísimas otras”, lamentaba en el exterior del Parlamento Vasco Andoni Txasko, portavoz de la Asociación 3 de Marzo -compuesta por víctimas de la masacre policial ocurrida en 1976 en Vitoria, donde la Policía mató a cinco trabajadores e hirió a otros 150-. “Cuando una violencia viene de una organización armada tiene todas las indemnizaciones del mundo, pero cuando proviene del Estado, se reconoce de una manera muy discriminada”, remarcó. Por ello, Txasko sostuvo que la nueva normativa autonómica “minimiza la violencia de estado”.

La controvertida ley servirá como continuación del decreto aprobado en 2012 por el gobierno vasco presidido por Patxi López (PSE), a través del cual se contemplaron indemnizaciones para quienes fueron víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978. El texto aprobado este jueves alarga el plazo hasta 1999 y establece nuevas indemnizaciones para quienes sufrieron este tipo de violencia en el mencionado periodo, aunque también fija limitaciones. Según critica Txasko, “aquellas personas que fueron víctimas de torturas, en caso de que hayan pertenecido a algún tipo de organización antifascista o antifranquista, no van a ser contempladas”.

De acuerdo al texto aprobado por la cámara vasca, “quedan expresamente excluidas de la aplicación de esta ley las personas que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta, incluso cuando con dichas actuaciones lo que se pretenda sea repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Estos términos podrían generar dudas en torno a varios casos. “Una ejecución extrajudicial tiene que ser contemplada como una vulneración de derechos humanos, por más que esa persona estuviese militando en una organización u otra”, afirma el portavoz de la Asociación 3 de Marzo tras la concentración realizada frente al Parlamento Vasco, en la que también participaron los colectivos de víctimas Goldatu y Egiari Zor.

Estos argumentos son compartidos por Julen Arzuaga, portavoz de EH Bildu. En el pleno de este jueves, la coalición abertzale decidió abstenerse. “Es cierto que algunas víctimas que no tenían ningún tipo de reconocimiento ahora lo tendrán, pero nos tememos que aún habrá muchas víctimas que no se verán reconocidas”, señaló a Público. “No podíamos votar en contra de la ley por aquellas que van a ser reconocidas –precisó-, pero tampoco podíamos hacerlo a favor por aquellas que no lo serán”. En tal sentido, el parlamentario independentista se preguntó si la nueva normativa va a tener en cuenta los más de cuatro mil casos de torturas que acaban de ser incluidos en un informe entregado al gobierno de Iñigo Urkullu por el Instituto Vasco de Criminología. Dicha investigación —la primera de carácter oficial— abarcó el periodo comprendido entre 1960 y 2013.

“Complejo, largo y gradual”

Frente a estas críticas, el Secretario General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha subrayado que esta ley “está asentada en el principio de igualdad y no discriminación”. “Su punto de partida —comentó— es el mismo que el de otros procesos de reconocimiento a víctimas”. Fernández ha citado el caso de las víctimas de ETA para destacar que fue un proceso “construido por etapas, no se hizo en un solo paso y de un día para otro”. “Ha sido complejo, largo y gradual. En este ámbito debe ocurrir lo mismo. Estamos ante un proceso no ante un solo acto”, destacó.

En esa línea, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate aseguró que no se ha escrito un punto final. “Los procesos de reconocimiento y reparación de víctimas son graduales –afirmó-, por lo cual entendemos que hay que ir dando pasos firmes para que no se genere frustración entre las víctimas”. En cualquier caso, Iturrate reconoció a Público que “quedan víctimas fuera de esta ley, a las que habrá dar respuestas en futuras actuaciones”. “Lo de hoy [por este jueves] es un paso muy importante, pero solamente es un paso. Vendrán otras políticas, existen otras acciones en marcha, y quien sabe si futuras leyes”, vaticinó.

En filas socialistas también realizaron una “valoración positiva”. Así lo destacó el parlamentario Patxi Elola, quien defendió las diferencias entre las distintas víctimas, dependiendo de quién sea el victimario. “No creemos que sea adecuada una ley que mezcle a las víctimas de ETA y de otro tipo (…) Entendemos que el sufrimiento siempre es igual, pero no la contextualización o los motivos”, argumentó. En ese contexto, Elola aseguró que existen “colectivos de la izquierda abertzale que buscan difuminar el pasado reciente”. “Se trata de la lucha del relato, y algunos quieren mezclarlo todo”, apuntó.

Recurso de Madrid

Si bien el PP comparte estos argumentos sobre las diferencias entre tipos de víctimas, el partido de Rajoy ha preferido votar en contra, al igual que UPyD. “Esta ley se mueve en una inseguridad jurídica absoluta. Entre otros motivos, porque no hay una explicación clara de lo que se entiende por ‘contexto de violencia de motivación política’, o también por meter a los funcionarios públicos en supuestas responsabilidades de vulneraciones de derechos humanos, así como cuáles son los medios de prueba que acrediten esas situaciones”, explicó a Público el parlamentario popular Carmelo Barrio.

De hecho, todo indica que el gobierno en funciones presentará un recurso contra esta ley, tal como ya adelantó el ministerio de Interior en un informe remitido al Parlamento Vasco durante la tramitación de la normativa. “Me da la sensación de que, efectivamente, habrá un recurso”, pronosticó Barrio. Si eso ocurriese, nada de lo que ha ocurrido este jueves en el Parlamento de Vitoria tendría valor jurídico. Las víctimas, o al menos aquellas que podrían ser reconocidas, volverían al casillero de salida.