BILBAO.- El PNV y el PSE-EE han pactado que se proceda a la reforma del Estatuto de Gernika "respetando el ordenamiento jurídico", que debe contar con el máximo consenso posible y deberá ser refrendada por la sociedad vasca. En el acuerdo de Gobierno suscrito por ambas formaciones, se admite que se pueda debatir en el seno de una ponencia de autogobierno cuestiones como "el reconocimiento de Euskadi como nación", el derecho a decidir "y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo" dentro de la legalidad.

En el texto, jeltzales y socialistas también plantean que se pueda analizar la reforma de la Constitución para ampliar las potencialidades del autogobierno vasco y blindar el ámbito competencial vasco.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, firmarán y presentarán este martes en la sede del Parlamento vasco el acuerdo de Gobierno que se titula "Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno".

PNV y PSE-EE se comprometen, mediante este documento, a promover un proceso que culmine en "la necesaria actualización del pacto estatutario vasco", y para ello, activarán una ponencia específica. En este sentido, buscarán, "con el mayor consenso, una formulación abierta pero concreta, de bases y principios para la reforma y actualización del autogobierno".

Plazo de ocho meses para reformar el estatuto vasco

La ponencia establecerá la fórmula o el procedimiento "más adecuado para la elaboración de un borrador de texto articulado que enuncie una reforma del Estatuto de Gernika, respetando el ordenamiento jurídico", y que deberá ser redactado en el plazo de ocho meses desde su encomienda. Además, será tramitada por el Parlamento vasco como Proposición de Ley, "siguiendo las normas y procedimientos jurídico-legales vigentes y los establecidos en el Reglamento de la Cámara".

La nueva ponencia recabará la documentación que se depositó por parte de los diferentes grupos parlamentarios en la ponencia del mismo nombre de la pasada Legislatura, así como los informes de expertos y entidades que se emitieron y la transcripción de las comparecencias que se produjeron en su seno.

PNV y PSE-EE admiten, en el texto, que, para la búsqueda de consenso y acuerdo en la ponencia de autogobierno, se abordarán "todas las propuestas y cuestiones relativas" a éste "que quieran ser planteadas por los grupos parlamentarios", entre otras, "el reconocimiento de Euskadi como nación, el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento".

También se podrá debatir de la reforma de la Constitución "para ampliar las potencialidades del autogobierno vasco y blindar" el ámbito competencial vasco, y que esta "profundización y mejora" del Estatuto se aborde, en todo caso, "en convivencia y solidaridad con el conjunto del Estado".

PNV y PSE-EE creen que "el modelo autonómico vigente en el Estado español precisa de una reformulación que ponga en valor el autogobierno vasco y sus singularidades históricas, jurídico institucionales y culturales propias". A su juicio, "una reforma de la Constitución en tal sentido ampliaría las posibilidades para mejorar y garantizar el autogobierno que demanda la sociedad vasca".

Propuesta para desarme definitivo de ETA y el acercamiento de presos

El pacto prevé una propuesta para el desarme definitivo de ETA, con una declaración previa de la banda sobre su carácter "irreversible e incondicional", así como el compromiso con una política penitenciaria que incluya, tanto "el reconocimiento del daño causado" como el acercamiento de los presos de la banda.

Los futuros socios de Gobierno, que se comprometen con "una memoria crítica" pretenden promover en el Parlamento vasco la creación de una Ponencia específica sobre Memoria y Convivencia.

En el acuerdo reconocen que, desde el anuncio de la actividad armada de ETA en 2011, se han producido "avances sustanciales en la coexistencia", pero ven necesario "continuar trabajando en materia de normalización de la convivencia", y abordar "tres cuestiones pendientes: el desarme y disolución definitiva de ETA, la política penitenciaria y la memoria crítica sobre el pasado".

Por ello, en uno de sus siete compromisos, ambos partidos se marcan como objetivo conseguir un "final ordenado de la violencia". Ese "compromiso" se debería plasmar en "tres grandes ejes", consistentes en el apoyo a la verificación de un calendario de desarme definitivo "que previamente incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución" y el logro de la "disolución y desaparición definitiva de ETA".

El documento defiende, asimismo, una política penitenciaria "fundamentada en la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción", una de cuyas consecuencias sería "el apoyo al traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar".

En este sentido y "conforme a las previsiones de ordenamiento jurídico", impulsarán "una propuesta de reorientación de la política penitenciaria" que establezca como "objetivo fundamental" la reinserción, que atienda de forma prioritaria "las problemáticas de mayor incidencia humanitaria", y que "favorezca el acercamiento de presos". También insistirá en la transferencia de la competencia de prisiones a Euskadi.