@CdelCastilloM

MADRID.- El Boletín Oficial del Estado ha recogido este jueves la orden ministerial que regula las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), el plan del ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, para combatir el acoso sexual en las Fuerzas Armadas (FFAA). Una orden que en su primera disposición adicional especifica que "no podrá suponer incremento de gasto" y que ha sido criticada por su indefinición y laxitud a la hora atacar el problema. 

Pese a que el ministro defendió en el Congreso hace justo un año que "el acoso sexual no existe" en las FFAA ya que su incidencia es "un 400% menor que en el resto de la sociedad", el titular de Defensa terminó anunciando la redacción de un Protocolo contra él, al que se suman ahora las UPA: hasta cinco unidades (una por cada Arma del Ejército, otra en el Estado Mayor y otra en la División de Personal central) con el objetivo de "prevenir y proteger" ante las conductas de acoso sexual y que podrán actuar con independencia de que el acosador sea civil o militar. 

Sin embargo, esta división de las UPA entre los diferentes cuerpos es precisamente uno de los aspectos que han levantado una mayor controversia: "¿Qué pasa, que las víctimas de acoso van a tener un trato distinto dependiendo del Ejército en el que estén?", se pregunta en una conversación con este medio Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

"¿Qué pasa, que las víctimas de acoso sexual van a tener un trato distinto dependiendo del Ejército en el que estén?"

Coincide Bravo en este aspecto con Mariano Casado, presidente de la Sección Militar del Colegio de Abogados de Madrid, quien duda de la efectividad de estas unidades teniendo en cuenta que estarán integradas en los órganos de control militares, aunque Defensa defiende que serán externas a las cadenas de mando. "El sentido de esas unidades es siempre la atención a la víctima", explica el letrado, exponiendo que es necesaria una "desinstitucionalización de las UPA" para que las víctimas no sientan que "han de acercarse a un órgano que puede primar lo militar frente a lo asistencial o lo preventivo".

Ambos han destacado que la orden no haya sido debatida con el Consejo de Personal de las FFAA, donde se integran las asociaciones (los militares no tienen permitido sindicarse) con mayor representación. "Es un desprecio total a la democracia" ha aseverado Bravo.

Fuentes del Ministerio de Defensa, por su parte, han lamentado las críticas vertidas. "Es una pena que solo encuentren aspectos negativos en una orden que en conjunto es muy positiva", han expresado, precisando que no matizarán lo publicado este jueves en el BOE.

Personal reubicado

La orden ministerial de Defensa recoge que las UPA contarán con un "jefe de unidad" para el que no determina un rango específico, que dirigirá y coordinará a sus miembros, "militares de las distintas escalas, y personal del Cuerpo Jurídico Militar y Cuerpo Militar de Sanidad (médico y psicólogo), para proporcionar respuesta inmediata a las víctimas, así
como el personal de apoyo administrativo necesario".

La orden, por tanto, no especifica que el personal asignado a las UPA deba tener ningún tipo de especialización en el tratamiento de las víctimas de acoso sexual, ni que deban recibir formación al respecto. Tampoco detalla cómo se accederá a dichos puestos, por lo que deja abierta la posibilidad del dedazo o la veteranía, aspectos que la propia Zaida Cantera —comandante acosada y cuya aparición en los medios empujó a Morenés a tomar medidas— señaló como causantes del agravamiento de su caso. 

"El personal militar está contaminado por el mero hecho de serlo, es menos neutral"

Luis Gonzalo Segura, teniente expulsado del Ejército tras denunciar en los medios de comunicación los casos de corrupción en el cuerpo de los que había sido testigo, opina que el principal problema es el nexo con el ámbito castrense de estas unidades. Así, asegura que "tiene que ser un organismo completamente externo al Ministerio de Defensa y los Ejércitos, compuesto por civiles" el encargado de estudiar las denuncias y acompañar a las víctimas. "El personal militar está contaminado por el mero hecho de serlo, es menos neutral", explica: "Con esto solo se persigue un blanqueamiento de imagen".

Sin formación ni personal especializado las UPA podrán cumplir con el primer requisito impuesto por Defensa para ellas: no aumentar el presupuesto de los Ejércitos, maniatados por una deuda de unos 30.000 millones de euros en sistemas de armas.