El pasado 28 de marzo los periódicos de media España abrían con la noticia de que la jueza Pilar de Lara podría ser suspendida de sus funciones durante siete meses y un día, una sanción que traería consigo la pérdida de su destino. La magistrada lucense había adquirido una gran relevancia mediática por instruir causas gigantescas de mucho calado social, como la operación Pokemon, en la que se llegó a imputar a casi un centenar de personas por presuntos delitos de corrupción; o Carioca, una trama de prostitución en la que estaban involucrados agentes de la Guaridia Civil.

Muchas de estas investigaciones continúan aun hoy abiertas, una de ellas, la Pokemon, superando la década de duración. Fueron precisamente estas dilaciones las que llevaron al Consejo General del Poder Judicial a imponer esta inusual sanción, que apostilló que se había incurrido en una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales. Debido al gran interés público de su trabajo y la importancia de los cargos a los que se señalaron durante sus instrucciones, no han sido pocos los que presuponen intereses ocultos detrás de este cese; al fin y al cabo al superar los seis meses de sanción Pilar de Lara dejará de ser la responsable de dichos procesos.

Sin embargo, desde la izquierda gallega se apunta a un problema más endémico en el sistema judicial de la comunidad; si bien resulta obvio para la mayoría de los representantes de los partidos que más de un encausado sentirá alivio al ver apartada a la magistrada de sus investigaciones, todos ellos insisten en que el principal causante de esta situación es el propio organismo, ahogado y desprovisto de medios desde hace años.

Largas esperas

“La constatación ciudadana es que la justicia lenta es por definición injusta”, afirma Luis Villares, portavoz de la formación En Marea en el Parlamento de Galicia, apuntando que debía atajarse dicha lentitud por dos vías. “En primer lugar proveyendo a todos los juzgados de los medios necesarios para investigar los delitos de forma especialmente acusada cuando son delitos que tienen especial interés público, como puede ser la corrupción o como puede ser la trata de personas, prostitución, violencia de género, etcétera”, señala; “y por el otro lado el especial empeño que tienen que poner los jueces y juezas en respetar las normas procesales en el sentido de evitar las dilaciones, que la duración de la investigación vaya más allá de lo estrictamente necesario”.

Villares, que desde el año 2005 hasta 2016 ejerció de magistrado en salas de organismos como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o la Audiencia Nacional, reconoce que su valoración pasa “de político a juez”, aunque mantiene que desde su formación “lo que deseamos es que el sistema judicial funcione correctamente, y que funciones correctamente significa que lo haga en plazo y para que esto suceda la justicia necesita más medios”. Así, el portavoz lucense califica de “problema estructural” la situación que se vive en los Juzgados de toda Galicia y que se hizo especialmente patente en la huelga de 114 días que sus funcionarios administrativos protagonizaron el año pasado. “Lo cierto es que existe una carga de trabajo objetiva en los Juzgados y que en muchos casos no pueden realizar bien su labor”, concluye.

Falta de voluntad

A pesar de que la carencia de medios se sitúa como el principal problema del organismo de Justicia en Galicia, desde Unidas Podemos y el Bloque Nacionalista Galego se hace especial hincapié en la falta de voluntad política a la hora de erradicar la corrupción. Yolanda Díaz, diputada de la formación morada en el Congreso por A Coruña y licenciada en derecho se muestra convencida de que la sanción contra Pilar de Lara ha sido, cuanto menos, heterodoxa, señalando que le llama “poderosamente la atención que llegaran hasta este punto de abrirle un expediente a una jueza”, apuntando que “es muy poco normal” e instando a observar instrucciones similares con grandes dilaciones que no generaron esta clase de respuesta.

“Aquí hay otro problema de fondo, que es que no se ponen medios para perseguir la corrupción”, afirma por otra parte Xosé Luis Bará, antiguo profesor y portavoz de Xustiza en el Parlamento de Galicia. “Porque claro, cuando se abren causas de este tipo, que duran siete u ocho años y que no tienen ningún resultado, ni siquiera de un juicio, eso crea desconfianza en la justicia, crea frustración, crea una sensación de que aquí hay impunidad. Y eso es porque no hay voluntad política para que se pongan los medios necesarios para que se persiga con todas las consecuencias la corrupción”, señala.

Para Bará resulta evidente que estos dos problemas han creado un nudo en el sistema judicial gallego que requiere mucho más que una inyección rápida de capital para tener a los funcionarios contentos. La Justicia necesita de organismos específicos para atajar sus propias carencias y no existe un interés general en dar los pasos necesarios para ello, como “la creación de una fiscalía especializada contra la corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que no hay; hay fiscalías especializadas en seguridad vial o medio ambiente, pero no en la lucha contra la corrupción”, apunta.

Archivos colapsando las oficinas en Ferrol.

Delitos de gran complejidad

Uno de los principales obstáculos a la hora de investigar causas de la magnitud de las instruidas por la jueza Pilar de Lara es la propia complejidad de las mismas. Tal y como señala Luis Villares, se trata de tramas inmensas que deben separarse en piezas porque de no hacerlo cualquier fallo o error procesal puede poner en peligro la totalidad del juicio. Es por ello que la creación de órganos específicos, dotados de medios suficientes para sacar adelante el proceso sin fisuras o puntos débiles, resulta crucial.

Sin embargo, una vez más, las dos problemáticas antes mencionadas al unirse crean una situación insostenible que acaban arruinando buena parte de estas causas. “Eso es aplicable [la falta de medios] no solo a los Juzgados de lo penal, sino a todo en general. Faltan juzgados, faltan medios, falta personal, el tema de la digitalización es un desastre…”, apunta Bará.

“En la temática específica de la corrupción aquí se creó un discurso de la limpieza, la persecución del fraude, de la transparencia del Gobierno, y la solución que pusieron fue que el Tribunal de Cuentas hiciese las funciones de lo que debería ser un organismo independiente de la persecución del fraude, de la corrupción y todo eso. Pero eso está bajo el control del Partido Popular, que es quien decide qué informes realiza el Tribunal de Cuentas, y quien debería hacer esta función de persecución del fraude y la corrupción debe ser la Administración de la Justicia y no tiene medios suficientes. Sobretodo la Fiscalía, que debería realizar esa función mediante una rama especializada en la corrupción, dado que en muchos casos son delitos muy sofisticados que utilizan medios tecnológicos muy avanzados”, afirma.

Instrucciones masivas

El último punto señalado desde la izquierda es, quizás, el más peliagudo en términos jurídicos, pues atañe a la forma de proceder de la propia Pilar de Lara. Pese a las virtudes de la investigación y la necesidad de la misma, los partidos han hecho hincapié en las fallas encontradas en los procesos, que en muchos casos terminaban con delitos prescribiendo y con imputados, o bien saliendo impunes, o bien limpiando su nombre tras acarrear la losa de la sospecha sobre sus espaldas durante muchos años.

Es precisamente en esta faceta en la que Xosé Luis Bará es especialmente crítico, recordando que esta situación incluso llegó a salpicar a su partido. “En el caso concreto de la jueza De Lara, con todas las causas que abrió y con una práctica que en algunos casos fue poco rigurosa o que tuvo consecuencias derivadas que fueron perjudiciales para muchas personas que fueron acusadas injustamente”, puntualiza; “en el BNG tuvimos el caso de Fernando Blanco que estuvo durante siete años imputado y que sufrió un auténtico calvario de linchamiento político, personal y moral; y hubo más casos, es decir, sin tener pruebas claras en las que el tema quedó en nada, pues hubo una acusación. Porque estos casos que tienen un impacto mediático, que generan una alarma social, muchos titulares, pero a veces no tienen mucho fundamento. Sin entrar mucho en detalles, con la actuación de esta jueza, en este aspecto, deja algo que desear”.

Pese a todo, tal y como señala Luis Villares, “en esta ocasión no es firme, por que aún caben recursos contra ella”. La defensa de Pilar de Lara, el abogado Agustín Azparren, tiene un arduo trabajo por delante si quiere evitar esta sanción; en cuestión de semanas deberá articular un recurso de alzada para intentar, al menos, reducir el tiempo de suspensión para que la jueza no pierda su destino y, por tanto, el control de estas causas. De no ser así y ratificarse la decisión, el futuro de la magistrada, y por extensión de todas estas gigantescas operaciones, quedará probablemente en manos del Tribunal Supremo.