La Fiscalía Anticorrupción emitió este miércoles escrito de calificación y peticiones de penas para la pieza III, Land, de la macrocausa Tándem o Caso Villarejo. Para el equipo de José Manuel Villarejo la solicitud supera los 30 años para cada integrante, con 38 años y 10 meses para el comisario jubilado. Y rebasa los 16 años para los contratantes: en concreto, 16 años y 10 meses para Susana García-Cereceda, presidenta de Procisa, la promotora del lujoso complejo residencial y parque empresarial La Finca, ubicado en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. A esta petición de pena hay que sumar la que ya hizo la Fiscalía hace unos días respecto de la pieza 'Iron', donde solicita 57 años de cárcel para el comisario.

La conclusión de Anticorrupción es clara: se contrató a Villarejo a través de dos de sus empresas "a sabiendas de su condición de Comisario en activo" (y por tanto conociendo que los servicios contratados eran incompatibles con sus funciones públicas) y que dichos servicios implicaron "una multitud de actuaciones ilícitas, prevaliéndose de sus labores operativas de captación de información en la DAO [Dirección Adjunta Operativa de la Policía]" para que Procisa pudiera "conseguir una posición ventajosa en orden a resolver diversas situaciones de crisis empresarial", tales como la obtención de registros de comunicaciones telefónicas y de las geolocalizaciones de los dispositivos de diversas personas.

Así los acusados quedan imputados por delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos en varias modalidades, incluyendo las relacionadas con la vida sexual de particulares. Hay dos grupos de personas imputadas: 

- Los contratantes (los clientes): por un lado, la presidenta y el consejero delegado de Procisa, Susana García-Cereceda, y Francisco Lorenzo Peñalver, respectivamente, junto a la persona que presuntamente les pone en contacto con Villarejo: el expolicía y asesor de seguridad ocasional de Procisa, David Fernández Aumente. Por otro lado, también es acusada Procisa como compañía, a través de las tres empresas en las que se escinde el 10 de octubre de 2016: La Finca Global Assets SL, La Finca Somosaguas Golf SL y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios. Si para Susana García-Cereceda Anticorrupción solicita 16 años y 10 meses, para el consejero delegado y el expolicía que hizo de puente con Villarejo se piden 19 años y 4 meses.

- El equipo contratado: estaba integrado por el propio Villarejo; la mujer de éste, Gemma Alcalá; Rafael Redondo, mano derecha del comisario en su grupo empresarial Cenyt y, como colaborador externo a Cenyt, Enrique García-Castaño El Gordo, entonces también comisario en activo como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Para este grupo, la fiscalía solicita penas de prisión en una horquilla que va de los 30 años y 10 meses para García-Castaño a los 38 años y 10 meses que pide para Villarejo.

Asimismo, el Ministerio Público propone indemnizaciones, por un total de 375.000 euros, para las personas de las que Villarejo obtuvo ilícitamente sus comunicaciones y para la agencia de detectives Método 3 por el uso de un informe suyo "sin autorización", según Francisco Marco, su director. Se propone que las compensaciones se paguen en un 35% por los contratantes y en un 65% por el equipo de Villarejo. 

La Fiscalía distingue dos encargos secuenciales con objetivos y motivaciones completamente diferentes, tal y como explicó Público en dos artículos: el primero, para apoyar un recurso de apelación en la Audiencia Provincial que lograra corregir el fallo de una sentencia letal para la supervivencia de Procisa; y un segundo encargo relacionado supuestamente con la obtención de información de determinadas personas del círculo familiar de García-Cereceda y del pasado de Procisa que Villarejo entendía como una amenaza para sus intereses. 

El primer encargo: evitar el concurso de acreedores

El primer encargo es situado por la Fiscalía Anticorrupción el 9 enero 2012, según figura expresamente en la portada del informe "preliminar" que Villarejo confecciona para cada "proyecto", y tiene que ver con un recurso de apelación que tramita Procisa en la Audiencia Provincial para revertir el fatídico fallo de una sentencia del juzgado 1 de Pozuelo, de fecha 1 de diciembre de 2011, que ponía a Procisa al borde del concurso de acreedores. 

Se trataba de un caso de reclamación de cantidad que venía de antiguo, en el que los demandantes eran Cabde SL, Constructora de Viviendas Unifamiliares SL, Hogar Útil e Imce 87. La cifra en juego ascendía a 34 millones de euros. El problema del fallo para Procisa no estaba en la cantidad, sino en el hecho clave de que se obligaba a Procisa a pagar en dinero y no en especie (parcelas, en este caso).

Eran los tiempos en los que la crisis inmobiliaria hacía estragos, y el fallo del Juzgado 1 de Pozuelo se produjo en el peor momento posible para Procisa porque, aunque disponía de mucho patrimonio (parcelas), no era capaz de colocarlo en el mercado y vivía cada día con la tesorería al límite: el mínimo contratiempo la abocaba al concurso de acreedores.

El recurso de apelación se tramitó durante 2012 y 2013, emitiéndose el fallo por la Audiencia Provincial el 28 de noviembre de 2013. Y Procisa salvó la bola de partido: la Sala de la Audiencia finalmente le permitió a la empresa pagar en parcelas. Dos días antes de darse a conocer este nuevo fallo salvador, el contacto de Villarejo con Procisa, David Fernández Aumente, felicitaba al comisario por su trabajo en nombre de Susana García-Cereceda. Y el 18 de diciembre de 2013, justo después del fallo judicial que ponía fin al problema, se emitió la última factura de Villarejo a Procisa: 33.000 euros más IVA. El concepto de la misma es "liquidación final de trabajos [relacionados con las empresas demandantes]". 

Estas empresas agotaron la vía judicial y volvieron a recurrir al Supremo, pero ya con menos opciones. En febrero de 2016, tres años más tarde, el Supremo reconfirma el fallo favorable a Procisa. La importancia que le daba la empresa a este asunto, y el alivio que le suponía el pago en especie con parcelas, quedan a la vista en la Nota sobre Hechos Posteriores de la memoria de Procisa para 2015 y que incluimos a continuación.

De momento, Anticorrupción (basándose en oficios de Asuntos Internos) limita los servicios prestados por Villarejo para revertir la sentencia de Pozuelo sólo a un trabajo de captación de información sobre los demandantes y sobre la magistrada del juzgado 1 que emitió la fatídica sentencia el 1 de diciembre de 2011, y lo acota temporalmente a los meses de enero y febrero de 2012 (tras el fallo).

Concretamente dice que Villarejo realizó captación de información para que el cliente "conociera las eventuales consecuencias económicas para el supuesto de que dichas sociedades instaran la ejecución provisional de la sentencia dictada en el procedimiento Ordinario nº 529/07 el 1 de diciembre de 2011 por la Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Pozuelo de Alarcón, Mónica Gómez Ferrer, por la que se condenaba a PROCISA, en favor de aquéllas, al pago de 34.657.380 euros más intereses".

Para defender esta conclusión, Anticorrupción hace suya la tesis de Asuntos Internos. Es decir, considera falsos los conceptos de cuatro facturas que Villarejo emite a Procisa durante 2013 en relación con este procedimiento judicial de Pozuelo y, en consecuencia, asume que los trabajos del comisario para revertir la sentencia se limitan a dos informes, entregados por el comisario en enero y febrero de 2012, tras el letal fallo: el primero, de 14 de enero de 2012, sobre la estructura empresarial de los demandantes, por el que factura 18.500 euros más IVA; y el segundo, de 9 de febrero de 2012, encontrado en las oficinas de Procisa, con un "perfil personal, familiar y profesional de la Magistrada que emite la fatídica sentencia de instancia, Mónica Gómez Ferrer", y por el que cobra, según la Fiscalía, una "cantidad indeterminada" (no se han encontrado facturas que puedan asignarse a este documento).

Así, durante toda la instrucción de la pieza Land ni siquiera se contempla la posibilidad de que cuatro de las siete facturas que Villarejo emite a Procisa en 2013 tengan que ver con el recurso judicial, a pesar de las siguientes circunstancias:
a) Que en dicho año 2013 se estuviera tramitando el vital recurso.
b) Que el concepto de dichas cuatro facturas haga expresa mención a las razones sociales de las compañías demandantes. 
c) Que una de esas cuatro facturas sea la última que el comisario emita a Procisa, que se expida el 18 de diciembre de 2013 (justo tras el fallo favorable de la Audiencia sobre el recurso) y que, además, muestre en su concepto "liquidación de los trabajos".

De esta forma, la fiscalía asigna estas cuatro facturas a un nuevo y supuesto encargo contratado por Procisa durante 2013 sin relación con el proceso judicial de Pozuelo, y que el comisario presupuestó en 275.000 euros más IVA. Este presupuesto consta en un anexo adosado al segundo "informe preliminar" que entrega a sus clientes, y cuyo cobro iba justificando con la producción y entrega de "dossieres" que relataban decenas de posibles peligros para Susana García-Cereceda ("espantos", como él mismo los denominaba), derivados de supuestas acciones ejecutadas o potenciales de su hermana Yolanda, de la viuda de su padre y del arquitecto de La Finca. 

Segundo encargo: supuesto 'Proyecto Land' y la estrategia de "currarse el espanto”

Mientras se tramitaba el recurso sobre la sentencia de Mónica Gómez Ferrer, Procisa realiza, según informes que Villarejo produce y entrega, tres nuevos encargos al comisario encuadrados en lo que él llama "Proyecto Land" (Land1, Land2 y Land3), que se inician de forma secuencial  entre febrero de 2013 y junio de 2013 y que se "ejecutan" solapadamente.

El primer "informe" y encargo es de febrero de 2013, pero el presupuesto (275.000 euros más IVA) no se entrega hasta el 21 de mayo de ese año, y se provee adosado a otro documento que eleva el tono de los supuestos peligros que amenazan a la presidenta de Procisa y que representa, según el papel, "un segundo sub-encargo que llama Land2". La cantidad, como remarca Anticorrupción, no se actualiza al alza a medida que Villarejo amplía el número de personas a investigar.

Finalmente, durante 2013 (entre mayo y diciembre) se emiten siete facturas por un total de 281.200 euros más IVA que se cobran entre julio de 2013 y febrero de 2014. Son las que figuran en la tabla siguiente y, como se puede comprobar, el concepto de cuatro de ellas hace referencia al recurso de apelación sobre el fallo de Pozuelo, que se tramitaba durante 2012 y 2013 y que se resuelve a favor de Procisa el 28 de noviembre de 2013, pocos días antes de la emisión de la última factura.

Los supuestos proyectos Land 1, 2 y 3 se materializan en varios informes temáticos de Villarejo y versan sobre personajes que el comisario considera un peligro para los intereses de Procisa y de Susana García-Cereceda. Dichos informes contienen registros de comunicaciones telefónicas y otra información privada y personal que el comisario consiguió ilícitamente según la Fiscalía. Para hacerse valer, Villarejo va informando de estos riesgos a sus clientes de manera secuencial, en una estrategia que él mismo define como "currarse el espanto", pero que atribuye a sus supuestos enemigos.  Dichas amenazas carecen de fundamento en su mayoría y las que tenían algún soporte, estaban lejos de representar el peligro que Villarejo vendía. 

- LAND 1. Jaime Ostos. Proyecto supuestamente contratado el 2 de febrero 2013 y que se materializa en un informe de 12 de marzo acerca de la validez en España ("eficacia" en términos jurídicos) del matrimonio entre Jaime Ostos y la hermana de Susana, Yolanda García-Cereceda, celebrado en Carolina del Norte (Estados Unidos). Se trataba de calibrar la eventualidad de que Ostos pudiera solicitar la tutela de su mujer, entonces incapacitada judicialmente para gestionar sus bienes.

- LAND 2. Joaquín Torres. Se inicia el mes de mayo de 2013 y es el proyecto con el que Villarejo les presenta el presupuesto de 275.000 euros más IVA que no varía aunque se amplíe el alcance de los supuestos trabajos. El presunto objetivo ahora es buscar trapos sucios y presionar mediáticamente a Joaquín Torres (arquitecto en el pasado de La Finca) para que desista en sus reclamaciones de honorarios devengados y no abonados en vida de Luis García-Cereceda. Curiosamente, los informes pretendidamente negativos sobre las empresas de Torres que elabora el comisario podrían perfectamente encajar en la solicitud de concurso voluntario de acreedores que presentó el arquitecto: Villarejo expone una batería de razones externas y no imputables a Torres para justificar la delicada situación financiera que describe en su informe sobre sus empresas alejando la sospecha de que el arquitecto fuese culpable de su insolvencia. Asimismo, el grave problema de Procisa con Torres no era tal: la deuda que el mediático arquitecto reclamaba no representaba ni el 10% de la astronómica cantidad que proclamaba en los platós; al menos, según la base de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial.

- LAND3. Silvia Gómez Cuétara. Puesto en marcha en junio 2013 para "ganar ventaja en las reclamaciones que Silvia Gómez Cuétara, viuda del padre de Susana [García-Cereceda], pudiera elevar en relación con el patrimonio y herencia de su difunto marido", según el Ministerio Público. La "monitorización" de Silvia es iniciativa del comisario, quien en un dossier elaborado por él mismo, advierte amenazador de la existencia de un "informe confidencial" que adjunta como anexo. Según Villarejo, es Silvia quien encarga este informe, a través de sus abogados, a los detectives de Método 3 por 1.485.000 euros. Este informe contiene datos de empresas de libre acceso y otros sobre el pasado fiscal de Procisa en vida del padre que, según Villarejo les anuncia, pueden hacer mucho daño a la empresa de llegar a un juzgado o la prensa. Lo curioso es que el documento de Método 3 era antiguo, en el momento de su elaboración el asunto fiscal al que hace referencia llevaba ya años judicializado y, además, con sentencias y recursos que reproducían esos mismos novedosos datos fiscales. 

Aunque la Fiscalía deja escrito que el documento de Método 3 procede de su base de datos, a renglón seguido dice que "no consta la forma concreta de su ilícita obtención".

La agencia de detectives Método 3 fue admitida como perjudicada en la pieza Land porque manifestó que el informe estaba en poder de Villarejo "sin su autorización". Pero entonces, ¿cómo llegó a sus manos? Villarejo insinúa a sus clientes que procede del registro policial a las oficinas de Método 3, ordenado por el juzgado 14 de Barcelona al investigar la famosa grabación de la conversación entre la política del PP Alicia Sánchez-Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola en el restaurante La Camarga.

Por su parte, Silvia declara que la idea del informe de Método 3 nace de sus abogados (Mavens Legal) en el marco de un encargo que les hace para evaluar la oportunidad de una eventual demanda por ocultación de herencia. Al hilo de esto, Público ha podido comprobar que un socio fundador y principal de dicho bufete aparece nombrado en el sumario Tándem en la pieza principal, en uno de los primeros escritos de la fiscalía, como representante de una de las empresas clínicas que vendió acciones a Villarejo y que supuestamente éste pagó con fondos depositados en sus cuentas en el extranjero. Es decir, que existía una conexión entre Mavens Legal y Villarejo.

Pero esta es otra historia.