La Fiscalía ha solicitado un año y ocho meses de cárcel para los 21 encausados por tratar de frenar en 2021 el desahucio del Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec de Barcelona. Además, el Ministerio Público también pide 190.000 euros en multas.

Entonces, el fondo buitre Vauras, propiedad del bloque, denunció a Ada Colau, quien en ese momento ejercía como alcaldesa, por un delito de coacciones y prevaricación administrativa, aunque la Justicia desestimó la querella.

Durante una rueda de prensa, el abogado Carlos Hurtado, de Alerta Solidária, explicó que se les acusa de un "catálogo enorme de delitos", que suman 35 años de cárcel, informa el diario 20 Minutos.

"Es una causa sin precedentes en el movimiento en defensa de la vivienda", ha advertido Hurtado, puesto que los encausados se enfrentan a delitos como resistencia a la autoridad, atentado contra agentes de la autoridad, coacciones, lesiones a agentes y daños.

Hurtado ha explicado durante la comparecencia ante los medios que los primeros arrestos tuvieron lugar cuatro meses después del intento de frenar el desahucio del Bloc Llavors. Un "golpe de efecto" para amedrentar y debilitar a los activistas en defensa del derecho a la vivienda, que este martes han denunciado la "criminalización" del movimiento.

Los encausados han denunciado unas sanciones que consideran desproporcionadas, pues cada uno se enfrenta a 1.800 euros de multa por atentado a policías y 5.760 euros por coacciones. Además, siete podrían tener que pagar 2.880 euros por el delito de daños y tres, 600 euros por un delito de lesiones leves a los agentes.

A estas multas habría que sumar los casi 20.000 euros en concepto de indemnizaciones que exige la Generalitat de Catalunya por daños en material policial, uniformes, furgonetas, etcétera.