Las seis mercantiles a las que el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, propuso en noviembre pasado encargarse de la pericial sobre el precio que la consultora política Neurona cobró a Podemos (363.000 euros) por sus trabajos para la campaña electoral de abril de 2019 le han dicho que no.

Con estas seis empresas ya son once las sociedades y entidades que han rechazado realizar el informe forense final que reclama el juez Escalonilla desde noviembre de 2021. Hay que recordar que la instrucción de esta causa sobre los trabajos de Neurona para Podemos está cerrada desde julio de 2022 y que el juez ha dado por acreditado que trabajadores de Neurona trasladados a España realizaron en efecto los trabajos de marketing político para Podemos. 

Sin embargo, ordenó la realización de un informe pericial para constatar que el precio y la calidad fueron acordes al mercado. Dicha pericial "comprenderá la valoración del trabajo de estrategia de segmentación previa a la edición o realización de los vídeos y su cantidad y calidad, aspecto éste último, el de la calidad, igualmente a tener en cuenta en relación con los diseños", consta en el auto por el que ordenaba el informe, hace más de un año. 

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, que engloba a 42 colegios profesionales de la región, le comunicó al juez que no hay especialidad y/o subespecialidad dentro de los colegios profesionales que integran esta asociación con conocimientos para emitir el dictamen pericial solicitado".

A la vista de la negativa de las empresas propuestas por él mismo, en una providencia, a la que ha tenido acceso Público, el juez solicita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que le informe sobre "consultoras electorales que pudieran estar capacitadas para la realización del informe pericial acordado en las presentes actuaciones".

La UDEF, en busca de peritos

Ahora tendrá que ser la UDEF la que busque empresas que pudieran realizar el informe final de la causa Neurona. Ante esta situación provocada por la aparente desesperación del juez Escalonilla por realizar un informe pericial que, según la Fiscalía, no aportaría nada sustancioso, y que contribuye a alargar el ya de por sí extenso proceso de más de dos años contra un partido político, Podemos ha presentado un escrito en el juzgado en el que pide el archivo de la causa. 

En dicho escrito, la formación 'morada' recuerda que la UDEF no se consideró competente para valorar o informar sobre los precios de mercado de dichos productos y servicios, "de lo que se deduciría que tampoco tienen conocimiento ni experiencia en dicha materia". 

"Es (muy) relevante señalar que en nuestro país rige una economía de mercado, de modo que (...) la pericial que, al respecto del valor de los materiales, se pueda practicar (...), únicamente pondrá de manifiesto si el precio abonado por nuestro representado es caro, medio, o barato, en la comparativa con otros proveedores o conforme al criterio del mismo, lo cual resultaría completamente intrascendente desde la óptica penal", indica el escrito de los abogados de Podemos.

El partido considera que "no hay ni un solo indicio de uso distinto del pago de los servicios", por lo que "se debe abocar al archivo de las actuaciones por inexistencia de delito". 

El 'peritaje' de Podemos

Podemos incluye en su escrito un estudio de mercado sobre campañas semejantes encargadas por Administraciones Públicas de todo signo político para ilustrar el rango de precios que existe en el mercado. Las conclusiones de su estudio son que el precio medio de los contratos analizados por, entre otras administraciones, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Agricultura y el Patronato de Turismo de Córdoba, asciende a 37.418 euros por vídeo, "sensiblemente superior al teóricamente calculado de 6.250 euros por cada video del contrato de Neurona". 

Así, por ejemplo, en el contrato del Instituto de Turismo de España, Turespaña, dentro de la Administración General del Estado, para una campaña de plan de marketing digital adjudicada en noviembre de 2019 y finalizada en diciembre de 2020, con un presupuesto de 666.666 euros, se pagaron 5.291 euros por cada minuto de vídeo. 

En el plan de comunicación con publicidad contratado por el Ministerio de Agricultura en un pliego de 600.413 euros, "resultaría un precio por vídeo de 30.020 euros. Si atendemos a los minutos de vídeo totales (55), el precio resultaría 10.916 euros por minuto", consta en el informe de Podemos. 

En el contrato de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid para la realización en 2019 de una obra audiovisual promocional, de la que se encargó la cineasta Gracia Querejeta, se ofertó un presupuesto de 144.274, 20 euros por siete días de trabajo. El anuncio, de cinco minutos, alcanzó la cifra de 28.854 euros por cada minuto, según los cálculos de Podemos. 

En sus conclusiones, el partido indica sobre la media docena de trabajos analizados en el sector público que "el precio medio por minuto de vídeo en los contratos analizados asciende a 9.706 euros por minuto, completamente asimilable al de 8.333 euros calculado para el contrato de Neurona". Hay que recordar que el contrato con la consultora mexicana ascendió a 363.000 euros y que los trabajos incluyeron la realización de vídeos, segmentación de redes sociales, incluso la elaboración del logo de la coalición electoral y que dicho dinero fue sufragado con fondos del propio partido.

Advierte Podemos que en la elaboración del informe se ha centrado únicamente en la realización de vídeos y se ha obviado "una parte muy importante" del contrato suscrito con Neurona, como es la realización de "los diferentes diseños de web, banners, carpetas, tarjetas, carteles electorales, etc., incluyendo la colaboración y asesoramiento en la identidad gráfica de la campaña, así como la propia creación de la marca de la coalición electoral 'Unidas Podemos' (que comprende todo el proceso de diseño de marca)".