Cuando en la Comisión de Investigación sobre la actuación policial durante el gobierno de Mariano Rajoy la dirigente de Podemos Irene Montero preguntó al entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, qué números de agente le daría al juez que quisiera investigar, el número dos de la Policía no supo qué contestar. Fue en la primavera de 2017 y ya se habían publicado los viajes de comisario José Villarejo a Venezuela y Miami para buscar trapos sucios de Podemos. 

Pocos meses después, en noviembre, el comisario Villarejo y otro miembro de la 'brigada política' que también había ayudado en el presunto espionaje a la formación morada, el comisario Carlos Salamanca, eran detenidos y enviados a prisión acusados de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. 

Según el acta de registro que consta en el sumario, en uno de los inmuebles de Villarejo se encontró una copia del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y el contenido del teléfono robado a quien era la asistente personal de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, y pasaron a formar parte de la pieza 10, conocida como DINA. 

Diligencias negadas a Iglesias y Boulsenham

Según consta en un informe policial del mes de abril al que ha tenido acceso Público, el grupo de Asuntos Internos que realiza la investigación informa al juez que "en relación al informe 'PISA' se desconoce el objeto del mismo, si bien a través de fuentes abiertas se ha localizado información que lo vincula con un supuesto informe sobre la también supuesta financiación irregular del partido político PODEMOS, motivo por el que se ha efectuado una recopilación de aquella documentación localizada hasta el momento que hace referencia a dichos extremos, todo lo cual ha sido grabado en un cuarto DVD".

Ese cuarto DVD se adjuntaba a la pieza 10, conocida como DINA y toda vez que “tiene relación con la supuesta financiación irregular del partido político "Podemos" cuya investigación se está llevando a cabo en la pieza numero 10 dimanante de las presente actuaciones”.

Sin embargo, cuando en el mes de mayo los representantes legales de los dirigentes de Podemos solicitaron una serie de diligencias para conectar en robo del móvil con la elaboración del informe, el juez denegó las mismas alegando que el informe PISA y la financiación de Podemos no eran objeto de investigación en la pieza 10, donde ellos están personados. 

Pablo Iglesias, Irene Montero y Dina Bousselham junto con el europarlamentario, Jean-Luc Mélenchon y su equipo. La foto es del 6 de octubre de 2015, realizada en Bruselas. Un mes después alguien robaba el móvil de la colaboradora del dirigente de Podemos y llegaban los datos de la cuenta del entonces diputado europeo a la "brigada política", dirigida por Eugenio Pino y su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago.

Esta contradicción del juez Manuel García Castellón es la que ha llevado a Podemos a solicitar que se aclare el embrollo y se incluya en la pieza principal el conocido informe PISA, para saber de qué versión se trata y si hay documentación sobre cómo se elaboró, debido a que ya están acreditadas las reuniones del exjefe de gabinete del número dos de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, y una inspectora de nombre Silvia que viajaron a Nueva York para entrevistarse con el ex ministro venezolano, Rafael Isea, a quien le prometían determinados beneficios si contaba cosas sobre la formación morada sin importarle si eran ciertas o no. 

Los datos del móvil incluidos en el informe PISA

Una de las diligencias que el juez denegó a Podemos, a pesar de estar a favor la Fiscalía, era el posicionamiento del teléfono móvil desde que fue robado el 1 de noviembre de 2015 en un centro comercial de Madrid y la apertura para extraer los datos de la tarjeta. 

Como desveló Público, Podemos pidió rastrear el móvil del espionaje a Iglesias desde el robo a la exclusiva de Eduardo Inda después de que el tertuliano confirmara a este diario que el informe se lo había facilitado fuentes policiales al menos dos meses antes de que empezara a publicar en el mes de enero de 2016, es decir, días después de que se produjera el robo del móvil en 2015. 

En esa primera versión constaban datos de la cuenta bancaria en Bruselas que estaban en el móvil de la asistente de Iglesias y que desaparecieron de la versión enviada por la UDEF al Tribunal de Cuentas, después de que se hubieran publicado. 

Podemos vuelve a solicitar esta diligencia y también respecto de la difusión del “Informe Pablo Iglesias SA” que la Dirección General de Policía "aporte el expediente completo, cualquiera que sea su denominación técnica o policial, que se halle en cualquier de sus dependencias u órganos, que recoja las investigaciones conocidas popularmente como Informe Pablo Iglesias SA";  a la Secretaría de Estado de Interior para que "aporten relación detallada de los viajes realizados al extranjero por el Inspector José Ángel Fuentes Gago en el ejercicio de su cargo durante los años 2015 y 2016 indicando si los mismos y sus destinos lo eran en su calidad de Agregado de Interior en la Embajada de España en los Países Bajos u otra función" y también la del inspector "Bonifacio Díaz Sevillano durante los años 2015 y 2016" y José Manuel GArcía Catalán. 

También que el digital Moncloa.com entregue los archivos brutos completos de las grabaciones publicadas en sus noticias de 03 y 04 de abril de 2019 con audios de los viajes para conseguir información que vinculara la financiación de Podemos con el régimen venezolano; a La Vanguardia para que entregue los originales completos de las Notas Informativas a que hace referencia en su noticia de 07/04/2019 titulada “La Policía atribuyó al régimen de Chávez la fundación de Podemos. Interior utilizó a la UDEF en el intento fallido de judicializar la investigación.”

Respecto de la difusión del presunto pago en Islas Granadinas a Pablo Iglesias se solicita que la Policía "aporte el expediente completo, cualquiera que sea su denominación técnica o policial, con las investigaciones referidas al presunto pago a D. Pablo Iglesias por parte del Gobierno de Venezuela en el banco EuroPacific Bank de San Vicente y las Granadinas por orden del Gobierno de Venezuela", así como el expediente completo de Carlos Alberto Arias, venezolano que pudo participar en el montaje contra el secretario general de Podemos.