Casi tres meses después del golpe contra el gobierno de Pedro Castillo y la irrupción del gobierno de facto de Dina Boluarte, la crisis en Perú está lejos de controlarse. Según el último reporte diario de la Defensoría del Pueblo, fechada a miércoles, hasta ahora han muerto 56 civiles a manos de la policía, y el número de heridos asciende a un total de 979 personas.

Es decir, Boluarte, que, tras el encarcelamiento de Castillo, asumió la presidencia de Perú el pasado 7 de diciembre, acumula más muertos que días de gobierno de facto. En cualquier caso estas son cifras oficiales, y por tanto hay que cogerlas con pinzas, el número de víctimas seguramente sea mucho mayor.

Boluarte ratificó su apoyo a las Fuerzas Armadas en una conferencia dirigida a la Asociación de Prensa Extranjera este martes.

Hay pruebas de que la policía y las fuerzas armadas han disparado directamente a ciudadanos, algo que el Gobierno de Boluarte sigue negando. Pues bien, por acciones como esta, el primer ministro Alberto Otárola, ha considerado que los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas merecen recibir una compensación económica y repartirá un bono, (es decir una paga extra), por su "gran trabajo controlando las protestas".

En su discurso ante la Asociación de Prensa extranjera, Boluarte se refirió también a los ciudadanos de las regiones de Puno y Apurímac, donde se han registrado el mayor número de víctimas a causa de la represión policial, entre ellos menores de edad.

En su discurso, Boluarte señaló además que estas protestas fueron generadas por un grupo de personas radicales que se dedican al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Desde que comenzó la crisis, ha habido pronunciamientos de numerosos gobiernos regionales, como el de Apurímac, Cusco o Puno, de algunos colegios de profesionales, como el de abogados o profesores, y de organizaciones indígenas y sindicales. En términos generales todos ellos coinciden en cuatro puntos:

1. El apoyo y solidaridad con las legítimas protestas y la condena a la represión policial. Algo que ha sido ya denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y varios países de la región.

2. La exigencia de la renuncia de Boluarte y el adelanto electoral a 2023. Esta demanda está alineada con el sentir popular, según sondeo de CID-Gallup, el 83% de los peruanos no se siente representado por ella y el 63% quiere un adelanto electoral.

3. El cambio de la mesa directiva del Congreso para formar un gobierno de transición temporal y excepcional.

4. La convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución para Perú.

Según los sondeos de opinión realizados en los últimos años, la Constitución fujimorista estaría obsoleta. Desde hace dos años, cada vez que se les pregunta, prácticamente el 80% de los peruanos han manifestado que desean que se hagan cambios en la actual constitución o que, directamente, se cambie a una nueva Constitución.

De hecho, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos casi el 70% de los encuestados estarían a favor de que se convocara una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Esta encuesta es de este mismo mes de enero y contrasta con la respuesta que dieron los peruanos a esta misma pregunta hace menos de un año, en mayo de 2022, cuando menos de la mitad de los peruanos se decantaban a favor de iniciar un proceso constituyente.

Y esto a pesar de que esa misma derecha peruana que se resiste a la apertura de un proceso constituyente, ya está cambiando la Constitución. Tal y como ha denunciado la comunicadora política peruana Laura Arroyo, con quien contamos aquí en la mesa, el Congreso de los Diputados (que recordemos cuenta con un 9% de aprobación), está intentando cambiar 50 artículos de la Constitución de espaldas a la ciudadanía. Es decir, que de facto ya hay una Asamblea Constituyente, pero ésta está en el Congreso de los Diputados.

Cómo siempre puede haber bien un suturación de la crisis por arriba, desde las élites, o por abajo, si se consigue traducir el descontento popular en organización política para articular un proceso Constituyente. Sin embargo, a pesar de la desaprobación popular, a pesar de las renuncias que se acumulan dentro de su equipo ministerial (desde que Boluarte ocupa la presidencia del país seis ministros han presentado su dimisión), a pesar de las críticas internacionales, Boluarte se aferra al cargo y planea quedarse hasta 2024.

Una vía intermedia entre el cierre autoritario del actual gobierno y la apertura de un proceso constituyente ciudadano sería una renuncia voluntaria de Boluarte y de la mesa directiva del Parlamento, que se configurase una especie de gobierno transicional provisional con representantes de todas las fuerzas políticas y que después se convocasen unas elecciones con garantías democráticas y observadores internacionales.