El adiós ya está escrito. La bienvenida, también. Este jueves, los últimos militares españoles presentes en Afganistán abandonarán definitivamente ese país y regresarán a Madrid, donde les recibirán en un acto oficial presidido por el rey Felipe VI. Terminan así casi 20 años de participación en una guerra abierta por el Gobierno de George Bush tras los atentados contra las Torres Gemelas y que se enmarcó bajo el genérico concepto de "guerra global contra el terrorismo". España formó parte de ella, lo que dejó un saldo de 102 militares muertos y 3.500 millones de euros en recursos destinados a tal misión. 

A las puertas de ese regreso, resulta difícil encontrar voces de soldados dispuestas a hablar sobre lo ocurrido durante estos años. "Las órdenes que se dan para evitar que se de información fuera de los cauces del conducto reglamentario han sido continuas y amenazantes", explica Jorge Bravo, portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME)". En tal sentido, indica que "relevo tras relevo los componentes de cada uno de estos tienen las órdenes claras y asumidas de no dar información". El silencio es total.

El primer contingente español llegó a Afganistán en enero de 2002, cuatro meses después de los atentados de las Torres de Gemelas y de la consiguiente declaración de guerra por parte de George Bush contra el "terrorismo global". En un apartado de su página web dedicado a la misión en ese país, el ministerio que ahora dirige Margarita Robles señala que "desde el primer momento, España se involucró junto a sus aliados en la pacificación y reconstrucción de Afganistán". "Una operación en la que nuestras Fuerzas Armadas han realizado 28.000 patrullas, recorrido tres millones de kilómetros y efectuado más de 1.400 misiones de desactivación de explosivos", sostiene.

El ministerio explica que la misión española "ha ido adaptándose a lo largo de los años". En sus inicios velaban por la seguridad de la capital, Kabul, y posteriormente, extendieron su presencia por todo el territorio para acabar con la insurgencia, formar a las Fuerzas de Seguridad Afganas y apoyar a la reconstrucción de las infraestructuras provinciales", señala.

Desde 2014, las tropas españolas desplegadas allí forman parte de la misión "Resolute Support" (Apoyo Decidido), cuyo objetivo sería "asistir, entrenar y asesorar a las instituciones afganas", una tarea en la que se implicaron "alrededor de 13.000 militares de 42 países". España aportó en ese momento 420 efectivos; ahora quedan 42, que serán los que regresarán este jueves a Madrid. En total, la misión española en territorio afgano movilizó durante estas dos décadas a 27.000 militares. En términos económicos, el Ejército estimó en 2015 que "el coste material para España de su participación en esta guerra ha sido de más de 3.500 millones de euros".

"España asumió un menor riesgo que otros países de la OTAN, al recurrir a las limitaciones autoimpuestas que permite la Alianza, y acordó el despliegue en un lugar concreto de menor peligro que otras provincias y la no involucración en operaciones de combate. Eso no significa que no se hayan asumido riesgos importantes, que los despliegues no hayan sido significativos o que no haya habido enfrentamientos armados y muertes, tanto entre los soldados españoles como entre la población afgana", explica Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y autor de distintos informes sobre la evolución de la misión española en Afganistán.

Hace unas semanas, el Gobierno de Joe Biden anunció que las tropas de EEUU que aún quedan en ese país darán el adiós definitivo el próximo 11 de septiembre, coincidiendo con el aniversario de los atentados de las Torres Gemelas. EEUU tiene desplegados a día de hoy a más de 3.000 efectivos.

En vísperas del regreso definitivo de las tropas a España, Pozo sostiene que !el objetivo que explica la participación de la misión se ha cumplido: echar un cable a EEUU. Aunque no fue el único, ese fue el objetivo más importante de España –también de otros países– y hay algo que lo prueba: el mismo día en el que EEUU anunció que se retiraba, otros países también lo hicieron".

Del dolor al silencio

Al exsoldado Roberto –se trata de un nombre ficticio, ya que prefiere guardar su identidad precisamente por temor a una caza de brujas en el Ejército– se le acumulan hoy los recuerdos. Por su cabeza no pasan precisamente imágenes heroicas, sino el rostro de un amigo de la niñez. Se llamaba José Bernardino, era sargento del Ejército y formó parte de uno de los contingentes enviados por España a Afganistán. Bernardino murió en el accidente del helicóptero Cougar registrado el 16 de agosto de 2005 cerca de la localidad de Herat, donde se encontraba la base española. Tenía una hija de siete años.

La versión oficial indicó que el helicóptero se desplomó por un "golpe de aire", algo que nunca acabó de convencer a familiares y compañeros de las víctimas. "¿Un golpe de aire en un vuelo táctico? Detrás venía otro helicóptero nuestro, y desde allí vieron que les lanzaban un misil", afirma Roberto. "Es vergonzoso que después de 15 años –subraya–, las familias no sepan lo que pasó allí". 

Afganistán también es sinónimo de Yak-42, el avión que se estrelló en mayo de de 2003 sobre suelo turco con 75 personas a bordo. Murieron 62 militares españoles junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso, lo que le convirtió en el mayor accidente aéreo en la historia de las Fuerzas Armadas españolas. La investigación posterior estuvo plagada de irregularidades, secretos y hasta falsificaciones. De hecho, hubo dos comandantes sanitarios condenados a penas de prisión por falsear las identidades de los fallecidos, pero todo acabó con un indulto decretado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. 

En mayo de 2017, 14 años después de aquella tragedia, el ministerio de Defensa que entonces dirigía María Dolores de Cospedal reconoció la responsabilidad del Estado por permitir que se empleara ese avión: "Han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", admitió la ministra.

Con esos datos en la memoria, el portavoz de AUME subraya que "el desgraciado y evitable accidente del YAK- 42 mostró muchas cosas a la sociedad por parte de unos mandos de las Fuerzas Armadas y de una parte de la clase política que carecían del más mínimo sentido de la responsabilidad, del respeto y de la humanidad".

"Sin responsabilidad"

En ese contexto, AUME también exigió que hubiese justicia tanto en este caso como en el accidente del Cougar, que acabó archivado por un tribunal militar "sin responsabilidad penal alguna". En 2017 se conoció que el ministro socialista de Defensa, José Bono, había ocultado a los familiares de las víctimas del helicóptero una parte sustancial del informe elaborado por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), según publicó en febrero de ese año el diario ABC.

El secretismo también afectó a los soldados que estaban en aquel país cuando se produjo la caída del Cougar. "Lo primero que hizo la cadena de mando fue romper las comunicaciones con España: no podíamos contar nada", afirma el exsoldado Roberto. "Nos decían que ya se ponían ellos en contacto con las familias para decirles cómo estábamos –continúa–. Pero ya no solo con el accidente del Cougar, sino también en otros casos que me tocó vivir: hasta que no tienen todo atado, no dicen nada".