La política catalana –y por extensión la española– tienen en estos momentos dos grandes espadas de Damocles sobre su cabeza. Por una parte si habrá investidura de Salvador Illa o repetición electoral, y por otra parte si un retorno del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, con una posible detención y encarcelamiento puede hacer saltar por los aires todas las fichas del tablero.

La primera opción está en manos de la negociación que llevan a cargo las delegaciones del PSC y Esquerra, y que tendrán que ratificar las bases republicanas si se llega a un preacuerdo. Pero por lo que respecta a Puigdemont, el rechazo del juez del tribunal Supremo, Pablo Llarena, a aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación deja al líder de Junts en una situación de alta peligrosidad jurídica. Lo cual sume en la más profunda incógnita lo que pueda acabar pasando con su retorno, a pesar de que Puigdemont mantiene públicamente su intención de regresar si hay investidura.

Su situación jurídica, de momento fuera del perímetro de la amnistía, incrementa la peligrosidad para Puigdemont no solo en caso de pisar suelo del Estado español, sino también en caso de una reactivación de la euroorden de detención, dado que con la constitución del nuevo Parlamento Europeo de este martes, el dirigente de Junts ha perdido definitivamente la inmunidad europea.

El compromiso electoral de retorno

Puigdemont dejó muy claro en su discurso de presentación a las elecciones del 12 de mayo, sin ningún lugar a dudas, su compromiso de regresar este verano a Catalunya, incluso asumiendo todas las consecuencias: "Si soy candidato a la investidura, dejaré el exilio definitivamente para asistir al pleno del Parlament y pedir la confianza de la cámara. Se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la ley de amnistía, pero si adoptan una actitud de rebeldía e insumisión y se niegan a cumplir la ley, asistiré igualmente al pleno del Parlament si tengo la mayoría para ser investido".

Posteriormente, en campaña electoral, amplio el compromiso a estar presente en cualquiera de las investiduras que se celebren en el Parlament. Bien sea la suya –opción que mantiene viva– o la del socialista Illa. Y hay que decir que, como si de una predicción se tratara, se puede decir que los jueces del Supremo ha adoptado "una actitud de rebeldía e insumisión y se niegan a cumplir la ley". Y ahora le toca decidir a Puigdemont si cumple o no el compromiso de retorno sin la protección de la amnistía.

¿Cuál es ahora pues el futuro de Puigdemont? El expresident ha mantenido públicamente vivo, hasta ahora, su compromiso de regreso si hay investidura. Pero fuentes próximas al dirigente de Junts no niegan que el rechazo a aplicar la amnistía ha sido "un jarro de agua fría" que hace replantear "los planes iniciales de retorno". Aunque estas mismas fuentes aseguran que Puigdemont mantiene intacta su intención de regresar, eso sí también admiten que "la situación es delicada, más de lo que se podía prever, a pesar de que ya estamos acostumbrados a las decisiones injustificables de los jueces españoles que se basan más en la venganza que en la aplicación de la ley".

De momento, los asesores jurídicos de Puigdemont mantienen la opción de un retorno a Catalunya del expresident sin peligro de detención con la aplicación de la ley de amnistía. Y para ello fían la estrategia jurídica al recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo, que los abogados interpondrán frente al Tribunal Constitucional. Con la confianza de que el TC no solo dictamine a favor de Puigdemont y obligue al Supremo a aplicar la amnistía, sino que lo haga antes de que expire el plazo para una investidura que finaliza el 26 de agosto.

El Constitucional se puede hacer esperar

Pero fuentes jurídicas de Esquerra, que también interpondrán recurso de amparo al Constitucional contra el rechazo a aplicar la amnistía a Oriol Junqueras o a Raül Romeva i Dolors Bassa, apuntan a que la resolución del caso podría ser más lenta de lo previsible. Según estas fuentes, primero se deberá esperar a la resolución del recurso en el propio Tribunal Supremo. Y una vez interpuesto el recurso de amparo frente al TC, el alto tribunal podría demorar la resolución.

Algunos juristas indican que no sería descabellado que la resolución del recurso pudiera ir en paralelo a la sentencia que deberá emitir el propio Constitucional una vez el PP presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Según esta lógica el TC evitaría pronunciarse en un recurso que daría lugar a poder presuponer las bases de su sentencia posterior, por lo que podría acompasar las dos cosas. Resulta difícil poner fechas a las resoluciones judiciales pero los juristas apuntan a, al menos, un año de espera.

Frente a este escenario, a Puigdemont le queda una peligrosa espera en caso de reactivación de la euroorden por parte del juez Llarena. Y por supuesto si regresa a Catalunya, como se ha comprometido, puede ser detenido y encarcelado. Esta última opción se da por descontada y el propio abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, la da por hecha y asegura en una entrevista al diario Vilaweb que la prisión preventiva "podría durar cuatro años: dos años prorrogables por dos". Y carga contra el juez Llarena por mantener abierta esta vía: "Sostener una detención en el caso de un hecho que entra en el ámbito objetivo de la amnistía es grave. Sostener la cárcel en base a este mismo hecho es mucho más grave; y mantenerlo en prisión ya es decir me importa tres pimientos el estado de derecho".

Perdida de la inmunidad y reactivación de la euroorden

La segunda opción, renunciar al retorno a Catalunya hasta que el Constitucional dictamine sobre el recurso de amparo, le daría más seguridad a Puigdemont, aunque sin estar exento de peligro ni mucho menos. Esta posibilidad tiene una derivada política por la decepción que podría generar entre los seguidores de Junts que no vuelva, dado que supone incumplir el compromiso explicitado para su regreso en caso de investidura. Pero también tiene una variante jurídica, ya que con la constitución del nuevo Parlamento Europeo en Estrasburgo, que este martes ha reelegido a Roberta Metsola como presidenta de la cámara, decae totalmente la inmunidad europea que había neutralizado hasta ahora las euroórdenes del juez Llarena contra el expresident de la Generalitat.

A Puigdemont ya le fue aplicado un suplicatoria aprobado por el Parlamento Europeo, pero los diferentes recursos judiciales presentados le han permitido mantener la inmunidad. Y el juez Llarena desistió finalmente de emitir nuevas euroórdenes a la espera de la resolución definitiva de los tribunales europeos sobre el caso. Desde este martes, Puigdemont ya no tiene ningún vínculo con el Parlamento Europeo y la resolución judicial sobre su inmunidad tendrá interés para la jurisprudencia pero no tendrá efectos prácticos sobre el dirigente de Junts.

Aunque Puigdemont es ahora diputado del Parlament, la cobertura en Europa de un cargo u otro resulta muy diferente. Con lo que el juez Llarena podría activar en cualquier momento la euroorden de detención y entrega, que ahora sería por malversación. Un delito más propicio, para la aceptación de los tribunales del resto de países de la Unión Europea, que los de rebelión primero, y sedición después, que han protagonizado las peticiones anteriores. Hay que recordar que Alemania puso a disposición del Tribunal Supremo a Puigdemont por malversación, pero Llarena rechazó el ofrecimiento ya que quería imputar el delito de rebelión, cosa que la justicia alemana no admitió.

Fuentes del equipo jurídico del expresident aseguran mostrarse tranquilos por lo que respecta a Europa. "Llevamos casi siete años lidiando con tribunales diversos en toda Europa que siempre nos han dado la razón", recuerdan. Y apuntan que la entrega de Puigdemont, justo en un momento en que se produce un proceso de amnistía que algunos jueces rechazan aplicar, no será un proceso ni rápido ni fácil para Llarena. Con todo, sobrevuela la idea de que la total libertad de movimientos que ha mantenido hasta ahora Puigdemont en toda Europa se puede ver reducida, ya que cada país tiene una tradición jurídica diferente, una visión diferente del independentismo y una relación con los derechos fundamentales más o menos sólida.

Retorno a Waterloo desde la Catalunya Nord

En este sentido, Puigdemont ha recuperado su residencia de Waterloo en Bélgica –después de una temporada afincado en la Catalunya Nord, en territorio francés–, dado que los tribunales belgas son mucho más garantistas que los de otros países de la UE. A pesar de ello, fuentes de Junts aseguran que Puigdemont continuará saliendo de Bélgica y ya preparan un acto en la Catalunya Nord para el 27 de julio. Una jornada que podría poner a prueba la voluntad de Llarena de reactivar la euroorden aprovechando la estancia en suelo francés.

Sea en territorio europeo por la vía de la euroorden, o por la de la detención en suelo del Estado español si regresa a Catalunya, la detención de Puigdemont generará un terremoto político. Y su equipo jurídico está preparado con "una batería de medidas", asegura el abogado Gonzalo Boye. Medidas jurídicas que entre otras cosas perseguirán acelerar al máximo la resolución del recurso de amparo frente al Tribunal Constitucional. "Hoy en día como jurista lo único que sé es que hay una orden de busca y captura e ingreso en prisión contra él. Mi deber consiste en informar a mi defendido de las consecuencias de la orden en vigor. Cómo encarar esta orden desde el punto de vista jurídico me corresponde a mí; el resto, no", asegura Boye.

Los otros exiliados asumen que el regreso tardará

Con este peligroso escenario de futuro, fuentes próximas a Puigdemont aseguran que el expresident mantiene firme "su determinación de volver a Catalunya si hay investidura este mes de agosto". Pero en su entorno se ha enfriado mucho la idea de que la amnistía permitiría regresar sin problemas este verano. El propio eurodiputado, Toni Comín, también acusado de malversación y con la amnistía rechazada, aseguraba hace un par de meses que "volveremos todos juntos, seguramente a finales de agosto". Y ahora en cambio plantea que "la decisión del Supremo de no aplicarnos la amnistía va a hacer que mi exilio se alargue". Y también el tercer miembro de Junts exiliado en Bélgica, el diputado Lluís Puig, confirma en medio de "una gran decepción" que esperará a la resolución del Constitucional.

Para Comín, que todavía no ha podido recoger el acta de eurodiputado al no ser reconocido por la Junta Electoral y a la espera de sus recursos judiciales: "Cada situación personal y política es diferente y en función de ello cada uno tomará sus decisiones". Sobre el caso de Puigdemont, Comín cree que la detención es probable: "No se puede dar por hecho que cuando vuelva el president a Catalunya habrá una orden de detención, pero es probable, no es un escenario descartado". "Él ha sido muy claro diciendo que volverá igualmente y Rull –el president del Parlament– dice que protegerá la inviolabilidad parlamentaria. Y yo, en mi caso, ya lo veré, porque después de la decisión de Llarena...", remata.

¿Una gran movilización popular para evitar la detención?

En cualquier caso, no toda la estrategia del retorno de Puigdemont se limita al campo jurídico. Algunas informaciones apuntan a que, en caso de retorno del expresident de la Generalitat, se estaría preparando una gran movilización que acompañe y cubra al dirigente de Junts hasta el Parlament evitando o dificultando su detención. El propio Boye lo plantea: "Los catalanes son un pueblo movilizado y que ha demostrado que si se debe poner firme, se pone firme". Este operativo se habría discutido en la reciente reunión celebrada en Waterloo con representantes de Junts, ERC, la CUP, la ANC y Òmnium. Aunque ninguno de los asistentes ha confirmado este asunto y se limitan a decir que se trataba de un encuentro para "la coordinación de los planteamientos jurídicos contra los jueces que se niegan a aplicar la amnistía”.

Quién también da crédito a esta posibilidad es el propio president del Parlament y dirigente de Junts, Josep Rull: "No permitiré que ni Puigdemont ni ningún otro diputado o diputada sean detenidos dentro del Parlament. Es el templo de la democracia donde está representada la soberanía popular de Catalunya y no se puede permitir una detención". "Primero me tendrán que detener a mí", asegura. En cualquier caso, para que se de esta situación deberán pasar tres cosas: Que se convoque una sesión de investidura que está por ver si se dará. Que Puigdemont cumpla su compromiso de retorno a Catalunya después de siete años de exilio. Y que pueda llegar al Parlament sin ser detenido antes. Todo está en el aire y este verano será tórrido, tanto en lo político como en lo meteorológico.