MADRID.- Han sido 15 minutos pero las cartas se han puesto sobre la mesa. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha ratificado a través de la abogacía del Estado de la querella por injurias y calumnias contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Nunca ha sido un charlie y, al menos en este caso, no se ha cometido ningún acto ilegal. Es más, tan claro tiene que Nicolás no podrá probar nada, “porque no lo hay” aseguran fuentes del CNI, que esta es la primera vez que los espías se querellan contra un ciudadano por injurias y calumnias.

El presunto estafador, ahora dice que aspirante a senador aunque no tiene aún los avales para presentarse, también se ha mantenido en sus trece de demostrar que colaboraba con los espías españoles y que estos han cometido una ilegalidad al intervenirle el teléfono durante dos meses sin autorización judicial.

Sólo ha querido responder a las preguntas de su abogado y no ha querido soltar palabra ni a la fiscalía, ni a la abogacía del Estado ni al juez. “Con un speech bien preparado ─aseguran a Público fuentes del caso─ ha repetido lo que viene diciendo en cada programa de televisión al que ha ido: que presentará la grabación entre el ex comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, cuatro de sus agentes y dos miembros del CNI como prueba a su favor”.

Sus pruebas

Los hechos que ya investiga el juzgado de instrucción número 43 al margen de las afirmaciones hechas en televisión de ser un charlie que colabora con los servicios secretos, se centran en dos repuestas dadas a los periodistas Eduardo Inda y Estaban Urrieztieta en una entrevista para el diario El Mundo. El pequeño Nicolás les asegura: “mi teléfono fue pinchado por el CNI ilegalmente durante dos meses” y ante la pregunta “¿le consta que el CNI pinche teléfonos de forma ilegal?", la respuesta del presunto estafador es “sí”.

Fuentes oficiales del Centro Nacional de Inteligencia explican a Público que “esa afirmación es muy grave. No se puede permitir que se digan ese tipo de mentiras sin que defendamos nuestro buen nombre, aprovechándose de que tenemos que ser una institución discreta”.

En este caso, además, las pruebas que constan en el sumario del caso Nicolay corroboran, según las fuentes consultadas, que las afirmaciones del imputado no son ciertas.
Esta grabación ya está siendo investigada en el caso que instruye el juzgado de instrucción número 2, que dirige Arturo Zamarriego, y según la transcripción hecha por la policía y que consta en el sumario, en ella lo que se deja en evidencia es que un juez del Tribunal Supremo tenía autorizada al CNI esta intervención. De hecho, se escucha como el comisario le dice a su compañero “pídele a tu juez que amplíe”.

Además, según el pequeño Nicolás, está grabación demostraría que se han cometido otras ilegalidades en su caso. Asegura que investigadores y espías dicen que hay que “lavar” su teléfono móvil. Pero los peritos de acústica de la Policía Científica aseguran que lo que dice es que hay que “dar” el teléfono para que sea analizado.

Los expertos en seguridad consultados entienden esta frase como que “el teléfono de Nicolás estaba monitorizado, es decir, se podía posicionar y conocer su localización, si se encuentra en una calle o en otra. Pero esto no es lo mismo que tener pinchado el teléfono”. Por eso estas fuentes entienden que el destituido comisario de Asuntos Internos, actualmente reincorporado a la investigación por orden judicial, “le puede estar pidiendo a su colega del CNI que le pida a su juez del Tribunal Supremo que amplíe la monitorización a una escucha, que es algo que puede plantearse perfectamente en una investigación sin que sea un delito. Además, esto también significaría que Nicolás no era el sujeto relevante de la investigación abierta en el Tribunal Supremo”.

Esta información coincide con la desvelada por Público en enero, en la que aseguramos que el Tribunal Supremo tenía abierta una investigación centrada en las personas con las que las que Francisco Nicolás se relacionaba y con las que el pequeño se cruzó en el camino.

Otoño judicial

Este otoño no va a ser precisamente un camino de rosas. El juez del número 43 tiene que decidir si amplia la querella contra Francisco Nicolás, tal y como le solicitó el CNI, o si se abre un nuevo procedimiento contra él al reiterarse en sus afirmaciones en diferentes intervenciones en los medios de comunicación.

Pero sobre todo está pendiente de declarar también en el caso que originó su detención, la Operación NIcolay, que ya tiene abiertas dos piezas separadas al margen del caso principal. La primera es sobre sus negocios y relaciones con el empresario Arturo Fernández y la otra por revelación de secretos, en la que ya hay imputados varios policías municipales, nacionales y un guardia civil.