MADRID.- El primer acuerdo que adoptó el Congreso de los Diputados en la actual legislatura fue la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones presuntamente delictivas del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre los protagonistas del proceso soberanista en Catalunya. La decisión, impulsada por el grupo socialista a la que se sumaron ERC y PDCAT, tan solo contó con la oposición del grupo popular.

Dos meses y medio después de aquella votación la constitución de esta comisión de investigación parlamentaria sigue en el aire. En concreto, nadie en estos momentos está en condiciones de asegurar en qué momento echarán a andar los trabajos de investigación parlamentaria.

Tras su aprobación por el pleno la fecha de su constitución es una competencia exclusiva de la presidenta de la Cámara baja, la popular Ana Pastor, compañera de bancada del ex ministro Fernández Díaz. Y en los últimos días ha añadido una mayor incertidumbre sobre la fecha de arranque de los trabajos de esta comisión.

Pastor se ha dirigido a los distintos grupos parlamentarios para pedirles que se retrase la constitución de la comisión “hasta que Fernández Díaz se recupere de su reciente operación quirúrgica”, según han explicado a Público diversas fuentes parlamentarias conocedoras de este proceso.

El ex ministro fue operado el pasado día 24 de noviembre en la Clínica de la Universidad de Navarra “de una grave dolencia hepática de la que había estado siendo tratado en los últimos meses”, según informaron días después fuentes de su entorno familiar. De la intervención “se recupera satisfactoriamente”, agregaban las fuentes.

Un portavoz de la presidencia de la Cámara baja ha rechazado esa versión. “La decisión ha sido de los portavoces de los grupos parlamentario. La comisión se constituirá en cuanto lo pida cualquier grupo; lo que sucede es que ahora no interesa”, ha explicado a este periódico.

Hasta el momento los grupos parlamentarios habían acordado de forma implícita iniciar los trabajos de la comisión hasta después de las fiestas navideñas para que el “parón” en la actividad parlamentaria no interrumpiese sus tareas. No obstante, la petición de la presidenta, según las citadas fuentes, retrasa "sine die" el inicio de la comisión de investigación.

Ningún grupo parlamentario se ha opuesto frontalmente a los deseos de la presidenta, pero el grupo socialista mostró sus reticencias ya que “el estado de salud de Fernández Díaz no puede impedir los trabajos de una comisión de investigación. De hecho, su comparecencia no está prevista para las primeras reuniones de los comisionados”, sostienen en el grupo socialista.

La composición de la Mesa de la comisión de investigación que debe dirigir los trabajos de sus integrantes – dos por cada grupo parlamentario, aunque en las votaciones el peso es ponderado a su representación en el hemiciclo – todavía no ha sido acordada, según fuentes parlamentarias consultadas por este periódico. Esta circunstancia también está dificultando el arranque de la comisión.

La investigación parlamentaria sobre el ex ministro de Rajoy, la primera que se realizará sobre las actuaciones de un miembro del Gobierno en pleno ejercicio de sus funciones, surgió tras difundirse en Público a finales del pasado mes de junio de las grabaciones que mantuvo con el entonces director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, en las que se pergeñaban todo tipo de actuaciones presuntamente delictivas sobre protagonistas del proceso soberanista catalán.

Aquellas revelaciones realizadas por este periódico generaron un considerable escándalo político que supuso la destitución del director de la OAC y, a la postre, que el propio Fernández Díaz no forme parte del nuevo Gobierno que preside mariano Rajoy, con quien mantiene una relación de estrecha amistad.

Fernández Díaz ya fue reprobado por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 18 de octubre, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto el popular, por estos hechos como resultado de una iniciativa que no tiene precedentes en la cámara.

El ex ministro del Interior nunca se ha reconocido culpable de ninguna actuación reprobable y siempre ha atribuido aquellas grabaciones, realizadas en su propio despacho oficial del ministerio, a una “conspiración” contra su actividad política. Además, calificó de “manipulación” y “tergiversación” las grabaciones publicadas.

Desde la I Legislatura - de1979 a 1982 - hasta la actual, la XII, en el Congreso de los Diputados se han constituido un total de 17 comisiones de investigación. La primera de ellas arrancó en mayo de 1979 y versó sobre la situación del ente público Radio Televisión Española. La última en constituirse fue durante la VIII Legislatura (2004-2008) y trató sobre los atentados del 11 de marzo de 2004. En la V Legislatura (1993-1996) se crearon dos de las comisiones de investigación más polémicas: sobre los casos protagonizados por el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán y el ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio

La comparecencia de cualquier persona citada ante una comisión de investigación parlamentaria es obligatoria, según establece el artículo 76 de la Constitución, en concreto en su apartado segundo. También queda recogido en el artículo 52 del reglamento del Congreso de los Diputados. En el caso de no hacerlo el Código Penal establece en su artículo 502 que serán castigados como “reos del delito de desobediencia”. Y añade: “Si el reo fuera autoridad o funcionario público se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por el tiempo de seis meses a dos años”.