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El juez tenía previsto tomar declaración a Rato y la policía, un calabozo en una comisaría de Madrid
MADRID.- La seguían. Alguien estaba detrás de ella en la calle; lo sentía. Había quedado con una amiga a comer, pero esa extraña sensación de ser seguida persistía. A la salida del restaurante recibió una llamada telefónica: o abría el despacho de Rodrigo Rato o tiraban abajo la puerta. El exvicepresidente no tenía la llave… Y estaba detenido.
Este sueño irreal lo vivió Teresa Arellano, la eterna secretaria del exvicepresidente económico, el pasado 16 de abril. Poco antes, se había registrado la casa de Rato en Madrid ante las cámaras de televisión. Fue un registro filtrado y realizado a la vista de todos, como son secretas las entrañas de esta detención de consecuencias telúricas para el PP.
La orden de detención contra Rato fue autorizada por el juez de guardia, y fue una detención en toda regla solicitada por los fiscales del caso. Hasta el punto que la policía había previsto para el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional un calabozo en una comisaría céntrica de Madrid, según fuentes conocedoras de esta detención.
El juez de guardia, el de instrucción 35 de Madrid, tenía previsto tomar declaración a Rato cuando fuera trasladado detenido al juzgado. Pero no ocurrió así. Los mismos fiscales que le habían pedido la detención, horas después solicitaban su libertad. Y así lo acordó.
"Madrigal nunca hubiera avisado al Gobierno de lo que se avecinaba", sostienen fuentes conocedoras de la Fiscal General del Estado
Se llevaron las manos a la cabeza
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, se enteró la víspera de la operación, porque no había sido informado previamente aunque de puertas para afuera asegurara que llevaban “varios días” de investigación. Moix avisó a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, a la que comunicó "en términos genéricos" de la operación de entrada y registro en el domicilio y el despacho de Rato que se realizaría en las próximas horas, a la vista de que se había filtrado de que estaba siendo investigado y para evitar la destrucción de pruebas, según fuentes fiscales. La Fiscalía Anticorrupción no se enteró.
Consuelo Madrigal tiene un perfil técnico y es definida por los suyos como alguien respetuosa, que deja hacer su trabajo a las distintas fiscalías. “Ella no avisó a Gobierno, porque nunca lo hubiera hecho”, destaca una alta fuente fiscal.
Pero ni Moix ni el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, conocían que su subordinados habían pedido al juez la detención de Rato. Cuando vieron en directo la salida de Rato de su casa en dirección al despacho, escoltado, "se llevaron las manos a la cabeza por la desmesura, ya que la investigación se centraba en delitos fiscales", indican las mismas fuentes.
Montoro estaba informado
La sorpresa fue mayúscula entre las filas del Partido Popular. Pero no tanto entre algunos de sus dirigentes.
Toda la investigación la concentró Hacienda. El ministro de Hacienda es Cristóbal Montoro, hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien controla el Centro Nacional de Inteligencia.
La Agencia Tributaria había intentado dos meses antes que la Fiscalía Anticorrupción denunciara a Rato por delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes. En Anticorrupción se miden mucho los pasos e intentan siempre que sean analizados antes por la unidad de apoyo. Allí vieron el caso verde, pero los inspectores siguieron adelante y puentearon a esta fiscalía especializada para presentar su denuncia en la de Madrid.
Al recurrir a los agentes de Aduanas se evitó que se enterara el ministro del Interior, un rajoyista del G8
La incógnita
Es en ese puenteo donde está la clave y la incógnita de la detención de Rodrigo Rato. Un hombre que lo había sido todo en el PP, cuyos negocios eran conocidos por sus compañeros desde hacía tiempo y que aún mantenía contactos con otros exdirigentes del partido –las fuentes citan a Jaime Mayor Oreja o María San Gil-, para reflexionar sobre el rumbo que debía tomar el PP tras la debacle que se espera en las próximas elecciones a causa de la trama Gürtel o de los papeles de Luis Bárcenas, el extesorero.
Cristóbal Montoro era informado de los pasos que daban sus subordinados para cercar a Rato a través de Santiago Menéndez, el director general de la Agencia que maneja datos “de la repera patatera”, como dijo en el Congreso - y de quien depende el director de la inspección, Luis María Sánchez. Sánchez fue uno de los firmantes del escrito contra Rato enviado el día 15 de abril a la Fiscalía. La otra firmante es Margarita García Valdecasas, directora de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y hermana de la que fue ministra de Administraciones Públicas en la etapa de José María Aznar.
Eludieron al G8 rayojista
La concentración de la investigación sobre Rato en Hacienda alcanzó tal punto que la entrada y registro del domicilio y del despacho del exvicepresidente lo realizó el Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de Hacienda.
Al concentrarlo todo en Hacienda, se evitó que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se enterara de lo que se avecinaba a través de la policía... Y que éste alertara a Rafael Catalá, el ministro de Justicia.
Fernández Díaz pertenece a un grupo independiente de Sáenz de Santamaría. Es el G5, el grupo de los ministros rajoyistas, una camarilla de autoapoyo cuya existencia se visualizó a finales de 2014 cuando viajaron un fin de semana a Haro (La Rioja) para hablar de las elecciones europeas. El grupo inicial del G5 –formado por Fernández, Ana Pastor (Fomento), José Manuel Soria (Industria), Miguel Arias Cañete (ahora eurodiputado) y José Manuel García-Margallo (Exteriores)- , ha pasado a denominarse ahora como G8 gracias a la incorporación de Isabel García Tejerina (Agricultura), José Ignacio Wert (Educación) yCatalá (Justicia).
Montoro avanzó a Rajoy la investigación sobre Rato
Montoro calla, y no va a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar su papel en esta operación, en contra de lo solicitado por la oposición. En su lugar, esta semana envió a la Cámara Baja a Menéndez –conocido en la Agencia como Treméndez- quien a su vez es hermano de Rogelio Menéndez, hombre de confianza de Montoro y que figura como autor del argumentario interno que comparaba al PP con Cáritas para eximir de la tributación a este partido de donaciones ilegales.
Ahora bien, Montoro sí que avanzó a Mariano Rajoy de que Rodrigo Rato estaba entre los 705 investigados por Hacienda a raíz de la amnistía fiscal de 2012.
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