No hay problemas de Estado que impidan el divorcio de los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía. Sin embargo, sí lo había cuando el entonces todavía jefe de Estado planteó esa posibilidad, primero a Rubalcaba y luego a Mariano Rajoy. Ahora son libres para hacer con sus vidas lo que consideren pero, ante esta situación, es el padre del actual rey quien se niega a entregar parte de su fortuna a su esposa -que no compañera- de toda la vida.

Un patrimonio opaco y de origen incierto que Juan Carlos I no está dispuesto a compartir. Una fortuna investigada, aunque la Fiscalía cerró el proceso que ha permitido el regreso del emérito a España, en esta ocasión por escasos días y para participar en una regata en Sanxenxo.

Joaquín Urías, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, explica a Público que "desde su abdicación, el emérito no es jefe de estado y tiene libertad absoluta para hacer con su vida privada lo que quiera". En el decreto interno de Zarzuela, por expreso deseo de su hijo, se reconoce al matrimonio como familia real al ser los padres del actual monarca, "pero eso no les obliga a seguir casados", dice.

Un divorcio de "dos señores mayores"

En el mismo sentido habla también con nuestro medio el jurista y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. A su juicio, la separación legal de Juan Carlos y Sofía "no tendría ninguna relevancia. Sería un divorcio de dos señores mayores". Además, aclara que "ambos seguirían perteneciendo a la Casa Real, porque el decreto hace constar a Don Juan Carlos de Borbón y Doña Sofía".

El matrimonio de los reyes ha sido -y aún hoy es- una cuestión de Estado, que así se recoge en el apartado de la Constitución sobre este asunto tal y como se explica en la propia página web del Congreso. De ahí que, tradicionalmente, los políticos y constitucionalistas españoles hayan entendido que el pueblo, a través de sus representantes, debía tener alguna intervención en los matrimonios del rey y su sucesor, el príncipe heredero.

Los textos, desde la Constitución de Cádiz hasta la de Cánovas, ya contenían la previsión de que el rey y su descendencia requerían de la autorización de las Cortes para contraer matrimonio.

En la Constitución del 78 las cosas evolucionaron, aunque no tanto. De hecho, la idea de que el matrimonio regio es asunto de importancia singular sigue presente en el texto de la Carta Magna actual. Es cierto que ya no se requiere, como antes, el consentimiento de las Cortes para dichos matrimonios. Sin embargo, el artículo 57.4 de la Constitución, sí prevé las consecuencias de que una persona con derechos sucesorios en el trono se case contra la expresa prohibición del rey y las Cortes Generales: la exclusión en la sucesión para sí mismos y sus descendientes.

Volviendo a los hechos actuales y al caso concreto de los eméritos, en el supuesto de que tomaran la decisión de divorciarse, si uno de los dos tuviera una nueva pareja "esta no tendría nada que ver con la Casa ni la familia real", según explica Martín Pallín, que no encuentra ninguna trascendencia política ni constitucional "a una decisión privada de quienes ya no ostentan cargo alguno en el Estado".

A los expertos con los que ha hablado Público no se les pasa por alto que hay, desde el punto de vista jurídico, un aspecto muy interesante: "Si están casados en régimen de gananciales, el señor Borbón va a tener que compartir parte de su fortuna", reflexiona el magistrado emérito del Supremo. Y así fue, efectivamente, el régimen matrimonial que los eméritos eligieron cuando firmaron su compromiso de boda.

El entonces príncipe se casó con Sofía de Grecia en bienes gananciales en 1962, pero, como es habitual entre las casas reales, firmaron capitulaciones que nadie conoce. Seis décadas de matrimonio después, su vida conyugal está rota desde hace más de veinte años. De hecho, llevan más de dos sin verse, desde que Juan Carlos I tuviera que abandonar España en plena investigación por el origen de su fortuna en paraísos fiscales. Ahora, en su regreso, mantendrán un breve encuentro en Zarzuela ante su hijo por mantener las apariencias. Además, las infidelidades del monarca han formado parte de un estilo de vida que durante décadas se taparon, incluso desde Moncloa, y restaron importancia ante la opinión pública y publicada.

El rey que quería divorciarse

Las complicadas relaciones de Juan Carlos I con la entonces reina Sofía eran un secreto a voces, pero que ningún medio estaba dispuesto a publicar. Fue la veterana periodista Pilar Urbano la primera en dar la voz de alarma tras la publicación autorizada en 1997, en principio, por la Casa real sobre la reina Sofía. Pero el libro no gustó en Zarzuela cuando salió a la luz y de forma inmediata se desvincularon del mismo.

Las relaciones ya estaban rotas para entonces entre los monarcas y tuvo que ser el secretario general de la Casa del Rey, José Joaquín Puig de la Bellacasa, quien pidiera a Juan Carlos de Borbón que fuera más discreto en su relación con la mallorquina Marta Gayá, con la que estuvo unido sentimentalmente más de 20 años y que incluso en este destierro ha ido a verle a Abu Dabi. 

El secretario de la Casa del Rey fue despedido ese mismo año tras insistir al monarca en el error de un divorcio que tendría que pasar por el Parlamento -igual que una boda real- y cuya nueva esposa no podría contar con ningún privilegio por su condición de mujer de Juan Carlos en segundas nupcias.

La periodista Pilar Eyre, en su libro Yo el Rey explica que tras un desagradable encuentro en el hospital entre Corinna Larsen y doña Sofía -que coincidieron mientras el monarca estuvo ingresado- el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy desaconsejó a Juan Carlos I el divorcio.  

Personas muy cercanas al monarca en los años 90 confirman a Público que "ahora es Juan Carlos el que no está dispuesto a entregar a Sofía parte de su fortuna, porque ya no tiene intención ni está en condiciones de casarse con nadie". Aunque algunas informaciones apuntaron a que las capitulaciones podrían perjudicar a la reina emérita -algo que no se ha hecho público nunca- lo cierto es que Sofía de Grecia tiene asegurada una cómoda vida en Zarzuela, donde sigue manteniendo su hogar.

En cualquier caso, la reina Sofía nunca quiso oír hablar de un posible divorcio, que sería el primero en la monarquía europea -a excepción de Enrique VIII- y que generó todo un cisma en la Iglesia Católica.

España vivió una situación similar en los tiempos de Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos I. Tan sólo cuando se vieron obligados a abandonar España tras las elecciones que daban paso a la II República, el monarca y su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, decidieron vivir vidas separadas en países diferentes. En aquellos años 30 del siglo XX, el divorcio legal era impensable.