Las huelgas han llegado al corazón de Europa, en concreto a Francia y Reino Unido, donde cientos de miles de personas han salido en las últimas semanas a las calles para protestar contra la subida de la edad de jubilación y reclamar mejoras salariales. Creo que es importante que hablemos esto porque prácticamente ningún medio español está haciendo eco del asunto.

Francia vivió este martes su tercera jornada de huelga, coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la reforma del sistema de pensiones de Emmanuel Macron. Las anteriores convocatorias se produjeron el 19 y 31 de enero y lograron convocar a más de un millón de personas. Los paros han afectado principalmente al transporte público, la enseñanza y la energía. Se han suprimido entre la mitad y el 80% de los trenes de cercanías de París, el 20% de los vuelos previstos del aeropuerto de Orly, y solo dos de las 14 líneas de metro han funcionado en la capital francesa. En lo que respecta a la energía, la eléctrica estatal EDF ha reducido la producción en cerca de 4.500 megavatios.

Esto forma parte de la que ha sido bautizada como la estrategia de Robin Hood por sindicalistas de CGT. Al mismo tiempo que facilitaban energía a edificios de especial importancia, cortaron el suministro eléctrico de la oficina de un legislador de Macron durante varias horas. El proyecto de ley, que es la principal medida del segundo mandato de Macron, retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y adelanta ocho años antes de lo previsto, la exigencia de 43 años cotizados para poder optar a cobrar la pensión completa.

Macron y su ejecutivo sostienen que es una reforma necesaria para mantener la viabilidad del sistema de pensiones teniendo en cuenta el envejecimiento creciente de la población. "El futuro de nuestro sistema de pensiones está amenazado", dijo la primera ministra, Élisabeth Borne. Por su parte, la oposición, liderada por Jean-Luc Melenchón y todos los sindicatos, incluido el moderado CFDT, primer sindicato de Francia y cercano a Macron, se han posicionado en contra de la reforma. 

Según recuerda un informe oficial, en 2021 el sistema de pensiones tuvo un excedente de 900 millones de euros y en 2021 de 3.200 millones. Es decir, que el sistema de pensiones sigue siendo sostenible. Además, argumentan que la reforma perjudicará a las personas sin estudios, que hayan empezado antes a trabajar y que hayan desempeñado empleos precarios. Los ciudadanos franceses, según los últimos sondeos, se oponen mayoritariamente a esta norma.

En concreto cerca del 70% de encuestados está en contra de la reforma, según el instituto Ifop. Además, el Gobierno de Macron es demasiado débil para sacar la medida en solitario, y necesita de otros partidos para que sea aprobada. Esto le obliga a hacer concesiones. La tramitación parlamentaria está siendo muy complicada. La ley ha recibido más de 20.000 enmiendas, la mayoría de partidos de izquierdas. La extrema derecha propuso la celebración de un referéndum, que fue rechazado. Y varios diputados han denunciado haber recibido coacciones y amenazas.

Macron no cuenta con mayoría absoluta, y para conseguir que la ley salga adelante tiene que negociar. La izquierda y la extrema derecha ya han mostrado su desaprobación a la ley, así que el presidente francés tendría que conseguir el apoyo de los Republicanos, el partido de Sarkozy, que es la cuarta fuerza y cuenta con 62 diputados. Si votan a favor, la reforma del sistema de pensiones saldría adelante. Si no lo logra, la ley iría directamente al Senado, controlado por los Republicanos.

En caso de que tampoco fuera aprobada en el Senado, Macron tendría aún una última baza: el artículo 49.3 de la Constitución que permite aprobar la ley por la vía de la urgencia. Esta tramitación exprés sólo podría ser frenada si la oposición presenta una moción de censura.

Medio millón de británicos salieron a las calles el pasado miércoles, para mostrar su apoyo a una de las huelgas con más paros de la última década. Entre ellos había maestros, personal sanitario, trabajadores públicos y conductores de autobuses y trenes. Según datos oficiales, unos 100.000 funcionarios, los conductores de tren de 14 operadores, 70.000 profesores universitarios y 300.000 maestros de escuela han secundado los paros. Protestaban contra los altos costes de vida, agravados por la alta inflación que el pasado mes de diciembre se situó en el 10,5% y reclamaban mejoras salariales.

De hecho, los trabajadores británicos han sufrido el mayor descenso en su poder adquisitivo de los últimos 20 años: los sueldos reales cayeron en torno a un 3% entre abril y junio de 2022. Además, la factura de la luz aumentó una media del 54% en abril y del 80% en octubre del año pasado. El primer ministro británico Rishi Sunak ha dicho que no puede hacer nada. Que no puede resolver las demandas de los sindicatos del sector público, que no es responsabilidad suya la situación de los ferroviarios y que no piensa elevar los impuestos para mejorar los salarios de los sanitarios.