PSOE y Adelante Andalucía consideran que, además de ser una maniobra política, la convalidación del decreto-ley que relaja controles urbanísticos, sanitarios y medioambientales en aras de un presunto dinamismo económico supone una quiebra de la legislación. Así, ambos partidos anunciaron este jueves sendos recursos al Tribunal Constitucional.

Adelante Andalucía considera que no es constitucional "colar por la puerta de atrás un decretazo en un momento excepcional, con la actividad parlamentaria suspendida y aprovechándose de un órgano, la Diputación Permanente, que, según apuntan expertos y expertas en derecho, no está válidamente constituido". En resumen, el argumento de Adelante Andalucía es que la convocatoria de la Diputación Permanente no es válida y no tiene las competencias necesarias para convalidar este Decreto-ley.

Con el recurso, la coalición de izquierdas y andalucista persigue, según las fuentes consultadas, varios objetivos. Por un lado, "garantizar las labores de control de los grupos parlamentarios y que no se vea afectado el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española".

Por otro, "evitar que se aprueben Decretos-ley por la puerta de atrás". Y, por último, "hacer que se cumplan las normas que nos hemos dado". "Se podrían haber habilitado los mecanismos telemáticos del voto en el Parlamento o bien la delegación del voto en estos supuestos, para garantizar la celebración de los Plenos", argumentan las fuentes de Adelante consultadas.

Inseguridad jurídica

El PSOE, por su parte, considera que el Gobierno de Juanma Moreno lleva a Andalucía a "una grave inseguridad jurídica". "El Parlamento, al convalidar este Decreto Ley, estará cediendo al Gobierno la potestad legislativa sin ninguna limitación ni control, además de ignorar a los juristas, que señalan que la Diputación Permanente solo existe en periodo vacacional o por la extinción de la legislatura", afirma, con argumentos similares a los de Adelante, el diputado del PSOE y exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios.

Los socialistas recuerdan que 21 organizaciones (sindicatos, consumidores, ecologistas, asociaciones de periodistas), han solicitado la retirada de este decreto y reclaman su participación antes de la aprobación. El decreto fue aprobado sin consenso alguno con los agentes sociales. Así, otra de las razones que llevan al PSOE a presentar el recurso –esta más política que jurídica– es "que el decreto vuelva a la Cámara y se debata con todas las garantías".