El Parlament está dando el primer paso para crear una norma propia que dé amparo legal a una consulta soberanista, con la constitución de una ponencia conjunta en la que los partidos esperan fijar el calendario de este grupo de trabajo y ponerse de acuerdo sobre cuál debe ser el texto de partida.

Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que uno de los aspectos claves que se va a debatir es si el documento de base debe ser el proyecto de ley de consultas de la anterior legislatura y las enmiendas ya presentadas.

También se va a acordar en esta reunión el calendario de trabajo de la ponencia, con la vista puesta en tener la ley lista para el verano. La ponencia conjunta nace con la firma de CiU, ERC y el PSC, aunque ICV-EUiA y la CUP se han desmarcado más por aspectos formales que de contenido.

Los ecosocialistas quisieron dar 'un toque de atención' a nacionalistas y republicanos para que no decidan bilateralmente aspectos clave de la consulta, sino que todo pivote sobre el Parlament. El PSC está a favor de que se celebre una consulta soberanista pero, de los grupos que defienden el derecho a la autodeterminación, es el único que ha puesto como condición 'sine qua non' que ésta sea pactada con el Gobierno del Estado.

La ley de consultas catalanas tiene como principal objetivo servir de amparo legal ante una eventual negativa del Gobierno a autorizar un referendo de autodeterminación en Cataluña, una negativa que todos los grupos dan por segura. Por grupos, los representantes en la ponencia serán Josep Rull (CiU), Gemma Calvet (ERC), Xavier Sabaté (PSC), Santi Rodríguez (PPC), Dolors Camats (ICV-EUiA), Carina Mejías (Ciutadans) y Quim Arrufat (CUP).

El Gobierno de Artur Mas quiere que el pleno del Parlamento de la próxima semana vuelva a posicionarse a favor del derecho a decidir, para dar una respuesta a las 'agresiones' desde el Gobierno central a las demandas desde Cataluña.

Lo ha explicado este martes el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, en rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, en que ha lamentado que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía del Parlamento autonómico, y que el fiscal general del Estado expediente al fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, por sus opiniones sobre una consulta.  

El Gobierno de Artur Mas pretende que se ratifique en el Parlamento catalán el derecho a decidir 'de forma muy clara y muy mayoritaria', aprovechando que el PSC ha presentado en el pleno el mismo texto que se votó la semana pasada en el Congreso, en las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación.