Tras la ley del referéndum, la de la desconexión. JxSí y la CUP han repetido este martes la táctica que siguieron 24 horas antes con la ley del Referéndum y han podido aprobar por la vía rápida otra norma fundamental en su estrategia. La ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que está previsto que regule la transición del marco legal actual al de una Catalunya independiente en caso de victoria del 'sí' en el referéndum ya convocado para el 1 de octubre. Pero la han aprobado con mucha más dificultad, y tras más de ocho horas de discusiones sobre la legitimidad del procedimiento -más que sobre el contenido de la ley-. La demora se ha producido por los repetidos recursos de la oposición no independentista, que ha acusado a JxSí y la CUP de vulnerar los procedimientos y los derechos de la minoría.

La ley se ha aprobado, casi a la una de la madrugada, por 71 votos a favor -los de JxSí-, 10 en contra y ninguna abstención. Como el día anterior, se han retirado de la Cámara en el momento de la votación los representantes de C's, PSC y PP. Y han votado en contra los diputados de Catalunya sí que es Pot, que 24 horas antes se habían abstenido en la ley del Referéndum. La norma se ha aprobado tras una maratoniana y crispada jornada, y entre duras críticas de la oposición. Así hemos narrado en directo el debate en el Parlament.

La principal amenaza de la UE

"Si nunca han tenido no ya apoyo, sino consideración internacional, con esta agresión al estado de derecho se han con en estos momentos en la principal amenaza que tiene la UE", ha espetado a JxSí y la CUP el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, en su turno antes de la votación final. El dirigente popular ha acusado a los independentistas de imponer su modelo desde la mayoría parlamentaria, pero sin tener la "mayoría social" -usando un argumento muy repetido estos dos días por el conjunto de los partidos no independentistas- y ha opinado que con "esta agresión al estado de derecho" aun perdido "aun más apoyo". "Que no cuenten con nosotros", ha añadido, para justificar que su grupo no ha participado en la votación. Albiol también ha repetido en más de una ocasión que el referéndum "no se va a celebrar". Aunque ha parecido tener un lapsus cuando también ha dicho que ya se conoce "el resultado y la participación" del propio referéndum.

La líder de C's en el Parlament y jefa de la oposición, Inés Arrimadas, ha parecido actuar en clave casi preelectoral -de elecciones autonómicas-. Arrimadas, que 24 horas antes anunció una moción de censura, se ha dirigido a los sectores más tibios con el independentismo del PDeCAt -al que se ha referido sistemáticamente como "Convergència"-. "Muchos de ustedes no se creen este engaño, pero no se atreven a reconocerlo en público", ha afirmado. Y ha acusado a los dirigentes del partido de "irse a jugar en el campo de la CUP", lo que les está "deshaciendo como partido". En este sentido, ha predicho que no habrá independencia, y que "dentro de un año", habrá "nuevas mayorías en Catalunya", incluso con partidos "identitariamente" del mismo signo que el PDeCAT. Pero que, por su apuesta por la ruptura "ustedes van a ser los únicos que no van a poder participar" de estas futuras mayorías.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado de entrada que no iba a entrar en el contenido de la ley -aunque ha enumerado un buen número de artículos de la norma "contrarios a la Constitución y el Estatut"- y se ha centrado, como el día anterior, en las formas empleadas por JxSí. Ha repetido que no hay "ninguna norma" que pueda prescindir del Consejo de Garantías, y ha interpretado que JxSí y la CUP querían evitar que este organismo "les enseñara la tarjeta roja". También ha recordado que la ley se aprobará sin la mayoría reforzada de dos tercios que se exige para reformar el Estatut, por lo que ha acusado a una "mayoría parlamentaria sin apoyo proporcional de los ciudadanos" de imponerse sobre los derechos de la minoría.

El presidente del grupo parlamentario del PPC, Xavier García Albiol, protesta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. - EFE

"Se han cargado el capital político del soberanismo"

El portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha arremetido contra JxSí y la CUP por "cargarse en 48 horas negras" la "autoridad moral" y el capital político del soberanismo", por sus prisas en aprobar "a toda costa" la ley del Referéndum y la de Transitoriedad. Ha insistido en que comparte que el objetivo de la independencia y del "proceso constituyente" es legítimo, pero ha señalado que la vía usada por los partidos independentistas "deslegitima" estos mismos objetivos. "¿Como han podido ser capaces de traspasar la bandera de la democracia al PP, el partido de los herederos de Fraga y de 'la calle es mía'", ha exclamado.

Por parte de los grupos promotores de la ley, el discurso ha sido muy diferente. Desde JxSí, el diputado Jordi Orobitg ha considerado que la ley de Transitoriedad pretende evitar el "salto al vacío" si se proclama la independencia tras el 1-O, proporcionando "seguridad jurídica" a ciudadanos, empresas y funcionarios, según ha afirmado. Orobitg ha explicado que la norma, concebida para actuar temporalmente como una Carta Magna en funciones, "no implica la independencia", ni "prefigura" como debe ser el nuevo Estado, sino que esto lo decidirán los ciudadanos el 1-O y durante el "proceso constituyente". "La decisión está en manos del pueblo", ha afirmado.

Desde la CUP, el diputado Benet Salellas ha explicado que la ley de Transitoriedad pretende dejar claro a los votantes "qué pasará" si gana el 'sí' el 1-O. Ha coincidido con JxSí en que el texto "no prefigura" la nueva república. Y ha afirmado igualmente que el objetivo fundamental es una ruptura con "el régimen del 78, que agoniza y queremos enterrar con esta ley". Salellas ha aludido a los "debates de la izquierda" sobre la necesidad de crear un proceso constituyente y cómo llevarlo a cabo, y ha añadido que la única vía pasa por el referéndum de independencia. "No hemos encontrado otra forma de ejercer nuestra soberanía, no se puede hacer desde la forma de comunidad autónoma", ha afirmado.

Antes del debate sobre el la ley, la sesión ha sido de lo más accidentada. Hasta en cuatro ocasiones se ha suspendido el pleno, por sendas peticiones de los grupos de C's, PSC y PP para que la Mesa reconsiderara diversas cuestiones de procedimiento sobre la inclusión de la ley en el orden del día. "Si es necesario estaremos aquí defendiendo la libertad hasta que se congele el infierno", ha afirmado el portavoz del grupo del PP, Alejandro Fernández pasadas las ocho de la tarde, más de seis horas después de que JxSi y la CUP recurrieran de nuevo al artículo 81.3 del reglamento de la Cámara para introducir en la sesión la ley de Transitoriedad.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, junto a la presidenta del grupo, Inés Arrimadas, se dirige al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. - EFE

Doble nacionalidad automática

El texto aprobado mantiene vigentes todas las normas "locales, autonómicas y estatales" que no entren en contradicción con la propia ley. En esta misma línea continuista, se mantienen vigentes las normativas de la UE y del derecho internacional. También se contempla la doble nacionalidad automática, de forma que los ciudadanos de la Catalunya independiente no estarían obligados a renunciar "a la nacionalidad española ni a ninguna otra".

El texto nombra a la Generalitat como sucesora de la administración estatal en Catalunya, subrogándose los contratos, convenios y acuerdos formalizados por el Estado en Catalunya, y regula la integración en la administración catalana de los funcionarios estatales. También establece la continuación de actos administrativos como licencias, permisos o concesiones, así como la subrogación de contratos. Igualmente se ocupa de la adaptación del sistema judicial -con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya convertido en Tribunal Supremo de la Catalunya independiente-.

La ley pasa de puntillas sobre la a menudo espinosa cuestión de la lengua -no resuelta aun internamente por el independentismo-, pero también en clave continuista, reconociendo los derechos actuales a los hablantes de catalán, castellano y aranés.