El empresario Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cobró comisiones millonarias por intermediar en la compraventa de mascarillas y otros materiales sanitarios durante los meses más críticos de la pandemia. Así lo han adelantado ElDiario.es y El País este martes.

La Fiscalía de Madrid ha denunciado a González por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. La cantidad defraudada alcanzaría los 350.951 euros.

La empresa Maxwell Cremona, de la cual Alberto González es el único propietario, facturó 2,33 millones de euros en 2020. De esta cantidad, cerca del 85%, 1.973.000 euros, corresponden a los honorarios por intermediar con FCS Select Product, según explicó a Hacienda la pareja de Ayuso.

En las facturas emitidas por González, la Agencia Tributaria detectó unos gastos ficticios que "no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.

Tras una investigación de dos años, la Agencia Tributaria destaca en un informe de unas 200 páginas el secretismo del contrato del acusado con FCS Select. Esta empresa se dedicaba exclusivamente al sector de las bebidas hasta 2020, cuando comenzó a distribuir mascarillas y guantes.

Según la Inspección de Hacienda, la firma de González en este contrato aparecería como "un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos", sin llegar a aparecer nunca como comprador ni vendedor.

Tras firmar el acuerdo, Maxwell Cremona ingresó el 5 de mayo de 2020 hasta 834.320 euros bajo el concepto "comercialización de clientes". Tres meses después, justificó otros 1.138.680 euros con el mismo concepto.

Los antecedentes de la investigación

La denuncia contra la pareja de Ayuso se ha hecho pública en pleno escándalo por el caso Koldo, la trama de corrupción sobre la compra de mascarillas que salpica al PSOE, pero la investigación es anterior.

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria el informe sobre este asunto. El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude tributario y falsedad documnetal, "al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".

La Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en la presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.