La emergencia sanitaria del coronavirus logró paralizar durante varios meses el grueso de la actividad legislativa en un Congreso que estuvo centrado en marzo, abril y mayo en aquellas medidas aprobadas para hacer frente a la pandemia. Con el avance en la denominada nueva normalidad, la Cámara recupera progresivamente aquella actividad que dejó de realizar durante los peores meses del virus, en especial aquellas iniciativas que se consideraban urgentes antes de que se decretara el estado de alarma.

Entre esas iniciativas se encuentra la reforma del sistema de pensiones que aborda la Comisión para el Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Esta fue una de las comisiones que más focos atrajo al comienzo de la legislatura, tras la formación del Gobierno de coalición; debido, en primer lugar, a la necesidad de reforma en uno de los asuntos que más protestas y polémicas ha generado en los últimos años, y en segundo lugar, porque ya a principios de año los avances eran notables en el seno de la comisión.

En las últimas semanas el órgano, que trabaja a puerta cerrada, ha albergado dos reuniones. No se ha llegado a reunir el 'plenario' de la comisión , con todos sus miembros, pero sí la Mesa, presidida por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, y los portavoces de los grupos parlamentarios.

El objetivo de estos encuentros, en los que, según fuentes de la Cámara, también han participado miembros del Ministerio de Seguridad Social, era el de revisar si los objetivos y compromisos establecidos antes de la pandemia seguían teniendo vigencia tras la emergencia de la covid-19. Las consecuencias económicas del coronavirus podrían obligar a los diputados de la comisión a replantearse unas nuevas recomendaciones mediante las que buscar un acuerdo.

Sin embargo, fuentes del órgano avanzan que, al menos en las reuniones mantenidas por los miembros de la Mesa y los portavoces parlamentarios, la mayoría de los grupos apuestan por que la comisión siga trabajando sobre las recomendaciones que estaban establecidas antes de la irrupción de la emergencia sanitaria.

"Contamos con representantes del Ministerio (de Seguridad Social) que acudieron al grupo de trabajo; les habíamos pedido diferentes datos y que dibujaran un panorama general de la situación. Tanto por su parte como por la de la mayoría de los grupos se veía que esas recomendaciones básicamente son pertinentes, aunque están hechas en un contexto diferente", avanzan fuentes de la comisión.

Sin embargo, aunque en estas primeras reuniones de la Mesa y portavoces haya una posición mayoritaria para seguir trabajando sobre el plan establecido antes del coronavirus, estas mismas fuentes precisan que los siguientes encuentros servirán "para entrar punto a punto sobre la idoneidad y pertinencia" de cada medida, atendiendo al escenario económico dibujado por la pandemia.

Desincentivar prejubilaciones, objetivo de Escrivá

Las recomendaciones sobre las que trabaja el Pacto de Toledo vienen de la XII Legislatura, cuando el adelanto electoral del 28 de abril de 2019 echó por tierra un acuerdo que estaba bastante avanzado en algunos de sus puntos. Al inicio de la legislatura actual, tanto la presidenta de la comisión como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, animaron a los grupos parlamentarios a trabajar sobre los consensos alcanzados un año antes, para no empezar de cero y cerrar cuanto antes la reforma del sistema de pensiones.

La propuesta fue aceptada entre los partidos y la comisión echó a andar con la comparecencia de Escrivá, que a principios de marzo estableció ante los grupos algunas de las líneas maestras que el Gobierno quiere impulsar en materia de pensiones y jubilación. La intención del Ejecutivo era tener lista una reforma antes de que finalizara el año, lo que suponía que el Pacto de Toledo tenía que cerrar sus recomendaciones (que sirven como marco para la reforma) en unos meses, previsiblemente después del verano.

Aunque los grupos no han empezado a hablar sobre modificaciones en el calendario y en los plazos del Pacto, se espera que el acuerdo se retrase, aunque fuentes de la comisión pronostican un trabajo "intenso" en los próximos meses. Durante su comparecencia, Escrivá avanzó dos objetivos del Gobierno en esta materia: la penalización de la jubilación anticipada y el incentivo a los planes de pensiones de empresa, en detrimento de los planes privados individuales.

"Hay una propensión a jubilarse de forma anticipada vinculada a la incertidumbre; un 16% de los pensionistas lo hicieron en 2019. Hay que ofrecer esquemas bien diseñados que generen incentivos. Por cada año que la edad efectiva de jubilación aumenta resolvemos un 25% del problema que hemos visto en esa brecha entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro", defendió entonces el ministro.

Escrivá explico que para desincentivar las prejubilaciones el Gobierno apuesta por emplear mecanismos ya existentes para prorrogar la vida laboral pero que no se utilizan, en la mayoría de los casos, por el desconocimiento de la ciudadanía sobre su existencia.Para ello, el Ejecutivo quiere llevar a cabo una evaluación de los incentivos actuales "para optimizar su utilización y, si es necesario en algún caso, redefinir alguno de sus elementos", además de revisar la normativa sobre jubilaciones anticipadas voluntarias.

El anuncio que hizo Escrivá va en la línea con lo establecido en el borrador fallido que el Pacto de Toledo cerró a principios de 2019 (con que se trabaja actualmente, y que se está revisando a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus). En la recomendación 12 de este texto se recoge la necesidad de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

El ministro de Seguridad Social también apostó por incentivar los planes de pensiones privados de las empresas en detrimento de los planes de pensiones individuales (también privados), trasladando los beneficios fiscales de los que disfrutan actualmente los planes de ahorros privados individuales hacia los planes de pensiones previstos por las empresas para los trabajadores.

En este sentido, desde el Ministerio habrían constatado un estancamiento de los planes colectivos que contrasta con el crecimiento del patrimonio invertido en planes individuales, "a pesar de que la rentabilidad de los primeros es mayor y sus comisiones son menores". A juicio de Escrivá, los planes de pensiones de las empresas están sujetos a la negociación colectiva, por lo que los trabajadores tendrían la oportunidad de participar en su diseño. Sin embargo, algunos portavoces de la comisión le reprocharon entonces que en la actualidad las negociaciones colectivas se producen en base a las relaciones de desigualdad existentes entre los trabajadores y los empresarios.

En las próximas reuniones de la comisión los grupos deberán abordar estas cuestiones, entre otras, como el blindaje legal de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, el cómputo que define las pagas o la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social.