Florencio Dimas Balsalobre (1950) es un teniente del Ejército del Aire retirado que, desde hace más de tres décadas, investiga la represión franquista en Murcia. Ahora celebra el paso atrás que ha dado el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles, y que pretendía trasladar 'silenciosamente' el 15 de septiembre a Madrid todo el fondo documental referente a las "causas" judiciales contra los supuestos leales a la II República. Es decir, la documentación con la que se puede demostrar la purga que hizo la Armada española en Cartagena, inmediatamente después del final de la Guerra Civil.

Para contextualizar, Dimas explica a Público que Cartagena fue un lugar clave para la resistencia de la República frente a los sublevados, en primer lugar porque la flota del Mediterráneo permaneció leal al Gobierno, y en segundo lugar porque fue uno de los puertos para el abastecimiento tanto civil como militar. "Claro, en el momento en el que terminó la guerra, Franco quería una Marina limpia", añade. De hecho, Cartagena fue uno de los últimos lugares que tomó el bando franquista, por lo que la ciudad se convirtió prácticamente en un inmenso campo de concentración, del que sólo pudieron escapar unos 3.000 militares por mar.

En el archivo militar que se encuentra en esa ciudad se pueden consultar entre 2.500 y 2.700 sumarios o "causas". "Había tanto que 'depurar' tras la guerra que hubo que instaurar en la ciudad hasta 13 juzgados de instrucción", comenta este experto. Y a través de esa documentación puede detallarse en cada caso hasta qué punto se investigaba a un individuo para demostrar su lealtad al régimen, si tenía algún familiar fusilado, por qué no se habían sublevado…

"Lo que no consta en esos papeles eran las palizas a las que sometían a los encuestados, cosa que sabemos por los testimonios en primera persona, aunque la mayoría de ellos ya han fallecido, claro", apunta este investigador.

Los legajos son exactamente una ventana al pasado, en un momento histórico concreto, pero en un archivo como éste las causas recogen muchísima información no sólo del encuestado, sino de todo su entorno, de manera que se intentaba buscar un hilo conductor ideológico para sacar una conclusión y decidir qué hacer con la persona en cuestión: si era lo suficiente fiel al régimen o si era un "traidor".

La importancia de los archivos

Los archivos históricos son los depositarios de la memoria de cualquier país. La transparencia y la diligencia en su custodia forman parte del imprescindible trabajo de archivistas y documentalistas. Su labor es identificar, organizar, ordenar, describir y difundir los fondos. No obstante, la falta de medios y personal termina complicando e incluso impidiendo la labor de investigadores, historiadores y periodistas (que consultan esos fondos para analizar y sacara conclusiones) interesados en hechos del pasado ocultos en las vetustas estanterías de viejos depósitos.

En abril de 2018, el Ejército de Tierra —concretamente, el Instituto de Historia y Cultura Militar— tomó la insólita decisión de prohibir el acceso a todos los legajos clasificados como "secretos" o "reservados" desde 1968 (año de la aún vigente 'Ley de Secretos Oficiales'), sin motivo alguno. Gracias a la denuncia de archiveros e investigadores, hubo que dar marcha atrás. No era la primera vez que sucedía algo parecido.

En cualquier caso, el acceso a la documentación militar de la Guerra Civil, de la posguerra e incluso de la II República es compleja; requiere de permisos específicos, especialmente si se trata de archivos no históricos. Sólo gracias a las denuncias de investigadores y archiveros podemos saber qué ocurre con ese importante material. ¿Cómo se conserva? ¿Dónde se encuentra? ¿Quién puede acceder a esos documentos? Y lo más importante, ¿podemos tener la tranquilidad de que la memoria histórica documentada y probada documentalmente está en buenas manos?

Defensa presume que "los fondos que posee en los archivos históricos e intermedios militares ocupan más de 150 kilómetros de estantería" repartidos en 27 archivos por toda España. La estructura de esta importante información histórica está perfectamente regulada. Otra cosa es que Defensa asigne medios suficientes.

"No son archivos, son almacenes"

Funcionarios que trabajan en estos archivos, consultados por este diario, lamentan que no hay personal suficiente —"ni de lejos", afirman, mientras piden anonimato— para poder ordenar y archivar tanta documentación como establecen todos los estándares. Y, sin embargo, España cuenta con una legislación exhaustiva y muy completa acerca de la gestión y custodia de los legajos militares. O sea: hay normas, pero no hay recursos humanos o materiales, ni voluntad política, para cumplirlas.

El trabajo que supone la creación de un archivo útil para poder consultar datos en una investigación o, simplemente, para buscar papeles de familiares que padecieron los rigores de la guerra y la posguerra, es ingente y generalmente muy lento. Pero en algunos casos no existen archivos como tales, "sino meros almacenes sin orden ni lógica", aseguran las citadas fuentes, y la documentación queda deteriorada e incluso destruida, algo que ha podido comprobarlo este reportero en primera persona y que algunos archivistas han llegado a señalar en público:

Una de las fuentes consultadas recuerda que los archivos militares empiezan a gestionarse de forma más o menos moderna a partir del siglo XIX, pero no se normaliza hasta la aparición del Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos Militares.

Durante el franquismo, los archivos militares históricos estaban en manos de los entonces Ministerio del Aire, del Ejército y de la Armada. Pero existían —y existen— los llamados archivos intermedios, que recibían directamente documentación de las antiguas capitanías generales y demás organismos territoriales. En el ciclo vital de los documentos, el traslado de un fondo determinado a otro archivo se denomina "trasferencia", tal y como explica el citado Real Decreto.

Así funcionan los archivos militares

Las normativas vigentes para la gestión y documentación de los archivos militares españolas están descritas perfectamente en el Real Decreto antes mencionado, que desarrolla el artículo 61.2 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

Hay un órgano central, la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa, máximo órgano en este esquema, y un subsistema de archivos definidos: los archivos de las propias oficinas que producen documentación, los archivos centrales (conservarán la documentación por un plazo de cinco años, salvo las excepciones expresas), los intermedios —receptores de documentos, los cuales permanecen hasta su eliminación o transferencia a un archivo histórico— y, por último, los archivos históricos, que tienen el reconocimiento legal de Archivo Nacional.

Cualquier documento, pieza o legajo que se archive sigue ese camino si no se decide su eliminación, aunque dicha destrucción queda en manos del Subsecretario del Ministerio y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa, que tiene que justificar esa eliminación en una orden que se insertará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Eso sí: en su disposición adicional tercera se indica que el "reglamento no será de aplicación a los Archivos de los Juzgados y Tribunales Militares".

La Ley 52/2007, la llamada 'Ley de Memoria Histórica', propició, por un lado, la creación del Archivo General Histórico de la Defensa, y por otro la adopción del Reglamento de Archivos Militares Judiciales. Ello supuso un momento clave a partir del cual toda la información generada por organismos de la jurisdicción militar, incluida la de los tribunales represivos posteriores a la Guerra Civil, tiene que pasar por el sistema general de archivos militares tal y como indica el citado reglamento —"Los procedimientos judiciales militares concluidos antes del 22 de noviembre de 1980 y actualmente archivados bajo la custodia de los Tribunales Militares Territoriales, se transferirán progresivamente al correspondiente archivo histórico militar", Disposición Transitoria Única.

El Archivo General e Histórico de la Defensa, en Madrid, custodia cerca de 500.000 expedientes judiciales militares que corresponden a la zona centro, es decir, a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Generalitat Valenciana, además de algunas provincias castellano-leonesas para el periodo comprendido entre 1936-1987.

Mientras, aún quedan por "trasferir" miles de archivos judiciales militares a sus correspondientes archivos bajo custodia de sus Tribunales Militares Territoriales: una multitud de sumarios, causas judiciales o ‘purgas’ que realizaron los ejércitos españoles durante la Guerra Civil y la represión que se produjo durante la posguerra.

"Trasferencias"

Lejos de las pretensiones territoriales más o menos políticas, que presionan para que los documentos originales se queden en el archivo en el que están, lo que Defensa está haciendo con los fondos judiciales es, simplemente, lo que dicta la ley.

Sin embargo, el Ministerio que dirige Margarita Robles decidió lidiar con las protestas por el traslado de fondos de Cartagena a Madrid —algunos investigadores y la propia Universidad de Murcia, que ven peligrar investigaciones en curso— con un mensaje algo ambiguo: "Los fondos documentales permanecerán en Cartagena", le dijo Robles a la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arrollo, sin especificar si los sumarios y causas judiciales son efectivamente parte de esos fondos, ya que se encuentran ahí en "depósito".

Porque en la guía sobre los archivos militares publicada por el propio Ministerio de Defensa queda explicado claramente que los fondos de documentación jurídico militar que permanecen en el archivo naval de Cartagena se encuentran allí en calidad de "depósito".

"La documentación judicial depositada actualmente en el Archivo Naval de Cartagena, tanto del Ejército de Tierra como de la Armada, es de gran importancia, por volumen y contenido", explica el Ministerio, y añade que "debido al hecho de que Cartagena fue la última base naval tomada por las tropas nacionales en la guerra civil, y por tanto la que mayor tiempo permaneció en manos republicanas, circunstancia que luego determinó una dura represión".

Por tanto, si nos atenemos a la normativa vigente, la trasferencia deberá realizarse sí o sí, y ese gran fondo de legajos jurídico militares tendrá que viajar, tarde o temprano, a Madrid.

Así es la estructura de los archivos militares

Nacionales

• Archivos Generales de Segovia, Madrid, Guadalajara y Ávila.
• Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán” (Viso del Marqués, Ciudad Real).
• Archivo del Museo Naval de Madrid.
• Archivo Histórico del Ejército del Aire (Villaviciosa de Odón, Madrid).
• Archivo General e Histórico de Defensa en Madrid.

Intermedios 

• Cuarteles Generales del Ejército, la Armada y Aire, en Madrid
• Militares en Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Ceuta, Melilla, Ferrol (A Coruña), Barcelona y Sevilla.
• Navales en Las Palmas de Gran Canaria, Cartagena (Murcia), Ferrol (A Coruña) y San Fernando (Cádiz).
• Los del Ejército del Aire, como el Mando Aéreo Central y el del Mando Aéreo de Canarias, se encuentran pendientes de creación.

Científicos

• Real Instituto y Observatorio de la Armada, en San Fernando (Cádiz).
• Instituto Hidrográfico de la Marina, en Cádiz.
• Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, en Madrid.

El Ministerio de Defensa dispone de una completa guía para localizar procedimientos judiciales incoados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista: en qué archivo pueden estar y cómo se pueden consultar los legajos. Consúltela a continuación: