Varias organizaciones entre las que se encuentran la Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España han reclamado este martes que el Gobierno incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una ayuda universal a la crianza de al menos 100 euros mensuales por hijo o hija entre los 0 y 17 años. Solicitan que esta medida se aplique en forma de una deducción fiscal reembolsable sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el marco del proceso de replanteamiento del sistema fiscal liderado por el Ministerio de Hacienda.

Las tres organizaciones han aplaudido la medida aprobada este martes por el Gobierno que establece una prestación de crianza de 100 euros al mes para madres con menores de 0 a 3 años y que amplía la prestación anterior que percibían únicamente las madres trabajadoras. Sin embargo, consideran esta medida insuficiente y creen que debería ampliarse a todas las familias con hijos de 0 a 17 años, ya que los gastos que la crianza de hijos e hijas suponen para las familias aumentan con la edad.

Las organizaciones de infancia pretenden con esta propuesta hacer llegar a las familias de menores ingresos beneficios fiscales a los que hasta ahora no tienen forma de acceder, compensar el esfuerzo económico que realizan las familias con la crianza y, por último, establecer un umbral básico de protección social de todos los hogares con niños o niñas a nivel estatal.

Del mismo modo, las entidades recalcan que el actual sistema impositivo existente tiene una relación directa con las altas tasas de pobreza infantil. En España, un total de 2,4 millones de niños, niñas y adolescentes viven en hogares en situación de pobreza, el 28,9% del total. Se trata de la tercera tasa más elevada de toda la Unión Europea (UE) y pone de relieve las dificultades económicas a las que se enfrenta buena parte de los hogares con hijos e hijas a cargo.

A juicio de las tres organizaciones, el proceso iniciado por el Gobierno para mejorar la eficiencia del sistema fiscal supone una "ocasión inmejorable" para incluir en esa reforma una propuesta para apoyar la crianza "que aspire a la universalidad".

Por último, consideran que la ayuda debe ampliarse hasta los 17 años para que el apoyo público a la crianza contribuya a abordar el reto demográfico al que se enfrenta España y que así, además, esté recogido en la futura Ley de Familias o que, como mínimo, se comprometa un despliegue incremental de la ayuda, en un período de tiempo claramente acotado, y con la dedicación presupuestaria necesaria hasta alcanzar a toda la infancia