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MADRID.- España encara la cita con las urnas del 20 de diciembre bajo el halo de un optimista mensaje del Gobierno. El vídeo electoral del PP es una clara muestra de la visión que Rajoy y los suyos tratan de vender: la crisis ha pasado, se crea empleo y sólo hace falta un último esfuerzo para consolidar la recuperación económica.
No obstante, las cifras se empeñan en desmontar la versión del Doctor Rajoy. Informe tras informe, se constata que cada vez hay más pobreza y desigualdad en el país, que los empleos creados no son suficientes para todos y que las condiciones laborales generan esa nueva clase social de trabajadores con una nómina que no les sirve para cubrir las necesidades básicas.
Toda la oposición, parlamentaria o extraparlamentaria, coincide en que la gestión de la crisis por parte del Gobierno está generando profundos problemas sociales que un hipotético Ejecutivo nuevo tendrá que atajar.
Los datos están ahí y no pueden esquivarse: hay 770.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingreso, una escalofriante cifra que ha ido subiendo a medida que se terminan los subsidios por desempleo y el perceptor no encuentra trabajo. Hay 2,3 millones de españoles que llevan dos años o más sin conseguir ocupación, según la última EPA. España, con sus más de cinco millones de desempleados, triplica la tasa media de paro de los países desarrollados, duplica la europea y alberga las peores cifras de paro juvenil de toda la OCDE.
Aunque el paro baje, lo hace gracias a la contratación temporal y a tiempo parcial, fundamentalmente. Las consecuencias son que un 2,3% de la población sufre los tres factores de desigualdad: desempleo, pobreza y privación material. En total, 1.075.741 personas que se encuentran "en la peor situación económica y social posible", según el último estudio publicado por la Red Europea de lucha contra la Pobreza.
El número de ricos en España ha aumentado un 40% desde que llegó la gran recesión en 2008: Hay 50.900 personas más con elevado patrimonio, 178.000 en total
Y la realidad, pese al discurso triunfalista del Ejecutivo, sigue yendo a peor. El porcentaje de españoles que viven bajo el umbral de la pobreza ha vuelto a aumentar, pasando del 20,4% en 2014 al 22,2% en el tercer trimestre de 2015. La peor parte la sufren los menores: tres de cada diez niños está en riesgo de exclusión social en el país.
Mientras tanto, la otra cara de la crisis muestra su sonrisa. El número de ricos en España ha aumentado un 40% desde que llegó la gran recesión en 2008. Las personas con elevado patrimonio son 50.900 más, con lo que la población total de ricos en España estaba, en 2014, en 178.000 personas.
A nivel macroeconómico, se ha vuelto a generar riqueza. Pero el problema es que no se percibe a nivel cotidiano, o lo que es lo mismo, la distribución de esa riqueza no se está efectuando de una forma adecuada. Frente a la situación, son varias las propuestas políticas, a falta de que algunas formaciones terminen de concretarlas. Renta básica universal, renta mínima de inserción, trabajo garantizado, ingreso mínimo vital o complemento salarial adicional son los temas en liza para las siguientes elecciones.
Los parches del PP
De todos los partidos, el PP es el único que no ha esbozado una medida concreta. Sin embargo, los españoles pueden hacerse una idea de sus propuestas atendiendo a las diferentes medidas introducidas durante la legislatura. La primera llegó en forma de Real Decreto en 2012: el Plan Prepara, popularmente conocido como "los 400 euros". Es un programa que se prorrogará hasta que la tasa de paro no baje del 20% y consiste en una subvención de entre 400 y 450 euros para quienes hayan agotado los subsidios por desempleo. Su duración es de seis meses y sólo puede recibirse una vez si se cumple con una serie de requisitos: ser parado de larga duración o tener cargas familiares.
España ha vuelto a generar riqueza, pero no se percibe a nivel doméstico: su distribución no se está haciendo de forma adecuada
Tras negociar con los sindicatos, el Ejecutivo puso en marcha en enero de este año otra medida similar, que venía a ser una especie de prórroga del Prepara. El Programa de Activación para el Empleo, una ayuda de 426 euros al mes con requisitos adicionales al anterior que reducen el universo de beneficiarios: unos 400.000, según sindicatos y Gobierno. Aún no ha habido un balance oficial de sus resultados.
Estas dos iniciativas se añaden a la Renta Activa de Inserción, ayuda de carácter estatal de 426 euros mensuales durante once meses y prorrogable tres veces. Además de de la renta de inserción de las autonomías, que dependen de cada Comunidad. La amalgama de medidas son sólo parches ocasionales que no dan una solución efectiva al problema de la pobreza y exclusión crecientes debido al alto desempleo. De ahí que los demás partidos fijen otros modelos.
PSOE: Ingreso mínimo garantizado
El pasado julio, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, anunciaba la creación de una nueva prestación: el ingreso mínimo vital similar a las Pensiones No Contributivas. Se destina a esos más de 700.000 hogares sin ingresos y se coordina con las prestaciones por desempleo para que se reciba una vez agotadas todas las demás.
La medida, para la que calculan necesarios unos 6.450 millones de euros, contempla una prestación a la que se añaden hasta 150 euros mensuales por cada hijo a cargo, atendiendo al nivel de pobreza de la familia en cuestión: severa (menos de 7.100 euros de ingresos anuales), alta (menos de 11.500 euros anuales) o moderada (menos de 17.000 euros año). Sobre todo se destina a familias por debajo del umbral de la pobreza severa, en el que establecen tres niveles: 426 euros mensuales más el complemento por hijo a cargo para los hogares con un hijo; 570 euros mensuales más complemento para hogares con dos hijos; y 708 euros al mes más complemento por hijo para las familias numerosas. Saliendo de la pobreza severa, sólo se recibiría el complemento por hijos a cargo.
Podemos: de la renta básica universal a la renta mínima
Podemos llegó hasta el Parlamento europeo con una medida clave en su programa: la renta básica universal. Un ingreso mínimo mensual para cada ciudadano que la necesitara entendida no como subsidio o ayuda estatal, sino como un derecho básico. Su cuantía era "como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza", que en España es de 6.278,7 euros al año por persona individual según los baremos del INE.
Sin embargo, en su "Programa del cambio" para las elecciones autonómicas rebajó las expectativas, y su propuesta en este ámbito se limitaba a "igualar de forma “gradual” la renta mínima de cada Comunidad Autónoma al Salario Mínimo Interprofesional (648 euros).
El giro de la formación morada no gustó a parte de sus bases, que hicieron su propia propuesta sin encontrar amparo. "No renunciamos a esta herramienta de redistribución de la riqueza y por ello consideramos que la Renta Básica no debe ser relegada, como lo ha sido, de las prioridades programáticas de PODEMOS", aseguraba el Círculo de Renta Básica de la formación en un documento propio en el que pedía una renta "máxima de 645,33 euros a todo adulto y de 193,59 euros a todo menor de 16 años emancipado".
Actualmente, la formación dirigida por Pablo Iglesias trabaja en el programa participativo para las generales, en el que según el partido, se valoran propuestas de miles de personas y se someterá a votación el próximo día 26. Fuentes de la organización aseguran que no está terminada la propuesta, pero adelantan que seguirá la línea de la Renta Mínima.
Izquierda Unida: Trabajo Garantizado
Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida, ha desarrollado una propuesta en una línea diferente. No se trata de una renta básica ni de una renta mínima. "No es excluyente, sino complementaria. Es más realista el Trabajo Garantizado y tiene más componente de izquierdas", explicaba el propio Garzón en una entrevista con Público. Consiste en llevar el derecho constitucional al trabajo a su máxima expresión. Su propuesta del Empleo Garantizado bebe de la teoría postkeynesiana, y como tal, pretende hacer al Estado como último garante del empleo convirtiéndolo en empleador de última instancia.
Según asegura, con una inversión de 9.600 millones de euros se podrían generar un millón de empleos en un año. La medida fue presentada hace más de un año, y con ella ha hecho bandera en las elecciones autonómicas y en las andaluzas. Durante sus intervenciones, Garzón siempre destaca que la cuantía corresponde a un 1% de PIB español y lo compara con los 70.000 millones que costó el rescate a los bancos. Se trata de dar empleo a parados de larga duración y en riesgo de exclusión con un salarios de entre 900 y 1.200 euros.
No pretende solucionar el endémico problema del desempleo del país, sino ser una especie de experimento por etapas muy vinculado a los ayuntamientos que además, inciden desde IU, dignificaría trabajos que actualmente no se remuneran, como el de los cuidados. Políticas sociales, medio ambiente y cultura y ocio serían las líneas los trabajos que se crearían. Esto iría en conjunto con un nuevo estatuto de los trabajadores con un salario mínimo de 1.100 euros y la reducción de la jornada a 35 horas semanales. Por otra parte, la renta básica también se incluye en su programa electoral. En concreto, en el "plan de rescate ciudadano", aún por precisar.
Ciudadanos: el complemento salarial anual garantizado
El partido de Albert Rivera, Ciudadanos, presentó en la campaña de las autonómicas su propuesta para paliar la pobreza creciente. Aunque no sigue la línea de las anteriores. La formación naranja, con la ayuda del economista Luis Garicano, proponía establecer un Complemento Salarial Anual Garantizado (CSAG) para completar los ingresos.
El problema, precisamente, es que sólo puede beneficiar a personas que ya tienen un empleo, en concreto a los que reciben salarios más bajos, y se centra en los empleos más precarios. También incluye a los autónomos. Según sus cálculos, llegaría a cinco millones de hogares y habría que invertir, al igual que con la propuesta de Garzón, un 1% del PIB.
A falta del programa definitivo para las generales, Ciudadanos aún no tiene concretados los tramos ni las cuantías de esta medida. Aunque no se hablaba de ingresos concretos, durante las autonómicas hablaban de tramos escalonados en función de los ingresos del perceptor hasta que llegara a un nivel en el que ya no fuera necesario el complemento.
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