"Más dura será la caída", rezaban los metadatos que se colaron en el documento entregado a la prensa con la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los miembros del Govern de la Generalitat y de la Mesa del Parlament de Catalunya. Las excusas de la Fiscalía fueron inverosímiles, pero esa cabecera parecía premonitoria de otro acontecimiento histórico que también afectará seriamente a Maza: la detención del comisario José Manuel Villarejo Pérez, gran arquitecto de un entramado mafioso policial-judicial que ha secuestrado la Justicia, ha extorsionado a la democracia y emponzoñaba hasta ahora la política española.

Porque la caída del hoy famoso Villarejo –tras tres años de investigaciones de Público que han sacado a la luz Las cloacas de Interior que él manejaba– va a hacer que salten por los aires las tapas de esa red de alcantarillas del Estado en la que se fabricaban falsas pruebas contra políticos y partidos rivales del PP, como quedó patente con la revelación por este diario de las grabaciones efectuadas en el despacho oficial del propio ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Para empezar, al destaparse finalmente el entramado que dirigía Villarejo desde una planta de la Torre Picasso –un emporio de numerosas sociedades y un centenar de propiedades, valorado en 25 millones de euros–, va a salir a la luz el método por el que fue grabado el ministro Fernández Díaz, algo que no quiso ser investigado por la Fiscalía General del Estado cuando Público puso a su disposición las grabaciones originales.

Esos sofisticados sistemas de grabación fueron también empleados por Villarejo y sus compinches para espiar, en sede policial, la reunión entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y jefes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para tratar el caso del pequeño Nicolás. Grabación ilegal que fue investigada durante más de dos años en pieza separada de ese caso, hasta que se apartó al juez que instruía la causa –por el método de ascenderlo– y la jueza que lo sustituyó, en el Juzgado Número 2 de Instrucción, decidió disolver la comisión judicial cuando acababa de completar el informe que demuestra la trama policial mafiosa de Villarejo.

Esa decisión de la magistrada –altamente irregular porque la tomó sin completar investigaciones en curso ordenadas por la Audiencia Provincial– no tiene más explicación que la de impedir que salieran a la luz las pruebas de que la policía política estaba dirigida por el ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y por su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, ambos citados a declarar por la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que se creó a raíz de las revelaciones de Público.

Además, la magistrada Pilar Martínez Gamo no sólo dio carpetazo a una subpieza secreta crucial para desentrañar la trama –sin practicar las diligencias ordenadas por el tribunal superior a ella–, sino que ocultó el informe final de la comisión judicial por el retorcido método de asignarlo a otra pieza del caso que ya estaba cerrada. En la práctica, estaba colaborando en fabricar una tapadera para esconder que incluso se destruyeron pruebas en los archivos informáticos centrales de la Policía Nacional en El Escorial para proteger a Pino y Gago y permitir que este último mintiera a la propia comisión de investigación del Congreso.

Todo esto –que también reveló Público en exclusiva– va a salir ahora a la luz, en cuanto se pueda conocer por fin el contenido de ese informe de la comisión judicial, que adelantaba los hechos que hoy han llevado al juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, a ordenar la detención de Villarejo, de su esposa y del excomisario de Barajas Carlos Salamanca, entre otros imputados por participar presuntamente en una "organización criminal".

Muchas explicaciones va a tener que dar Maza para justificar que la Fiscalía haya actuado durante estos últimos dos años como auténtica abogada defensora de Villarejo y de sus cómplices.

García Castellón sostiene también que Villarejo se lucró con "servicios especializados de inteligencia" incompatibles con su cargo policial, tal como denunció Público cuando desveló que el comisario dirigía una policía paralela dedicada a proteger los intereses de multimillonarios.

Y esa va a ser otra revelación sísmica –la de quiénes son esos multimillonarios, muchos de ellos imputados en la Operación Lezo– que se producirá como consecuencia de la detención de Villarejo y el registro de sus domicilios y empresas, como pidieron una y otra vez infructuosamente los miembros de la comisión judicial, que fueron después degradados por tratar de destapar lo que acaba de desvelar la Operación Tándem.

De hecho, gran parte de esa trama al servicio de potentados –para los que Villarejo enredó procesos judiciales, envenenando árboles de pruebas, actuando al margen de la Ley y arrogándose la licencia de agente encubierto– fue también expuesto por Público, al detallar la existencia de lo que dimos en llamar el "Círculo de Gstaad".

En breve, volveremos a sacar a la luz una realidad oculta: la élite que gobierna en la sombra sin haber sido jamás elegida, y que es la que mueve los verdaderos hilos del poder. Con esas revelaciones culminará una tarea de investigación periodística sin parangón que inició Patricia López en enero de 2015 y que le ha costado amenazas personales, querellas sin fin y acoso desde las más altas instancias policiales, sin que se arredrase por el camino.

La verdad sobre las cloacas de Interior aún no ha sido contada en su totalidad.

...CONTINUARÁ