MADRID.- Nuevo varapalo para el PP, un partido que parece estar cercado por la corrupción. Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido imputar a cinco altos cargos del PP —tres consejeros autonómicos y dos diputados regionales— por el caso Púnica, la trama encabezada por Francisco Granados y que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en varios ayuntamientos madrileños. 

Previsiblemente, las declaraciones de estos nuevos imputados tendrán lugar entre la última semana de junio y la primera de julio

El juez ha imputado al consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Salvador Victoria; la consejera de Educación, Lucía Figar; los diputados del PP en la Asamblea de Madrid, José Miguel Moreno y Mario de Utrilla; y el consejero de Industria y Turismo de Murcia, también del PP, Juan Carlos Ruiz.

Juan Carlos Ruiz, ha dimitido hoy mismo como titular de la Consejería tras ser citado a declarar, el 22 de junio, en calidad de imputado el marco dela 'operación Púnica'.

Ruiz, que ha defendido su inocencia y ha asegurado que desconoce los cargos que se le imputan, ha asegurado que renuncia a todo, a sus derechos como aforado. "No tengo nada que esconder", ha dicho en rueda de prensa, donde también ha dejado claro que de su consejería "no ha salido ni un euro para ninguna trama".

Velasco les acusa de supuestos delitos de malversación y prevaricación. Los imputados serán llamados a declarar una vez que se hayan constituido los nuevos parlamentos autonómicos, sobre todo en Madrid y Murcia, donde ninguno de los imputados repite y por ello perderán en unos días su actual condición de imputados. Previsiblemente, las declaraciones tendrán lugar entre la última semana de junio y la primera de julio. 

En el marco de esta operación de corrupción se efectuaron también dos detenciones en Murcia, la del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE); y el exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo.

Los agentes de la Benemérita habrían intervenido un documento del Instituto de Turismo de la Región sobre un contrato de una cuantía "no muy elevada".

La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos --PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA--, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

 La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética.

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

Las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la 'operación Púnica', constituidas en torno al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el juez Eloy Velasco.

Lucía Figar aún no ha recibido la citación judicial

La consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, no ha recibido ninguna citación judicial después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la ha citado a declarar en calidad de imputada para el próximo 26 de junio en el marco de la Operación Púnica.

Según fuentes jurídicas, el magistrado también ha citado a declarar como imputado al consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, por delitos de corrupción en el marco de la causa en la que se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" entre la red con la Administración Pública.

Fuentes del departamento de Lucía Figar han explicado que "en estos momentos" la consejera "no tiene ninguna citación" y que la Consejería está colaborando con el juzgado desde hace "meses", cuando se remitieron "los expedientes completos de los contratos" afectados, de unos 1.900 euros mensuales, "y la acreditación de los servicios prestados, todo debidamente fiscalizado por la Intervención", han apuntado.

En el caso de Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto 'conseguidor' de la red Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada www.studyinmadrid.es, donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad.

Contratos por 250 millones

La trama destapada el año pasado, que estaba infiltrada en varios ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia, firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales durante dos años, según la Fiscalía Anticorrupción.

Según las pesquisas, los ediles y funcionarios municipales actuaban en connivencia con empresarios de la construcción y energéticos a través de intermediarios y sociedades instrumentales.