Un total de seis mujeres han sido asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas en los últimos 28 días o, lo que es lo mismo, en lo que va de año. Es decir, un hombre ha asesinado a su pareja o expareja cada cinco días en el último mes. Ninguna de ellas había denunciado previamente a su agresor. La suma de mujeres asesinadas a manos de sus cónyuges en España desde 2003 es de 1.039.  

La violencia machista en España, por tanto, es una evidencia. Una realidad que se deja ver en números y estadísticas y que adquiere la dimensión de tragedia cuando se desciende a ras de suelo.

También cuando se dan situaciones como la que sufre ahora Gloria Susana Flores, que ingresó este lunes en prisión tras ser condenada por un delito de lesiones a su expareja durante una discusión en la que él la golpeó repetidamente y amenazó con matarla. Sin embargo, ella está en prisión y el hombre, libre. "Mi madre lo único que hizo el día de los hechos fue evitar ser asesinada", ha escrito su hijo, Joan, de 19 años en una carta en la que pide su indulto.

En este contexto acudió España a su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, cada cinco años, evalúa la situación de los Estados miembros de la ONU para comprobar si están cumpliendo con sus obligaciones en Derechos Humanos. Y la violencia machista y la necesidad de dar una mejor respuesta a las víctimas ocupó un lugar importante entre las más de 200 recomendaciones que los países miembros del Consejo recitaron a España y cuyo borrador ya está disponible. 

Sin embargo, las recomendaciones a España no se redujeron solo a la necesidad de continuar una lucha más eficaz contra la violencia de género. También ocuparon un espacio relevante las peticiones para la lucha contra la trata con fines de explotación sexual; las críticas a la Ley de Seguridad Ciudadana; la denuncia de las devoluciones en caliente; la necesidad de ratificar la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; y otras recomendaciones, ya habituales, que apuntan a la necesidad de acabar con la impunidad franquista o investigar a fondo las denuncias de torturas o malos tratos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Medidas contra la violencia machista

Varios países felicitaron a España por los pasos dados en la lucha contra la violencia machista y celebraron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero animaron a las autoridades españolas a continuar el camino emprendido con más firmeza. Australia, por ejemplo, fue contundente en su petición: "Frenar el alto número de muertes de mujeres como resultado de la violencia cometida por parejas o exparejas". Austria también pidió "garantizar" a las víctimas de violencia de género acceso a medidas de protección; mientras que otros países, como la República Checa, Cuba, Georgia, Venezuela o Angola instaron a España a desarrollar más "acciones efectivas para reducir la violencia contra la mujer", tal y como señaló la representante cubana. 

Pero las recomendaciones no quedaron ahí. Entre las que recibió España en esta materia también destacaron las peticiones para que el Estado mejore la formación de jueces, juezas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en violencia machista. Francia y Malta, por ejemplo, pidieron a España que proporcione "capacitación adecuada a los órganos judiciales responsables del procesamiento y la investigación" en casos de violencia de género. También Croacia, Turquía, Brasil y Dinamarca pidieron a España que se asegure de que las víctimas de violencia machista tienen acceso a "medios de reparación y protección" suficientes. 

También destacó la petición de Uruguay, que recomendó a las autoridades españoles que ningún juzgado vuelva a aplicar el Síndrome de Alineación Parental (SAP). La petición del país latinoamericano es especialmente relevante ya que surge tras el conflicto que España y Uruguay han mantenido por el caso de María Noel, una mujer de nacionalidad uruguaya que perdió la custodia de su hija y le fue entregada a su padre, que había sido acusado de abusar sexualmente de la menor. 

En este caso, tal y como denunció Público, tanto la jueza como los servicios técnicos forenses catalanes fundamentaron sus dictámenes en el llamado SAP, un concepto pseudocientífico no reconocido por ningún organismo internacional y desaconsejado por el propio Consejo General del Poder Judicial, aunque sigue utilizándose en resoluciones judiciales. 

También fueron habituales las peticiones a España para que tome medidas y desarrolle políticas que permitan el "empoderamiento" de las mujeres; reduzca la "brecha salarial", promueva "la igualdad de género en todos los ámbitos" y el número de mujeres en puestos de responsabilidad tanto en el ámbito público como privado. Asimismo, en las recomendaciones, también se propuso a España la posibilidad de incluir otras formas de violencia de género en la ley orgánica. 

Llueve sobre mojado en violencia de género

Las recomendaciones que ha recibido España en este Examen Periódico Universal se suman a las que ya recibió en 2015, cuando el país se sometió por última vez a esta herramienta de la ONU para revisar el cumplimiento en cada país de los compromisos en Derechos Humanos.

En aquel momento, España ya recibió recomendaciones para "fortalecer las medidas para eliminar la violencia contra la mujer" (Japón); "fortalecer el programa de protección contra la violencia sexual y de género, centrándose en la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad de las medidas de protección" (Suiza), o evaluar "los obstáculos con que tropiezan las víctimas de violencia de género para beneficiarse de una protección efectiva y obtener justicia y reparación" (Países Bajos).

Asimismo, Estados Unidos pidió a España en 2015 que garantizara que "el personal judicial, los agentes de las fuerzas del orden y otros funcionarios estén debidamente formados en todas las formas de violencia de género y discriminación".

La violencia de la trata de mujeres

Las recomendaciones de los diferentes países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a España también han hecho especial hincapié en la necesidad de luchar contra la trata con fines de explotación sexual. Así nos lo pidieron, entre otros, países como Reino Unido, Suecia, Brasil o Bulgaria. Las autoridades brasileñas, por ejemplo, insistieron a España en la necesidad de aprobar un Plan de acción que combata la trata de personas en España. 

En este sentido, cabe recordar que un informe de Movimiento por la Paz, de 2018, señala que España es uno de los principales países de destino de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la mayoría de ellas jóvenes de entre 18 y 25 años que provienen de Nigeria, Rumanía, China, Brasil y Bolivia. 

Por su parte, PSOE y Podemos se han comprometido en su acuerdo de Gobierno a "erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual" y a aprobar una Ley integral "que incorpore medidas de prevención y persecución" contra las redes de tráfico de mujeres y niñas que son "obligadas a ejercer la prostitución" en España.

Acabar con las devoluciones en caliente

Otra de las recomendaciones que más se repitió fue la de acabar con las conocidas como 'devoluciones en caliente' en las fronteras de Ceuta y Melilla, es decir, de las expulsiones inmediatas de los migrantes en el momento en que intentan cruzar y sin aplicarles las protecciones de la legislación de extranjería. En este sentido, el representante del Estado español, Fernando Valenzuela Marzo, Secretario de Estado Asuntos Exteriores, afirmó en el Consejo de Derechos Humanos que en España no se dan este tipo de situaciones. 

Cabe recordar, en este sentido, que España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la devolución sumaria e inmediata de N.D. y N.T., dos jóvenes de Malí y Costa de Marfil que, el 13 de agosto de 2014, saltaron la valla de Melilla, fueron interceptados por la Guardia Civil y entregados a las fuerzas auxiliares de Marruecos, que tratan de impedir la llegada de migrantes a la valla. Sin embargo, el propio Tribunal se comprometió a revisar la condena tras el recurso presentado por el Gobierno español. 

El veredicto del TEDH sobre este caso, que acarreará importantes consecuencias, tendrá lugar el próximo 13 de febrero, según ha adelantado El País. Ese es el momento fijado por los 17 magistrados que componen la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo.

Protección a los derechos del migrante y de asilo

La situación de los migrantes en España fue uno de los temas que protagonizó el Examen Periódico Universal al que se sometió España. En esta materia, además del rechazo de las devoluciones en caliente comentada anteriormente, destacaron por encima del resto dos asuntos concretos. Por un lado, un número importante de países instaron a España a ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Por otro, se pidió a España que mejore la protección de los solicitantes de asilo y que dote a la Administración de más recursos para ofrecer mayores garantías. 

El Tratado sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios trata de recoger un marco jurídico mínimo sobre las condiciones laborales de los trabajadores migratorios, víctimas frecuentes de explotación laboral. Así, esta convención busca implantar medidas para erradicar los movimientos migratorios clandestinos, castigando principalmente a traficantes, pero también a empleadores de migrantes en situación irregular. Sin embargo, ni Estados Unidos ni ningún país europeo, principales receptores de mano de obra migrante, ha firmado o ratificado el Tratado. 

Además, varios países señalaron a España su obligación de proporcionar alojamiento humanitario temporal a los migrantes irregulares mientras se tramitan sus casos, como alternativa a la detención, y a tomar medidas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes y los solicitantes de asilo, así como garantizar el acceso a un nivel de vida adecuado.

Libertad de expresión y derecho de reunión

El tema estrella del EPU, no obstante, fue la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. Así, Suiza recomendó "reformar" esta Ley Orgánica y Alemania pidió directamente que se revisen los artículos 36.6, que regula la desobediencia o la resistencia a la autoridad, y el 37.4, sobre las faltas de respeto y consideración a agentes de Policía, para analizar si suponen una amenaza para "el derecho a la protesta". 

Sin embargo, las críticas y recomendaciones en este ámbito son numerosas. Costa Rica, Chipre, Egipto y México, entre otros, llaman a España a "garantizar el pleno respeto del derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación". Mientras que Bélgica pide "garantizar la libertad de expresión" y "revisar" su Código Penal para "garantizar que sus crímenes en están en línea con las definiciones reconocidas internacionalmente". 

Por último, Canadá también solicitó a España que revise las leyes relativas a los delitos penales de injurias a la Corona y ofensa a los sentimientos religiosos. 

Derechos económicos y acceso a la vivienda

Con respecto al problema del acceso a la vivienda y los desahucios, los diferentes Estados recomendaron a España promover la construcción generalizada de viviendas sociales para las familias vulnerables y adoptar un marco legislativo relativo al derecho a la vivienda destinado a garantizar que las personas desahuciadas tengan acceso a una indemnización u otra vivienda decente y que tengan acceso a un recurso judicial efectivo. 

Por otro lado, también se recomendó a España fortalecer las políticas de lucha contra el desempleo y promover el empleo digno, especialmente entre los jóvenes. Asimismo, España recibió recomendaciones para que amplíe la cobertura de las pensiones, prestando especial atención a las personas y grupos más desfavorecidos. 

Justicia para las víctimas del franquismo

También hubo hueco para la habitual recomendación de acabar con la impunidad del franquismo y dar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura acceso a la Justicia. En este sentido, Suiza pidió que se investiguen los crímenes cometidos bajo el prisma "del derecho internacional" y dar "verdad, justicia y reparación" a las víctimas. Así, Argentina también pidió a España que adopte medidas legislativas para tipificar el delito de desaparición forzada tal y como lo regula la legislación internacional. 

Estas recomendaciones, y otras, se suman a las que ya recibió España en su EPU de 2015. En aquel entonces, Suiza ya pidió a España "una estrategia amplia para abordar los problemas del pasado" sobre la base "de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", y países como Armenia y Chile pidieron a las autoridades españolas que den satisfacción a los derechos de las víctimas de la dictadura franquista. 

En este sentido, las autoridades españolas, tal y como también hicieron en 2015, argumentaron que los crímenes del franquismo no pueden ser juzgados debido a la prescripción de los delitos. la Ley de Amnistía de 1977 y los principios de legalidad y de no retroactividad de la ley penal. Asimismo, el representante del Estado español recogió la creación de la Dirección General de Memoria Histórica (ahora elevada a Secretaría de Estado); señaló que el Gobierno trabaja en un Protocolo de actuación en exhumaciones y en la redacción de un Real Decreto que regule la creación de un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y en el diseño de un Plan Estatal de Memoria Histórica que abordará la realización de planes de búsqueda, localización, exhumación e identificación de desaparecidos". 

Detención incomunicada y denuncias de torturas

También se produjeron críticas a la aplicación que hace España de la detención incomunicada. En este sentido, Luxemburgo propuso a España abolir el régimen de incomunicación y prohibir la detención en solitario de más de 15 días, mientras que Austria instó a España a no utilizar este régimen en adolescentes. Por último, la República Checa recomendó a España armonizar la legislación internacional sobre tortura y detención internacional con normas internacionales. 

Los Países Bajos también aconsejaron a España que "todas las denuncias de tortura u otros malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén sujetas a una investigación pronta, exhaustiva e imparcial". En este sentido, Panamá señaló la necesidad de eliminar la distinción entre tortura grave y no grave que recoge el artículo 174 del Código Penal. 

Asimismo, Rusia pidió a España "garantizar las investigaciones independientes y efectivas en casos de acciones desproporcionadas de los agentes de Policía contra los participantes en manifestaciones".

Discriminación e identificación por perfil racial

Por último, destacar que España recibió un buen número de recomendaciones para evitar situaciones de discriminación por cuestión de raza. Malasia pidió a España fortalecer las medidas para abordar todas las formas de discriminación contra minorías; Filipinas pidió "asegurar los recursos financieros adecuados para programas" que luchen contra la discriminación; y otros países, como Bosnia Herzegovina, también recomendaron "combatir el racismo, la discriminación racial y la xenofobia". 

México, Eslovaquia y Ecuador, por su parte, pidieron a España que tome medidas para que no se produzcan controles de identidad basados en motivos étnicos y raciales.