Una vez que saben lo que es, una abrumadora mayoría de los catalanes está a favor de la implementación de la renta básica universal (RBU). Esta es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva –adscrita al Departament de la Presidència de la Generalitat–, a partir de una muestra de 3.000 personas, a la que ha tenido acceso Público.

Específicamente, el 79% de los ciudadanos está de acuerdo en que salga adelante una medida de este tipo, que también recibe un apoyo mayoritario entre los votantes de PSC y Junts. Son los dos partidos que el pasado viernes decidieron liquidar el plan piloto de la RBU, que el Govern quería comenzar este año. El plan pretendía que durante dos años 5.000 personas cobraran la RBU, con una cantidad de 800 euros por mes por adulto y 300 para menores.

La encuesta, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre septiembre y noviembre del año pasado, muestra de entrada que solo el 34,4% de los catalanes conocen el concepto de ingreso básico universal, mientras que el 44,8% "ha oído hablar de él, pero no saben exactamente a lo que hace referencia" y el 20,8% confiesa no saber nada de él. Sin embargo, una vez que se conocen los detalles, el 79% defiende su implantación, con el 47% de los ciudadanos que están "bastante o totalmente de acuerdo", mientras que apenas un 20% se opone.

Los votantes de la CUP (8,2), En Comú Podem (7,8) y ERC (7,1) son los que mejor nota ponen a la RBU y, al mismo tiempo, los que más defienden su aplicación, pero tanto los de PSC como los de Junts también son partidarios, con una valoración de 6,7 sobre 10. Su posición, por tanto, se aleja de lo que defienden las direcciones de estos dos partidos. Incluso entre los de Cs se supera el 5 (5,3), mientras que solo los votantes del PP (4,9) y Vox (4,3) se decantan contra su aplicación. En función de la edad, el mayor grado de apoyo a la renta básica lo encontramos entre los jóvenes de 16 a 29 años, mientras que si la variable es la situación laboral los más partidarios son aquellos que no trabajan o que lo hacen jornada parcial.

Mejoraría el bienestar o permitiría combatir la pobreza

A la hora de valorarla, los partidarios de su implementación citan cuestiones como que permitiría "combatir la pobreza" o mejoraría el bienestar de las personas, mientras que quienes se oponen a ella opinan, sobre todo, que desincentivaría la búsqueda de trabajo. Además, la mayoría de la población –el 72%– considera que la vida le cambiaría si se instaurara la RBU –ya sea algo (34,0%), bastante (27,5%) o mucho (10,8%)– y que, entre otros efectos, esto se traduciría en un aumento de su "tranquilidad", una mejora a nivel de bienestar o una mejora económica individual o de la economía familiar.

Otros cambios hipotéticos si se aplicara una prestación de este tipo es que 3 de cada 4 personas que están estudiando optarían por alargar los estudios y, por tanto, seguir formándose; mientras que entre el resto, el 41% reanudaría los estudios. Asimismo, siete de cada diez catalanes reconocen que si la recibiera dedicaría más tiempo a actividades de ocio, también a la familia y la mitad decidiría implicarse en asociaciones o entidades. Pagar deudas o préstamos pendientes o contratar ayuda externa para las tareas del hogar o el cuidado de familiares son otras de las opciones que contemplaría buena parte de la ciudadanía catalana.

A nivel de trabajo, casi el 70% dice que no haría cambios si la cobran, mientras que el 20% reduciría sus horas de trabajo, poco más del 5% intentaría cambiar de trabajo y el 3.7% dejaría de trabajar. Con respecto al destino específico del dinero, el más común sería afrontar la economía de la vida cotidiana, el pago de la vivienda o las actividades de ocio, aunque esto cambia dependiendo de la edad y el grupo más joven, de 16 a 29 años de edad, priorizaría los recursos para su emancipación.

Si se hace una proyección a los cinco años de la implantación de la RBU, el 81% de los catalanes cree que habrá aumentado el consumo, el 75% que habrá incrementado el bienestar y el 72% que las personas tendrán más tiempo para hacer lo que quieran. Asimismo, siete de cada diez encuestados también creen que provocaría un crecimiento de la inflación y que "nadie querrá hacer los trabajos de menor calidad y peor pagados". Sin embargo, la mayoría se imagina un futuro más "feliz" y "tranquilo".

Además, el 75% de la población defiende que para implantar la prestación las rentas altas deben pagar más impuestos, un aspecto en el que el mayor grado de rechazo aparece, justamente, entre aquellas personas que ingresan 5.000 euros o más al mes. Por último, el 76% de los catalanes está a favor de que antes de la implementación de la RBU se lleve a cabo una prueba piloto, una opción que ahora mismo no será posible en Catalunya por la decisión de PSC y Junts, secundada también por Cs, PP y Vox.