El juicio de la pieza política del caso ERE ha vivido este lunes una de las sesiones más duras hasta el momento: la del interrogatorio a la ex consejera de Hacienda del Gobierno andaluz y persona de estrecha confianza del ex presidente José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo. De los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados, ella es sin duda la que transmite mayor tensión, nerviosismo y dolor por estar ahí sentada, enfrentándose a una pena de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Durante todo el juicio, su rostro ha estado desencajado, incómodo, apenas ha encontrado un minuto para relajarse hablando con la ex ministra Magdalena Álvarez, que se sienta a su lado. Esa tensión acumulada ha aflorado en el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción. La ex consejera se ha mostrado visiblemente molesta por las preguntas, cortante en las respuestas, hasta el punto de que el juez ha llegado a llamarle la atención y acusarla de tener “un tono arrogante que no es el adecuado” con el fiscal. Ella se ha disculpado inmediatamente.

Martínez Aguayo heredó la cartera de Hacienda cuando Griñán fue designado para suceder a Manuel Chaves en la presidencia de la Junta. El escándalo de los ERE le dio de lleno y, tras la dimisión de su jefe, siguió en el Consejo de Gobierno hasta que la presidenta Susana Díaz la destituyó de manera fulminante. Díaz barrió a todos los consejeros salpicados por el caso ERE para hacer borrón y cuenta nueva, para dejar atrás el mayor escándalo de corrupción que ha afectado a la Junta de Andalucía, y que estuvo a punto de sacar al PSOE del poder.

El papel que se le atribuye a Martínez Aguayo en el caso ERE es muy similar al que imputan a Griñán: ambos fueron principales responsables del departamento de Hacienda y Administración Pública y se les presuponía el control del uso de las ayudas sociolaborales. Un control que, según el sumario del caso, no fue lo suficientemente diligente, puesto que se investiga un posible fraude de 741,5 millones de euros en ayudas a empresas en crisis durante diez años (2000-2010).

Vista de la sala de la Audiencia de Sevilla donde se sigue el juicio por la pieza política del caso ERE, durante la declaración Carmen Martínez Aguayo, la número dos de José Antonio Griñán durante su etapa de consejero de Hacienda (2004-2009), y quien le sucedió en el cargo al asumir la Presidencia. EFE/Raúl Caro

La declaración de Martínez Aguayo en el juicio viene precedida de un dato fundamental que había aportado al testificar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): siendo viceconsejera de Hacienda recibió más de un centenar de informes de la Intervención General de la Junta advirtiendo de “irregularidades” en la gestión de las ayudas y “discrepancias contables”, pero “nunca” elevó esos informes a su jefe, Griñán, porque en ningún caso se le advirtió de que se estuviera produciendo un delito de menoscabo de fondos. Hoy ha vuelto a ratificar esta tesis que, para muchos, servirá de cortafuegos para que las acusaciones no lleguen a lo más alto del Consejo de Gobierno, esto es, a los ex presidentes Chaves y Griñán (sobre todo al segundo).

Muchos piensan que Martínez Aguayo se autoinmoló con esta declaración judicial -que también hizo en sede parlamentaria- para salvar a Griñán, porque no hizo sino confirmar que, bajo su criterio y sin comentárselo nunca a su jefe, obvió o minimizó los avisos de la Intervención. Sin embargo, en el transcurso de este juicio el escenario ha cambiado, porque el propio ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, modificó sustancialmente y de forma sorpresiva su declaración inicial, asegurando ahora que las irregularidades que detectó en los expedientes de ayudas no eran, en ningún caso, supuestos delictivos de menoscabo de fondos, como siempre defendieron los ex altos cargos que recibieron sus informes (entre ellos Martínez Aguayo).

La ex consejera admitió ante el tribunal que recibía una media de 80 a 90 informes del interventor cada año, pero no se los leyó todos, porque se trataba de informes ordinarios sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta. “En ningún momento requirió ni elevó ni advirtió de informe de actuación sobre el programa presupuestario 31L”, el llamado “fondo de reptiles”, del que salían las ayudas bajo sospecha y que gestionaba personalmente el principal imputado en el caso, Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo. Martínez Aguayo, igual que Griñán, se escuda en un tecnicismo administrativo para justificar por qué no saltaron las alarmas con los informes de la Intervención General de la Junta que advertían que el sistema utilizado para la concesión de las ayudas era “discrecional” y “opaco” y que daba pie a “irregularidades” y “discrepancias contables”. La explicación es que no se encendió el piloto rojo, porque ninguno de esos “reparos” era un informe de actuación, que en lenguaje administrativo significa la alerta de un delito de menoscabo de fondos.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio de la pieza política del caso ERE en la Audiencia de Sevilla. EFE/ Pepo Herrera

Martínez Aguayo fue viceconsejera de Griñán entre 2004 y 2009, año en el que fue ascendida a consejera de Hacienda hasta 2013. Hasta 2006, según ha reconocido ante el Ministerio Público, no tuvo conocimiento del “uso inadecuado” de las transferencias de financiación, el sistema de pago de ayudas que está en tela de juicio y que permitía a la Consejería de Empleo pagar a través de una empresa pública (IFA/IDEA) para agilizar los abonos eludiendo el control y la fiscalización previa, según denuncia el fiscal. Sin embargo, la ex consejera ha reiterado que ese “uso inadecuado” que advirtió el interventor no implicaba “tacha de ilegal”. “Eso que usted pregunta significaría saltarse la ley y yo nunca he ido contra la ley”, ha respondido, seria.

A preguntas del fiscal, Martínez Aguayo ha sido rotunda en este aspecto: “No tenía nada que comentar” con Griñán, ni cuando era titular de la cartera ni cuando fue presidente, porque nunca se denunció riesgo de menoscabo de fondos y, por tanto, “nunca se requirió una actuación que tuviera que ser trasladada al consejero”. Es más, ante la insistencia del fiscal por saber cuánto sabía Griñán de la situación que describían los informes del interventor, la ex consejera ha dicho que sólo le trasladó que le control financiero estaba mejorando mucho. “Mi énfasis estaba en las mejoras que se hacía en el control, como la emisión de informes adicionales”, subrayó.

El interrogatorio se ha prolongado casi cuatro horas. La ex consejera ha aportado una versión muy similar al del resto de altos cargos, subrayando además que tanto el uso de las transferencias de financiación como la gestión de la polémica partida 31L figuraban en los Presupuestos Autonómicos que aprobaba cada año el Parlamento andaluz -con conocimiento de todas las fuerzas políticas- y llevaban sus correspondientes informes de Cámara de Cuentas, órgano que fiscaliza el uso del dinero público. “Ninguno de estos organismos planteó ninguna tacha de ilegalidad a estas partidas presupuestarias que fueron discutidas, modificadas, debatidas y validadas” por el Parlamento sin que se hiciera ninguna “advertencia” sobre ningún delito.

En el juicio de la pieza política del caso ERE, que arrancó el pasado mes de diciembre, se están escuchando las versiones de los acusados a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de los abogados defensores, pero ninguno de los imputados ha querido, de momento, responder a las preguntas de las acusaciones particulares (PP y el sindicato ultraconservador Manos Limpias).