Tras los retrasos impuestos por la pandemia, ahora es el temporal de nieve el que ha suspendido este lunes la instrucción en el juzgado número 23 de Madrid de la causa contra siete responsables de Metro de Madrid por la presunta comisión de dos homicidios imprudentes y un delito continuado contra los Derechos de los Trabajadores en relación a la presencia de amianto en el suburbano madrileño. Por tercera vez se aplazan, posiblemente hasta marzo, las declaraciones ante la jueza María Isabel Garaizaba de los siete investigados, responsables y exresponsables de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del metro, acusados por la Fiscalía de no advertir a los trabajadores de la existencia y del riesgo de amianto en instalaciones y trenes del metro madrileño.

Durante 27 años, la empresa pública Metro de Madrid no solucionó el problema del amianto, permitiendo que trabajadores y usuarios estuvieran en contacto con el asbesto, un material prohibido por ser altamente cancerígeno, usado durante décadas en la industria por su alta resistencia y flexibilidad. Así concluyó el dictamen de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid en 2019. Pero lo que se investiga ahora en el juzgado de instrucción 23 de Madrid es si desde 2003 hasta 2017, los responsables del metro sabían de la existencia de amianto en instalaciones y maquinaria y no advirtieron de su presencia y peligrosidad, falleciendo dos trabajadores por cánceres derivados de la inhalación de asbesto durante décadas: Julián Martín y Antonio Morán.

El Comité de Salud de Metro de Madrid elaboró un informe en 2003 detallando las estaciones y trenes donde había amianto, aunque en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, directivos y exdirectivos del metro negaron conocer la existencia de dicho informe. Algo que los representantes de los trabajadores ponen en duda. "Ya sabían que al menos un tercio de las estaciones contenían amianto y no se nos advirtió a los trabajadores del riesgo ni se puso en marcha ningún protocolo de protección", dice a Público Juan Carlos de la Cruz, secretario general de CC.OO. en el metro de Madrid.

Los directivos y exdirectivos de Metro de Madrid investigados son:  F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., coordinadoras de prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de enero de 2012 a la actualidad; J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; y J. O., que perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material Móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005. Los delitos por los que están siendo investigados son por dos homicidios imprudentes y lesiones por imprudencia y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Tanto el sindicato CC.OO. como el Sindicato de Maquinistas del metro madrileño están personados como acusación particular en el caso. El presidente del comité de empresa de este último sindicato, Francisco Javier del LLano, explica que ya son seis sus compañeros fallecidos por amianto en el metro y han sido reconocidas sus enfermedades letales por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). "Se investigan solo dos de las muertes pero ya llevamos seis. Tres eran reparadores y tres maquinistas. En estos momentos hay ocho trabajadores con cáncer derivado del amianto y tienen reconocida su enfermedad profesional por el INSS", informa este sindicalista.

La lucha contra la empresa pública continúa en diversos juzgados, en juicio laborales planteados por Metro de Madrid contra resoluciones de la Inspección de Trabajo que obliga a resarcir a trabajadores enfermos ya jubilados. "Por ejemplo, un compañero de 68 años tiene que ir a juicio, el próximo mes de marzo, porque el INSS le reconoció la enfermedad profesional una vez que dejó la empresa y ahora ésta no quiere pagar", dice Juan Carlos de la Cruz, de CC.OO. 

"Cogíamos el amianto con las manos"

Santos González Rollán, trabajador de Metro de Madrid, de 61 años, ya declaró a principios de año ante la jueza Garaizaba. Le contó que llevaba 45 años trabajando en el suburbano como operario de mantenimiento, sobre todo, de las escaleras mecánicas. "En las zapatas de los frenos de las escaleras y en los útiles de soldadura de los pasamanos hay amianto, pero nunca nos dijeron que era peligroso, lo cogíamos con las manos, sin guantes ni mascarillas", relata a Público este trabajador en situación de baja médica. En 2014 le diagnosticaron asbestosis, enfermedad pulmonar derivada de la instalación en los pulmones de micropartículas del asbesto.

Los médicos tardaron un año en llegar al diagnóstico de Santos González Rollán: detectaron pequeñas partículas en los pulmones que habían provocado fibrosis. "Metro de Madrid me reconoció la enfermedad profesional pero no me dio de baja, pese a que me cansaba con facilidad; seguí trabajando, en otras tareas menos pesadas", cuenta Santos. Pero en octubre pasado, llegó el más terrible diagnóstico: cáncer pulmonar. "Los médicos ya me lo habían advertido, que podía derivar en tumor, y así ha sido. Solo espero que los responsables del metro, si sabían con lo que estábamos trabajando, vayan a la cárcel", pide este hombre.

Antonio Morán Canseco, compañero de Santos, falleció en mayo de 2018 por cáncer derivado de asbestosis. Fue el primer fallecido por esta causa en el metro madrileño. El segundo trabajador cuya muerte se investiga falleció el año pasado, Julián Martín. Metro de Madrid decidió indemnizar, el pasado mes de noviembre, a la familia de Antonio Morán al aceptar la demanda por daños y perjuicios presentada por el hijo y la viuda, que también están personados en la vía penal abierta en el juzgado de María Isabel Garaizaba. El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) había reconocido a Morán la enfermedad profesional un año antes de fallecer.

De momento, no está llamado a declarar ningún responsable político por el caso del amianto en el metro madrileño, pero el secretario general de CC.OO. en el suburbano no lo descarta. "Será la jueza la que, en vista de las declaraciones de los siete investigados, decida si tiene que llamar a algún cargo político, que podría ser el consejero delegado de Metro de Madrid o el consejero de Transportes entre los años 2003 y 2017. Nosotros creemos que sí, que se debería pedir explicaciones a los cargos del gobierno regional", explica Juan Carlos de la Cruz.

Las mujeres también son víctimas

Hay en estos momentos varios frentes abiertos en diversos juzgados españoles por miles de trabajadores afectados por amianto. Pero sus esposas también han resultado perjudicadas en su salud por el contacto con el material tóxico. En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo confirmó las indemnizaciones a las esposas de tres empleados de las fábricas de la empresa de fibrocemento con amianto Uralita de Getafe y Valdemoro por la exposición al asbesto que impregnaba la ropa de trabajo de sus maridos. Durante años, las mujeres inhalaron las partículas de asbesto, sin saberlo, impregnadas en la ropa de trabajo de sus maridos. El Supremo abría así una importante vía para las parejas de trabajadores afectados por el amianto, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que concedió 22.190 euros a una de las mujeres y 74.417 a otra de ellas y a los herederos de la tercera, que ya había fallecido. 

Sigue apareciendo amianto en el metro

La presencia de amianto continúa en el suburbano madrileño, con el consiguiente riesgo para los trabajadores que siguen en contacto con este material. La empresa Metro de Madrid desarrolla desde 2018 un plan para eliminar la totalidad de piezas que presenten amianto de la red suburbana, unos trabajos que se prolongarán hasta 2025 y en el que se han invertido 140 millones de euros. En noviembre pasado, se detectó presencia de amianto en la zona de ruedas de un modelo de trenes con una antigüedad de 27 años, y un mes antes se había localizado una nueva pieza con amianto, concretamente en los condensadores electrolíticos fabricados antes de 1991, presentes en los coches de la serie 2000A.

En cuanto a la salud de los trabajadores, Metro de Madrid suscribió hace unos meses un acuerdo con el Comité de Seguridad y Salud de Metro por el que el suburbano madrileño llevará a cabo la vigilancia sanitaria específica del amianto a 3.500 empleados en activo cuya incorporación a sus puestos se haya producido antes de noviembre de 2017 y hayan trabajado con determinados modelos de material móvil. "La Inspección de Trabajo les pidió que también les hagan ese seguimiento a los compañeros jubilados y se han empezado a hacer", dice Francisco Javier del Llano.