La sombra de las denuncias de las torturas planea sobre el nuevo ministro del Interior del Gobierno socialista, Fernando Grande-Marlaska. Y lo hace por diferentes flancos. Por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT); por varios de sus compañeros en la propia Audiencia Nacional; y, por último, por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. La sombra tiene una forma bien definida y concreta: Grande-Marlaska no investigó suficientemente bien las denuncias de torturas por parte de detenidos que estaban bajo su custodia ni ha implementado medidas que garanticen que no existan malos tratos a los detenidos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en cinco ocasiones por no investigar las torturas de detenidos por su presunta integración o colaboración con ETA que estuvieron bajo custodia del entonces juez Grande-Marlaska. Se trata de los casos de Igor Portu y Mattin Sarasola (2018); el de Beatriz Etxebarria (2014); de Oihan Ataun Rojo (2014);​de Patxi Arratibel Garciandia (2015); y de Xabier Beortegui Martínez (2016). La abogada de estos detenidos, con excepción de Etxebarria, fue la letrada Amaia Izko, que en conversación telefónica con Público, señala que: 

"En los casos mencionados conseguimos demostrar que el juez no hizo nada por investigar o evitar las torturas o malos tratos durante el tiempo de incomunicación. Pero hay muchos más casos. He defendido a cientos de personas que han denunciado torturas con Grande Marlaska como juez instructor. Solo en un caso conseguí que se repitiera una declaración. Estas personas además siempre decían que el juez mantenía una especie de burla en su talante. Estoy hablando también de denuncias por agresiones sexuales o vejaciones por la condición de homosexual de algunos de los detenidos", explica Amaia Izko, que considera el nombramiento de Grande-Marlaska como "una burla" a la lucha contra la tortura en el Estado español. 

La última condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España fue la de Portu y Sarasola, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también acreditó malos tratos policiales para los detenidos. Sarasola denunció esos malos tratos durante los cinco días en los que estuvo incomunicado. Antes, Estrasburgo había condenado a España por casos en los que Grande-Marlaska era el juez instructor responsable de los detenidos. 

Así fue el caso de Xabier Beortegui Martínez, que también fue recogido por la propia Amnistia Internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos destacó que ni el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, donde estaba el actual ministro, ni tampoco el juzgado ante el que posteriormente se denunciaron los hechos, en Pamplona, llevaron a cabo ninguna investigación efectiva sobre estas alegaciones.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que visitó España en 2011, también censuró a España por sus deficiencias estructurales para evitar casos de tortura en detenidos y por no investigar las denuncias de torturas o malos tratos suficientemente cuando se producen.

Así, es más que destacable que el CPT apuntara directamente contra Grande-Marlaska cuando calificó como "sorprendente" que "todas las detenciones en régimen de incomunicación" de los cinco primeros meses de 2011 (cuando el CPT visitó España) "fueran autorizadas por el mismo juez" [Grande-Marlaska]. Asimismo, este informe también destaca el hecho de que el flamante nuevo ministro no aplicó nunca el protocolo que crearon otros magistrados para evitar que pudieran producirse torturas o malos tratos a detenidos. 

En este sentido, Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), señala a Público que mientras que el resto de jueces de la Audiencia Nacional terminaron aplicando este protocolo que aumenta las garantías de los presos, Grande-Marlaska siempre lo desestimó. Fue el único. 

"No deja de ser curioso que la inmensa mayoría de las detenciones de Policía y Guardia Civil fueran realizadas mientras que él estaba de guardia en la Audiencia Nacional", incide Jorge del Cura, que apunta que este dato es "un indicador" de cuál era la actitud que el juez mantenía ante las denuncias de torturas de los detenidos bajo su custodia. 

Un juez de la Audiencia dice que no toma "garantías"

El juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel también dudó en un voto particular discrepante sobre las medidas que el actual ministro del Interior tomó para evitar las sospechas de torturas a detenidos bajo su custodia. Sucedió en el juicio a miembros de ETA Íñigo Zapirain Romano; Daniel Pastor, 'Txirula', y Beatriz Etxeberria.

Sáez Valcárcel señaló que la declaración inculpatoria que el miembro del 'comando Otazua' de ETA Zapirain Romano realizó ante la Guardia Civil y ratificó ante el instructor Fernando Grande-Marlaska debería ser considerada "nula" porque éste no adoptó las "suficientes garantías materiales" contra la tortura o los malos tratos.

Sáez Valcárcel estimó que la declaración en régimen de incomunicación de los tres etarras, en la que Zapirain inculpó a los otros dos detenidos y reconoció la participación del 'comando' en 12 atentados, se produjo en "circunstancias anormales" porque "a la denuncia de torturas y la retractación de lo declarado" hay que unir "una intensa privación de los derechos básicos del detenido". El Supremo, de hecho, mandó repetir este juicio al asumir la jurisprudencia del TEDH de que hay que investigar las denuncias de torturas hasta el final.

Más críticas de la Audiencia Nacional 

Ha habido otro caso en el que jueces de la Audiencia Nacional también critican  Grande-Marlaska por su poco interés en las garantías procesales de los detenidos. Es el caso de la sentencia que absolvió a 40 jóvenes acusados de formar parte de Segi, una organización juvenil que fue declarada ilegal en 2012. 

La sentencia estimó que el juez central de instrucción, es decir, el actual ministro, no tomó medidas para evitar que fueran torturados para arrancarles una declaración. El fallo, de hecho, contiene varias críticas veladas a la instrucción y ni tan siquiera tiene en cuenta las declaraciones que los acusados realizaron ante la policía durante el régimen de incomunicación por estar "en un contexto inquisitivo y secreto donde no pueden realizarse las garantías del proceso". 

El fallo de la Audiencia Nacional también detecta irregularidades cuando los detenidos fueron puestos a disposición judicial e interrogados por Grande-Marlaska. “La declaración se celebraba de manera inmediata, en algunos casos pocas horas después del interrogatorio policial. Asistía al detenido el abogado de oficio. Aunque en algún acta constaba que se levantaba la incomunicación, lo cierto es que su régimen legal seguía aplicándose: el imputado no era acompañado ni aconsejado por letrado de confianza, ni había podido entrevistarse con el abogado de oficio”, sostiene el tribunal.

Asimismo, el fallo destaca el hecho de que los 36 detenidos inicialmente detenidos se acogieron inicialmente a su derecho a no declarase culpables, pero que 22 de ellos se autoinculparon durante las declaraciones ante la Policía, a sabiendas de que esto podía perjudicarles. "El contraste es revelador", dice el fallo. 

"Una mala noticia"

Con este currículum en su haber, el portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, Jorge del Cura, considera una "mala noticia" el nombramiento de Grande-Marlaska como ministro del Interior: "No es una cuestión personal mía. El juez Grande-Marlaska, durante los años que ha estado en la Audiencia Nacional, ha sido un juez poco preocupado, por decirlo suave, con el problema de las torturas en el Estado. Y lo dice el CPT, la Audiencia Nacional y Estrasburgo. Al margen de su calidad profesional o personal, sí ha quedado acreditado que no es un juez especialmente comprometido con los derechos humanos ni con la lucha contra la tortura".