El PP y Ciudadanos conservan su mayoría de bloqueo en la Mesa del Congreso con cinco miembros frente a los cuatro que suman PSOE y Unidos Podemos, con lo que, si se ponen de acuerdo, pueden entorpecer la tramitación de algunas de las iniciativas que intente activar el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una de las competencias de la Mesa es aprobar las ampliaciones de los plazos de enmiendas de las proposiciones de ley que presentan los grupos parlamentarios.

En los dos años de Gobierno del PP, muchas de las iniciativas más polémicas que habían registrado Unidos Podemos o el PSOE como la derogación de la llamada ley mordaza quedaron paralizadas durante meses gracias a sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas.

Una dinámica que comenzó a romperse el pasado mes de febrero, cuando Ciudadanos dejó de apoyar algunas de esas ampliaciones, permitiendo que proposiciones tales como la propia Ley de Seguridad Ciudadana continuaran su tramitación parlamentaria.

Está por ver qué actitud mantendrá ahora Ciudadanos frente al nuevo Ejecutivo del PSOE que dispone de solo 84 diputados frente a los 134 con lo que ha gobernado el PP.

Otro asunto espinoso y que se ventila en la Mesa son los vetos que pudiera presentar el Gobierno del PSOE a las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.

Desde que comenzó la legislatura, el Ejecutivo del PP vetó unas sesenta proposiciones de ley gracias a la prerrogativa constitucional que le permite oponerse a la tramitación de aquellas iniciativas que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios.

Esta política de vetos generó un duro enfrentamiento entre el PSOE y Podemos, por un lado, y el Ejecutivo del PP, por otro, que terminó con un conflicto de atribuciones que resolvió recientemente el Tribunal Constitucional.

El fallo del Constitucional no cuestiona la prerrogativa del Gobierno para vetar las iniciativas que cree que afectan a los Presupuestos, pero limita su ámbito de actuación al ejercicio presupuestario en curso.

A solicitud del PSOE y Unidos Podemos, los letrados emitieron el pasado mes de mayo un informe en el que rechazaron revisar de oficio y en bloque todos los vetos del Gobierno "popular" a la vista de la sentencia del TC.

No obstante, ambos partidos decidieron presentar de nuevo en el registro las iniciativas que les había vetado el Gobierno de Mariano Rajoy.

En esta nueva etapa de Ejecutivo socialista, el escenario podría darse la vuelta y ser el Gobierno del PSOE el que vetara iniciativas presentadas por el PP acogiéndose a esa misma prerrogativa constitucional.

Al igual que le pasaba al PP, los socialistas no cuentan con una mayoría de bloqueo en la Mesa para levantar o ratificar esos vetos.

Una vez más, la actitud que adopte Ciudadanos y Podemos será vital para el devenir de esta segunda parte de la legislatura en la Mesa.

Las dificultades que se vislumbran en el Congreso son aún mayores en el Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta.

Hoy mismo, el PP ha anunciado que utilizará esa mayoría para retrasar una semana el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en la Cámara Alta, que inicialmente tenía previsto discutir a partir de mañana martes los vetos de los grupos a las cuentas públicas.

Los senadores del PP han solicitado la ampliación del plazo para presentar enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y también el retraso en una semana del debate de totalidad.

Aunque el Senado es una Cámara de segunda lectura y todo lo que modifica la Cámara Alta debe ser ratificado o no por el Congreso, el PP sí puede retrasar la tramitación de los Presupuestos o de otras iniciativas que impulse el PSOE.

En el caso de los Presupuestos, si se aprobara algún veto a las cuentas públicas, sería necesaria la mayoría absoluta del Congreso para levantarlo.

Si se trata de enmiendas parciales, basta la mayoría simple de la Cámara Baja; esto es, más síes que noes para deshacer lo aprobado en el Senado.