Los bancos van a tener que pagar algo más que el impuesto a las hipotecas si finalmente el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario sale adelante. El PSOE apoyará que la nueva norma obligue a las entidades a asumir la mayoría de los gastos generados en la formulación de hipotecas.
Este jueves, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley para que los bancos no puedan deducirse el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), una modificación sobre el Impuesto de Sociedades que ha logrado un cierto consenso entre los diferentes partidos, pero que para Unidos Podemos dista de ser suficiente.

La intención del grupo confederal es que las entidades financieras corran con todos los gastos de constitución, con excepción del seguro de la vivienda. Entre estos gastos se incluyen la factura de la tasación de la vivienda, los gastos de gestoría y notaría, el registro de la propiedad y la comisión de apertura de la hipoteca.

A pesar de que el acuerdo con el PSOE parecía lejos en este asunto, los socialistas finalmente apoyarán que los bancos se hagan cargo de la mayoría de estos gastos, a excepción de la factura de tasación, que creen que debe corresponder al cliente y no a la entidad. El diputado del PSOE y miembro de la ponencia del proyecto legislativo Gonzalo Palacín asegura que su grupo quiere incluir en la norma que los bancos asuman “la mayor parte” de los gastos inherentes a la formulación de hipotecas, entre los que se incluyen, además del citado impuesto, la inscripción y el registro. Los socialistas defenderán esta posición en la reunión de la ponencia de la ley que tendrá lugar la próxima semana en el Congreso.

Unidos Podemos ha sido uno de los grupos que más enmiendas ha presentado al Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, también denominada “Ley Guindos”; de hecho, el grupo confederal trató de sacar adelante en febrero un texto alternativo que establecía que todos los gastos de constitución de las hipotecas debían ser asumidos por el banco. Sin embargo, el proyecto solo tuvo a favor los votos de Unidos Podemos y de ERC, ya que el PSOE se abstuvo y el resto de grupos votaron en contra.

Por eso, parte de las enmiendas de los de Pablo Iglesias van destinadas a que la ley obligue a los bancos a hacerse cargo de todos los gastos de gestión. Una de las enmiendas establece incluso la devolución con carácter retroactivo de todos los gastos de constitución del préstamo hipotecario, una cuestión que el grupo confederal llevará la próxima semana a la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a través de una pregunta a la vicepresidenta del Ejecutivo.

Otro de los puntos que generan conflicto entre el PSOE y Unidos Podemos respecto a la nueva ley hipotecaria es el de los desahucios. Los de Iglesias denuncian la existencia en la norma de una disposición que reanudaría muchos de los procedimientos de desahucios hipotecarios que en este momento se encuentran paralizados hasta que el Tribunal de Justicia de la UE aclare su criterio sobre los efectos de la nulidad de las condiciones de vencimiento anticipado.

Sin embargo, Palacín insiste en que “se va a dejar claro” que la ley no afectará a procesos judiciales abiertos, y que será de aplicación a partir de su aprobación, por lo que no tendrá efectos sobre situaciones del pasado. Los socialistas también incorporarán esta cuestión en la próxima reunión de la ponencia.

Trámite de urgencia en el Senado

El Gobierno solicitó este jueves el trámite de urgencia en el Senado para agilizar la aprobación de la norma. El Reglamento de la Cámara Alta recoge que, si el Ejecutivo declara de urgencia un proyecto, la institución tendrá un máximo de 20 días para resolver el procedimiento (aceptarlo, devolverlo al Congreso enmendado o vetarlo, aunque la última palabra es de la Cámara Baja), en vez de los dos meses que se les otorga a los procesos no declarados de urgencia.

Los socialistas admiten que su intención es acelerar el trámite, ya que la aprobación del proyecto de ley también servirá para trasponer la normativa europea sobre hipotecas, una trasposición que lleva dos años de retraso y que puede costarle a España una sanción económica importante.

El PSOE espera cerrar la semana que viene la ponencia para elaborar el dictamen de la ley. Lo siguiente sería la votación del dictamen y de las enmiendas que lleguen vivas en la Comisión de Economía, tras lo cual se llevaría al Pleno del Congreso. La intención de los socialistas es que el texto llegue al Pleno antes de que finalice noviembre, y, una vez superado ese trámite, el Senado solo tendría 20 días para resolver, por lo que la norma quedaría aprobada antes de Navidad; pero algunos grupos no ven factible que se pueda agilizar tanto el proceso.