El ministerio del Interior que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha comenzado a hacer los relevos en las direcciones generales del ministerio. En Guardia Civil, el nuevo director general, Félix Azón, tendrá que hacer frente a los trabajos a medias o desatendidos por su predecesor, el también juez Juan Manuel Holgado. 

Entre esas cuestiones a resolver se encuentra la interlocución con la asociación conservadora Unión de Guardia Civil (UGC), después de que en mayo la Audiencia Provincial de Madrid anulara todos los acuerdos de la Ejecutiva Nacional de la organización, al ser condenada por vulnerar los derechos de seis responsables autonómicos que fueron expulsados saltándose los propios estatutos. Esto afectaría al representante designado para hablar con la dirección de la Benemérita.

Según han declarado a Público fuentes oficiales de la Dirección General de la Guardia Civil, "la sentencia no nos ha sido notificada, por lo que entendemos que no nos afecta al ser una cuestión interna". Sin embargo, aseguran fuentes de los responsables expulsados y que ahora deberán ser readmitidos por orden judicial, "si la UGC y su secretario general, Ramón Prendes, se niegan a cumplir la sentencia, como vienen haciendo desde el mes de mayo, la dirección general tendrá que hacerla cumplir ya que es garante de la legalidad dentro del movimiento asociativo en el cuerpo". 

La dirección ya está informada

En cualquier caso, los responsables de la UGC que han logrado esta sentencia aseguran que la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) "está informada de esta sentencia. Hemos enviado instancia informando. De todas formas en la demanda de ejecución de sentencia se pide que informen a la DGGC del incumplimiento de la misma. ¿Tampoco saben que Unión de la Guardia Civil está recibiendo pasta de UGT?, se informó en su día y no han contestado".

Los dirigentes autonómicos expulsados de la UGC comenzaron a denunciar en los medios de comunicación a partir de 2015 las estrechas y extrañas relaciones que mantenía la ejecutiva de la asociación con los asesores del entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y por qué las denuncias y quejas que ponían ante la DGGC sobre el manejo irregular de los fondos de la organización nunca eran atendidas. Esta dejadez por parte de la cúpula de la Benemérita se ha alargado también a lo largo del mandato de Juan Manuel Holgado. 

Público se ha puesto en contacto con Ramón Prendes, secretario general de UGC, quien ha declinado hablar con Público hasta dentro de unas semanas, aunque asegura que "la noticia está bastante distorsionada de la realidad".