El nietísimo del dictador Franco arremete contra la Guardia Civil: Francisco Franco Martínez Bordiú, que en enero se sentará en el banquillo acusado de haber arrollado a un coche patrulla con un todoterreno durante una fuga temeraria de decenas de kilómetros, acusa al instituto armado de dirigir hacia él las investigaciones por ser quien es, de coaccionar a un testigo clave y de aportar pruebas ilícitas al juzgado.

La defensa de Francis Franco, que impugna tanto el atestado de las investigaciones como la mayoría de los informes aportados por distintas unidades de la Guardia Civil que participaron en las pesquisas, asegura que el instituto armado “actúa como parte implicada y acusadora” en esta causa.

Franco se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal de Teruel durante tres días (del 22 al 24 de enero) para enfrentarse a peticiones de cárcel de hasta seis años y un día, más entre tres y seis años de retirada de carnet y multas de hasta 26.500 euros, como presunto autor de los delitos de atentado, daños y conducción temeraria. S. N. R., empleado de una de las empresas de la familia, afronta una petición de hasta cuatro años y un día de prisión.

El nietísimo está acusado de ser el conductor del todoterreno que la madrugada del 30 de abril de 2012 arremetió contra un Patrol de la Guardia Civil en Lagueruela y perpetró, antes y después de la embestida, una temeraria fuga de decenas de kilómetros por carreteras y caminos de las provincias de Zaragoza y de Teruel que puso en peligro la integridad de varios automovilistas.

La investigación señala a S. N. R. como el copiloto del todoterreno, el cual llegó a mostrar a los agentes, antes de la embestida, la funda de un rifle en una actitud que las víctimas interpretaron como amenazante.

El principal testigo de cargo

La defensa acusa también a la Guardia Civil de presionar a testigos. En este sentido, sostiene que cuando un vecino de la zona declaró a la Guardia Civil que la mañana del día 30 había recogido a Francis Franco y a su compañero de banquillo en Bea, donde más tarde fue localizado el vehículo, lo hizo “ante un estado de presión y ‘vis coactiva”, por lo que pide la nulidad de esa prueba.

El joven, que luego se desdijo de sus palabras mediante un escrito, declaró que fue a ese pueblo sobre las 8.30 horas del 30 de abril tras pedírselo S. N. R., cuyo móvil había llamado poco antes a otro cuyo titular es el padre del muchacho, aunque ambos señalaron que lo usa habitualmente el joven.

El testimonio de S. N. R. es una de las pruebas clave del proceso, como lo es también el estudio de los datos remitidos por varias compañías telefónicas, que, además de registrar esa llamada, sitúan un teléfono móvil registrado a nombre de una empresa de los Franco en el itinerario que siguió el coche de los fugitivos.
Sin embargo, la defensa de Franco, ejercida por la letrada Laura Maniega, tacha esta última de “ilícita” alegando que las compañías no pueden conservar más de un año los datos de los clientes.

El lunes de un puente

La defensa, que pide la “absolución con todos los pronunciamientos favorables”, sostiene en su escrito de conclusiones que Francis Franco “se hallaba en Madrid” la noche del 30 de abril de 2012 (lunes laborable en un puente de cinco días en Madrid) y que “esta es la razón por la que ninguna prueba” le vincula con esa fuga y esa agresión, realizadas con un Toyota Hílux del que era titular, en rénting, una empresa de su familia.

El nietísimo solicita en su escrito de defensa el testimonio de 22 testigos entre los que se encuentran su propio hijo, Francisco Franco Suelves, y un grupo de empresarios que durante la instrucción aseguraron haberle visto, o mantenido contacto con él, en Madrid avanzada la víspera de la persecución y horas después de que esta se produjera, lo que imposibilitaría su eventual presencia en la escena de los hechos.

Entre estos empresarios se encuentran Javier Arenas Miralles, compañero de consejo del acusado en las empresas de aparcamientos Proazca y Urme y cuya presencia ha sido y es habitual en las sociedades de la familia Franco; Bertran Peñalver Clairville, socio de su hijo hasta hace unos años en Entrago 99, y Antonio Becerril Roca.

“Hechos creados ‘ad hoc”

La letrada mantiene que los relatos de las acusaciones, ejercidas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y un agente que resultó lesionado, no son “unívocos”. Y “no lo son –sostiene- porque son unos hechos creados ad hoc con posterioridad a tener conocimiento de que el coche encontrado era propiedad (en rénting) de una sociedad de la esfera empresarial de mi representado”.

Según la tesis de la defensa, la investigación, desarrollada por la Guardia Civil bajo la coordinación del Juzgado de Calamocha, se dirigió contra el ‘nietísimo’ porque “esa circunstancia profería una trascendencia notoria al procedimiento a tenor de la consideración de persona pública” que este tiene.

Francis Franco y S. N. R. siempre han negado haber participado en la fuga. Sin embargo, tanto el juez instructor en un prolijo auto, como posteriormente la Audiencia de Teruel, han confirmado, sin prejuzgar el asunto, la existencia de indicios suficientes contra los dos imputados como para que estos se sienten en el banquillo.

Táctica defensiva

La defensa de Francis Franco también sostiene, en lo que puede ser una táctica jurídica dirigida a allanar el camino para pedir el amparo del Constitucional en caso de una eventual condena, que durante la tramitación de la causa se le ha causado “indefensión” y que se han vulnerado sus derechos a la defensa y la tutela judicial efectiva al no haberle facilitado el Juzgado de Calamocha copias de parte del material que obra en las diligencias y porque algunos folios y documentos contenían supuestas irregularidades formales como errores en el foliado.
“Faltan o están sesgados” documentos “referidos al mismo fondo de las actuaciones”, asegura la defensa, que, alegando que el juez no resolvió sobre una petición suya para suspender los plazos de instrucción, reclama “la pertinente nulidad de actuaciones” desde que las acusaciones presentaron los cargos.