No es la primera vez que el Gobierno de coalición respira aliviado tras conocer que el voto de uno de sus socios habituales en el Congreso permite salvar una de las medidas más importantes de la legislatura. La última vez que sucedió algo parecido, durante breves instantes todo el Ejecutivo, y también la Cámara, creyeron que se había tumbado la reforma laboral. Las bancadas de la derecha estallaron entonces en aplausos y en los grupos de PSOE y Unidas Podemos se hizo un silencio a medio camino entre la incredulidad y la constatación de una catástrofe anunciada.

Esta vez no fue el error de Alberto Casero, diputado del PP, lo que salvó el decreto que contiene el plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, sino el voto favorable de EH Bildu. Mertxe Aizpurua, portavoz del partido vasco en el Congreso, anunció durante el debate de este jueves que votarían a favor "por responsabilidad" (no es la primera vez que esta formación evita una derrota parlamentaria del Ejecutivo), y en el Gobierno recuperaron parte del aliento perdido en las horas previas.

El día anterior a la votación, miércoles, hubo mucho movimiento, y en el Ejecutivo enseñaron todas (o casi todas) sus cartas para buscar la aprobación del denominado plan anticrisis. El espionaje de 'Pegasus' a dirigentes independentistas catalanes y vascos había dejado en el alambre a la norma e, incluso, para algunos había puesto en riesgo la continuidad de la legislatura.

Desde la mañana del miércoles, el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se encerró en reuniones con todos los grupos para alcanzar una mayoría. Las negociaciones se realizaron a varios niveles, según destacan las fuentes consultadas por Público. Aparte del ministro, tuvieron un papel importante los habituales dirigentes socialistas en este tipo de cuestiones. Es decir, el portavoz Héctor Gómez, además de Rafael Simancas o Rafi Crespín, secretaria general del grupo parlamentario. 

Las últimas llamadas y contactos de la noche del miércoles se alargaron hasta la 1.00 de la madrugada. Y las primeras de la mañana comenzaron desde las 6.30. El Gobierno llegó por tanto al Congreso sin la certeza de tener amarrados todos los apoyos necesarios. El voto afirmativo de EH Bildu no se conoció en el seno de los socialistas hasta primera hora de este jueves. 

Tras el anuncio del grupo político vasco y de la negativa del PP, fuentes de Moncloa transmitían su satisfacción. Y afirmaban que los populares ya les habían confirmado su voto negativo en la tarde noche del miércoles. "Querían hacer daño al Gobierno y también a la ciudadanía pero no lo han conseguido", destacaron en los pasillos del Congreso. 

PSOE y PP, versiones contrarias

La versión del Partido Popular no es esa. "Hasta el último momento hemos estado buscando el acuerdo", aseguran fuentes populares. El entorno de Alberto Núñez Feijóo desmiente al Gobierno e insiste en que el voto no estaba decidido, por lo que es imposible que el equipo negociador de Moncloa lo supiese. Uno de los colaboradores más cercanos de Feijóo, con importantes responsabilidades además en materia económica, reconoce a Público que supo que el PP votaría 'no' a primera hora de la mañana.

En las últimas 48 horas socialistas y populares apuraron una suerte negociación 'in extremis' liderada por María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Juan Bravo, consejero andaluz y vicesecretario de Economía del PP, que finalmente fracasó. La última ficha se movió el miércoles por la noche, con una llamada de Félix Bolaños a Cuca Gamarra en la que, según los populares, les quedó claro que el Gobierno contaba ya con los apoyos suficientes para sacar adelante el decreto y no tenía intenciones de negociar con el principal partido de la oposición. 

La cesión del Gobierno a tramitar el decreto como proyecto de ley no pareció pillar desprevenido a Unidas Podemos. En el espacio confederal no entendieron este movimiento como un gesto al PP, sino como una jugada para tratar de atraer el mayor número de votos posibles de grupos que habían pedido poder modificar el texto durante su tramitación parlamentaria.

Fuentes socialistas aseguran, en este sentido, que los grupos ya sabían que se tramitaría por esta vía desde el mismo martes. Es más, en Moncloa recuerdan que el propio Bolaños, en una entrevista realizada en RNE el pasado 8 de abril ya abrió públicamente esa posibilidad. 

Papel de Unidas Podemos

Dirigentes y ministros de UP también mantuvieron de forma permanente el contacto con todas las partes, en su caso con un objetivo claro: tratar de separar el espionaje del caso 'Pegasus' de la votación del plan anticrisis. En el espacio confederal son conscientes de que esta polémica es un misil en la línea de flotación del bloque de la investidura y, por lo tanto, de la legislatura.

La mayoría parlamentaria está quebrada y la confianza de ERC en el Gobierno (que no ha gozado precisamente de estabilidad en estos años) parece haberse esfumado. Los de Yolanda Díaz lo saben y tratan de buscar una solución que permita sentar las bases de la reconstrucción del bloque. Pero el asunto es complicado.

Díaz es favorable a depurar las responsabilidades necesarias por el espionaje a líderes independentistas, aunque ello derive en dimisiones. Pero la vicepresidenta insiste en que para eso es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva y clara que permita esclarecer los hechos y que pueda sostener eventuales dimisiones con argumentos. Primero la investigación, luego los culpables.

En Podemos, sin mencionarla expresamente, ya apuntan, al igual que ERC, a Margarita Robles. La actitud de la ministra de Defensa en esta última semana no ha agradado a la formación morada y ya se empieza a señalar que solo su dimisión puede recomponer la mayoría parlamentaria quebrada. En cambio, tanto Sánchez como destacados miembros socialistas han salido a defenderla sin aparentes fisuras ante las críticas. 

Por la parte socialista, reconocen las dificultades que tienen en estos momentos para abordar determinadas cuestiones con la fuerza política catalana. Recuerdan su actitud con la reforma laboral, que tampoco apoyaron, o con los Presupuestos Generales del Estado del pasado año. En todo caso, no cierran la vía a reconducir la situación. "No va a suponer un punto de inflexión", transmiten fuentes del Ejecutivo. El trabajo para coser las heridas con ERC será uno de los puntos determinantes para el PSOE, y para el Gobierno, en las próximas semanas tras el terremoto que ha supuesto Pegasus.