La negociación de la ley de Vivienda permanece lastrada por las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de regulación de los alquileres (los socialistas no renuncian a su propuesta de incentivos fiscales y la formación morada recuerda que no poner techos a los precios es un incumplimiento del acuerdo de coalición), pero avanza. 

Este martes se han vuelto a reunir los equipos negociadores de los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, un encuentro en el que se han constatado algunos avances en materias como la movilización de la vivienda vacía o la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Ante la persistencia del bloqueo en materia de regulación de los precios del alquiler, parece que la negociación ha encontrado una 'vía de salida' para sacar las conversaciones del punto muerto en el que se encontraban: cerrar otros puntos de la norma al margen de los alquileres, que sigue siendo el principal escollo y riesgo para que las negociaciones puedan terminar encallando.

En este sentido, en la reunión de este martes fuentes de ambos ministerios han explicado que se está avanzando en la creación de un impuesto a las viviendas vacías, una tasa que se materializará a través de un recargo del IBI. Desde hace algún tiempo, Transportes está trabajando en una propuesta para definir primero y de forma clara qué se entiende como vivienda vacía y, luego, facilitar las actuaciones de los ayuntamientos para poder incrementar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 50% en los casos que se determinen.

Para avanzar en esta medida, próximamente habrá una reunión con el Ministerio de Hacienda para definir y apuntalar el recargo que dará lugar a ese nuevo impuesto. También se han constatado algunos avances en materia de prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. 

La idea con la que se trabaja es la de trasladar el mecanismo adoptado durante el estado de alarma a la futura norma en términos similares, como había pedido Unidas Podemos. Esta fórmula consistiría en que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales, que a su vez determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna. También próximamente se celebrará una reunión con el Ministerio de Justicia para afinar esta herramienta antidesahucios.

"Voluntad inequívoca de acuerdo"

Fuentes del Ministerio de Transportes confirmaron avances y calificaron la reunión de "cordial, positiva y propositiva". Admiten que sigue habiendo discrepancias en si penalizar las viviendas vacías con un impuesto, como propone Unidas Podemos; o con una recarga del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, según fuentes de Transportes, parece que la opción con la que puede llegarse a un consenso pasar por agravar e IBI cuando la ley defina claramente el concepto de "vivienda vacía", ya que es algo que ahora se puede aplicar, pero los ayuntamientos no lo hacen por no tener claro cuándo pueden aplicarlo. 

También se admiten avances en cómo abordar los desahucios y creen que la reunión con Justicia para delimitar su plasmación en la Ley de Enjuiciamiento Civil puede ser un avance. En este sentido, señalan desde el Ministerio, también se ve factible alcanzar un acuerdo y que las medidas que se adopten tengan plena seguridad jurídica.

En cuanto al escollo principal de la ley, es decir, la regulación de los alquileres, no se abordó en profundidad en el encuentro, pero se mantienen las diferencias entre ambas partes. No obstante, será objeto de una próxima reunión si se superan estos dos escollos.

Lo que sí aseguraron fuentes del Ministerio de José Luis Ábalos es que "hay voluntad inequívoca de alcanzar un acuerdo" y, para ello, se han emplazado a próximas reuniones. Eso sí, de momento no se quiere hablar de cuándo llegará por fin esta ley a la mesa del Consejo de Ministros.

La regulación de los precios del alquiler no solo sigue siendo el principal obstáculo que mantiene alejados al PSOE y a Unidas Podemos, sino que amenaza con dinamitar todos los avances que se consigan si, como parece, finalmente se deja como uno de los últimos puntos de la negociación.

Para el departamento dirigido por Belarra es una línea roja que quebrantaría el acuerdo de coalición firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por lo que, insisten, no van a renunciar a su exigencia de poner techo a los alquileres. También se encuentran bastante alejadas las posiciones sobre cómo y hasta qué punto los grandes propietarios se deben involucrar en el sostenimiento y ampliación de los parques públicos autonómicos de vivienda. La formación morada denuncia que el PSOE continúa sin aceptar la propuesta de Unidas Podemos de que estos destinen al alquiler social el 30% de su parque.