La negativa del Gobierno de Aragón a entregar a la Cámara de Cuentas autonómica la documentación que esta le requiere para fiscalizar la gestión de Aramón, el hólding semipúblico del esquí en el que la comunidad lleva dos décadas asociada al 50% con el banco local Ibercaja, ha abierto una crisis institucional simultánea al conflicto que enfrenta al ejecutivo de Javier Lambán con la Generalitat de Catalunya y el Gobierno central en torno a la tormentosa gestación de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 que el COE (Comité Olímpico Español) impulsa en el Pirineo de esos dos territorios.

Aramón, el hólding que controla cinco de las siete estaciones de esquí alpino de Aragón (Formigal, Cerler y Panticosa en Huesca y Javalambre y Valdelinares en Teruel) y que impulsa ampliaciones y desarrollos urbanísticos en varias de ellas pese al riesgo de agotamiento que los expertos asignan a esa actividad, lleva proyectando sombras de opacidad desde su fundación en mayo de 2002 con un inusual equilibrio societario en el que el Gobierno de Aragón e Ibercaja son socios al 50%.

Eso ha impedido formalmente durante seis legislaturas considerar a esa entidad, que cerró las cuentas de la temporada 2020-2021 con un balance de 127,3 millones de euros tras unas pérdidas de doce y mientras arrastra deudas por 45,7, como parte del sector público autonómico y, en consecuencia, someter su gestión y su actividad al control de las Cortes y a la fiscalización de la Cámara de Cuentas.

Esa inusual configuración, o más concretamente sus consecuencias en el plano de la transparencia, había sido históricamente cuestionada por los grupos minoritarios de la izquierda, especialmente IU y Chunta Aragonesista (Cha), aunque con escasos avances prácticos con independencia de que la "tutela" de esa "sociedad privada participada" estuviera formalmente encomendada a una consejería, la de Economía desde el verano de 2019, y más allá de que desde finales de la primera década de este siglo se reservara a la oposición un asiento en el consejo de administración que, cuando no han gobernado, siempre ha correspondido al PP o al PSOE.

Fiscalizar el manejo de dinero público

Sin embargo, las cosas cambiaron hace unas semanas, cuando la Cámara de Cuentas concluyó que varias de sus empresas filiales, concretamente las que gestionan Cerler, Formigal y las estaciones turolenses, sí debían someterse a su fiscalización, que además se haría extensiva a "las inversiones financieras que realicen las entidades del sector público de Aragón en el capital social de las sociedades del grupo Aramón y las subvenciones y otras ayudas públicas que les concedan con cargo a sus presupuestos", según consta en la resolución a la que ha tenido acceso Público.

La negativa de la Consejería de Economía a entregar la documentación que le había requerido la cámara sobre una docena de aspectos como "ampliaciones y/o reducciones del capital social, préstamos y operaciones crediticias, avales y garantías, [y] subvenciones recibidas", entre otros, por considerar que esas sociedades "quedan fuera del ámbito de actuación" del órgano fiscalizador ha llevado a este a denunciar al Gobierno autonómico ante las Cortes.

Concretamente, la Cámara de Cuentas apela al artículo de la ley que la regula que le habilita para poner "en conocimiento de las Cortes de Aragón" cualquier episodio en el que "la colaboración no se preste o se produzca cualquier clase de obstrucción que impida o dificulte el ejercicio de sus funciones", algo que incluye la posibilidad de proponer, "en su caso, a quien corresponda la exigencia de responsabilidades en que se hubiera incurrido". Un portavoz oficial de la consejería que dirige Marta Gastón declinó hacer ninguna valoración sobre lo sucedido.

"En aplicación del principio de transparencia"

La Cámara de Cuentas opta por esa vía al haber sido el propio parlamento autonómico quien le había encomendado la fiscalización de la actividad de esas tres sociedades indirectamente participadas por el Gobierno de Aragón, a través de Aramón, para los ejercicios de 2017 y 2018, lo que genera un inusual cuadro de discrepancia, si no enfrentamiento, entre el ejecutivo y el legislativo.

Ese mandato llevó a la cámara a programar "una auditoría de regularidad sobre las cuentas anuales, financiera y de cumplimiento, referidas a los ejercicios 2017 y 2018 de estas tres sociedades", Nieve de Teruel, Formigal y Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque.

"Ninguna de ellas consta en el censo de la Cámara de Cuentas como entidades pertenecientes al sector público aragonés", indica la resolución, que añade dos matices: en la primera de ellas "el capital perteneciente al sector público se sitúa en el 74,98% desde 2015" al estar asociados Aramón, la Diputación de Teruel y la Corporación Empresarial autonómica, mientras que en las otras dos, "aunque en algún momento tuvieron una participación mayoritaria del sector público en su capital (…), esta mayoría pública era muy ajustada y a fecha de hoy ya no se mantiene"

Sin embargo, ante la orden de las Cortes y al tratarse de tres sociedades "sujetas, sin lugar a dudas, a la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas" como perceptoras de fondos públicos la Cámara optó por "efectuar trabajos de revisión limitada sobre las operaciones financieras realizadas (…) a favor de estas sociedades" por el sector público aragonés con el objetivo de "determinar y fiscalizar el volumen de la inversión" en su capital y "las subvenciones y ayudas públicas recibidas del sector público hasta la actualidad" para trasladar al parlamento "la información lo más completa posible sobre la intervención del sector público en estas compañías, en aplicación del principio de transparencia".

Fiscalizar la tutela de Aramón por el Gobierno de Aragón

La petición de amparo y la denuncia de obstrucción de la Cámara de Cuentas obligará a pronunciarse, cuando menos, a los órganos de gobierno de las Cortes, sin descartar que el debate llegue al pleno o se plantée en la ponencia que gestiona las relaciones entre el parlamento y el órgano de fiscalización.

Eso obliga al conjunto de los grupos políticos a un posicionamiento en materia de transparencia que entraña claros riesgos de contradicción cuando se trata aplicarla con Aramón y se ha pasado por el Gobierno o se está en él, algo en lo que coinciden cinco de los ocho grupos de las Cortes.

En cualquier caso, la Comisión de Economía deberá debatir una propuesta de resolución registrada este lunes por IU que muestra su rechazo a "la nula voluntad del Gobierno de Aragón de garantizar la transparencia debida en lo referido a la empresa Aramón y las sociedades que integra" y que insta al ejecutivo a "facilitar la información" y a "modificar la normativa para que las acciones de tutela del gobierno en las sociedades mercantiles de las que forma parte (...) se sometan a las normas básicas de transparencia y control público y parlamentario".

"No pretendemos fiscalizar Aramón, pero sí la tutela que de esa empresa realiza el Gobierno de Aragón", explican fuentes de IU, que sostienen que "si de hecho se reconoce con la presencia en el consejo que la oposición tiene derecho a fiscalizar esa gestión, lo suyo sería reconocer también ese derecho a los grupos minoritarios".