A finales de 1936 un grupo de ocho personas provenientes de Rumanía cruzaron la frontera entre España y Portugal, visitaron Salamanca y se reunieron en Soria con el general Moscardó, uno de los responsables del golpe de Estado franquista al Gobierno de la República. Se trataba de miembros del partido fascista rumano, la denominada Guardia de Hierro, también conocido como Legión de San Miguel Arcángel.

La Guardia de Hierro se había desarrollado al calor de la Rumanía rural que abrazaba el ultranacionalismo, el misticismo y la religión, y que tenía como uno de sus principales referentes históricos a Vlad Tepes, el príncipe de Transilvania apodado "el empalador" por sus acciones en la guerra contra los turcos otomanos en el siglo XV. La figura de Tepes serviría posteriormente como molde para la construcción de la figura del conde Drácula, el personaje más conocido en las leyendas de vampiros.

Ion Mota y Vasile Marin eran dos de estos militantes fascistas que habían decidido unirse a la expedición de la Guardia de Hierro que quería apoyar el golpe franquista, junto a otros cinco hombres liderados por el general Granicerul. Todos fueron integrados en la 21 Compañía del Tercio de Yagüe y, tras varias semanas de combate, terminaron en el que se conocía como el Cerro de la Radio en Majadahonda  (denominado así porque allí estaba el edificio de Radio Argentina).

El 13 de enero de 1937, la aviación de las Brigadas Internacionales de la II República, que se encontraba en plena ofensiva para recuperar el municipio de Majadahonda, lanzó un obús que impactó en el cerro donde se encontraban Mota y Marin, un impacto que terminó provocando sus muertes. La expedición de Granicerul abandonó la batalla y regresó a Rumanía con los dos cadáveres, a los que se les brindó elogios fúnebres y que sirvieron como herramienta propagandística de un partido fascista rumano en auge.

En 1948 se levantó en Majadahonda un monumento en honor a los dos miembros de la Guardia de Hierro; cuatro arcos de medio punto coronados por una cruz se ubican detrás del cementerio municipal, muy cerca del Cerro de la Radio en el que habían perdido la vida luchando para que triunfara el golpe de Estado franquista.

Majadahonda, punto de reunión del fascismo desde 1970

Desde 1970, año tras año, las ultraderechas española y rumana se reúnen en este lugar para exaltar la figura de los dos combatientes fascistas, el golpe y el franquismo en una liturgia a medio camino entre lo político y lo religioso.

Este 13 de enero la imagen se podría volver a repetir. La ultraderecha ya ha comenzado a hacer circular por sus redes dos convocatorias: una conferencia el jueves 11 de enero sobre Corneliu Zelea Codreanu (líder de la Guardia de Hierro) e Ion Mota, en la que intervendrán, entre otros, el hijo de Blas Piñar; y el acto en homenaje a Mota y Marin en el monumento dedicado a los fascistas rumanos en Majadahonda, el sábado 13.

Si el homenaje finalmente se lleva a cabo, como ha sucedido en años anteriores, se hará bajo el imperativo de una Ley de Memoria Democrática cuya aplicación resulta insuficiente e ineficaz para colectivos, partidos y víctimas del franquismo que, como en otras ocasiones, ya han advertido sobre este acto de exaltación del fascismo.

Los antecedentes históricos y recientes son tantos como las trabas que parecen encontrar los detractores del monumento fascista. Izquierda Unida Majadahonda ha pedido la eliminación del arco en varias ocasiones invocando, como avanzó La Marea, tanto la ley de memoria como un acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento del municipio (apoyado por todos los grupos salvo por el PP, que se abstuvo).

A nivel estatal, el pasado mes de noviembre el portavoz parlamentario y el responsable de memoria de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago y Nahuel González, remitieron al Gobierno varias preguntas por escrito sobre la retirada del monumento y sobre las medidas a tomar para evitar la concentración fascista en torno al mismo.

El Gobierno avisa e invoca la ley

En la pregunta también se cuestionaba sobre si el Gobierno pediría al Ayuntamiento de Majadahonda (gobernado por el PP) su "máxima colaboración" en la eliminación del arco. El Ejecutivo respondió que el pasado 9 de octubre ya se había pedido a la Dirección de Memoria Democrática la inclusión del monumento en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, paso previo a su retirada.

"En el caso de no producirse la retirada o eliminación de los elementos incluidos en dicho catálogo de manera voluntaria, la Administración pública competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de los mismos", se añade en la respuesta.

Sobre la concentración fascista prevista para el 13 de enero (aunque en el momento en el que se remitió la respuesta no se conocía la fecha exacta en la que tendría lugar el acto), el Ejecutivo asegura que "se dará traslado a la Delegación del Gobierno a los efectos procedentes".

En este sentido, el escrito recuerda que "se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".

Una de las principales trabas que se han encontrado los colectivos y organizaciones que exigen su retirada es que el terreno en el que se ubica es de titularidad privada y que su propietaria es nada menos que la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos caídos en Majadahonda.

Cuando el Ayuntamiento adoptó el acuerdo para demolerlo, la asociación irrumpió en la escena defendiendo que el consistorio no podía aprobar la eliminación de una estructura que se encontraba erigida en suelo particular (aunque el acuerdo se adoptó en base a la ley de memoria histórica, que ya contemplaba la retirada de símbolos que exaltaban el fascismo).

Sin embargo, a pesar de que el terreno es privado, no tiene ningún vallado ni cercado, lo que facilita la concentración de personas en los homenajes en los que se exalta a los miembros de la Guardia de Hierro.

A pocos días del aniversario de la muerte de los dos militantes fascistas rumanos que llegaron a España para apoyar el triunfo del franquismo, la Ley de Memoria Democrática y las administraciones que deben velar por su cumplimiento se enfrentan a su primer gran desafío del recién estrenado 2024.