La operación de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y Europol llamada Caldo-Ramz, en octubre de 2022, desarticuló una gigantesca estructura financiera relacionada con el narcotráfico, conocida como el 'banco' de los narcos en Europa, cuya sede se localizaba en un restaurante del polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid). 

El Juzgado Central de Instrucción número 1 lleva la investigación, con una treintena de acusados, entre los que destaca el líder de la organización, Mohamed Momen, un ciudadano sirio que ha solicitado la nulidad de las actuaciones, como ha podido saber este diario. 

Momen, que movía "más de 32 millones de euros al año" procedentes del tráfico de drogas de una organización colombiano-libanesa, como informó el Ministerio del Interior, ha solicitado la nulidad de la causa en base a la posible ilegalidad de la interceptación de sus comunicaciones alojadas en plataformas de encriptado como EncroChat o Sky ECC, que ya han sido desmanteladas. 

Durante dos años la Policía estuvo investigando la red de Momen, logrando desencriptar los chats, que contenían información sobre entregas, transportes, pagos y demás detalles de la estructura delictiva, gracias a lo cual los investigadores pudieron dar el golpe final a la organización. 

Cuestión prejudicial desde España

Al margen de la solicitud de la defensa de Momen, de esta causa de la Audiencia Nacional ha surgido la primera iniciativa en España para solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial que se acumule a la que ya está tramitando sobre el mismo asunto procedente de un tribunal alemán. El bufete Díez de la Lastra Abogados ha pedido a la Audiencia Nacional que presente la cuestión prejudicial, según ha podido saber Público.

Como ya informó este diario, 71 causas contra narcos en España dependen de que la Justicia de la UE decida si es legal intervenir chats encriptados. Solo en Sky ECC los investigadores intervinieron un billón de conservaciones. Gracias al análisis de esos chats encriptados se abrieron los 71 procedimientos judiciales que ahora están pendientes de la respuesta del TJUE sobre la validez como prueba de las conversaciones intervenidas. 

La defensa de dos de los detenidos en la operación Caldo-Ramz -- uno que se dedicaba al transporte de cantidades millonarias de dinero en coches caleteados, es decir, en un doble fondo, y otro que organizaba los envíos de droga al extranjero-- ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional pidiendo que se eleve una cuestión prejudicial ante el TJUE y que se acumule a la que actualmente se está tramitando, la C-260/22, que puso en marcha un juzgado de Berlín en una causa seguida allí por EncroChat.

En el escrito de Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez, del bufete Díez de la Lastra Abogados, se incide en la necesidad del pronunciamiento del TJUE para saber si se puede continuar con el proceso o archivar las actuaciones. 

En octubre se conocerá el fallo

El próximo mes de octubre, el abogado general de la UE presentará sus conclusiones, tras lo cual el TJUE dará a conocer su fallo sobre si las intervenciones masivas de conversaciones constituyen una vulneración de los derechos, como el de la intimidad, de los intervinientes. 

En caso de que prospere esa tesis, los más de 70 procedimientos iniciados por la Fiscalía Antidroga podrían ser anulados o "gravemente afectados o gravemente afectados dificultando la condena de las personas investigadas", indica el letrado Díez de la Lastra. No solo en España: están en vilo cientos de procedimientos por tráfico de drogas en toda Europa.

Sergio Nuño Díez de la Lastra dice en su escrito que "la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga no puede proseguir impasibles y ajenos a la realidad jurídica comunitaria. No se puede seguir
invocando como mantra inexpugnable el principio de confianza y reconocimiento mutuo para no indagar sobre la legalidad de la investigación realizada por las autoridades francesas".

Se refiere el abogado a que la tesis que maneja la Fiscalía Antidroga es que las pruebas obtenidas mediante la intervención policial de las plataformas de encriptado serían válidas y que esto lo avala la sentencia del 11 de octubre de 2022 de la Corte de Casación francesa respecto a EncroChat; sentencia a la que fuentes de Antidroga otorgan plena confianza, como ha podido saber este diario. 

Pero el abogado defensor de estos dos investigados en la operación Caldo-Ramz plantea que debe ser un veredicto de la Justicia europea el que zanje el problema. 

"Se abandonaría el garantismo"

Plantea el letrado que sin una respuesta de la justicia sobre la legalidad o ilegalidad de la intervención de los chats, "se abandonaría toda suerte de garantismo y de defensa de los derechos fundamentales de los justiciables, dejando al capricho de autoridades extranjeras la violación
masiva de derechos fundamentales de ciudadanos españoles, convirtiendo en cómplices a los tribunales nacionales que no cuestionan ni criban investigaciones aparentemente ilegales". 

Además, según el abogado, el momento procesal oportuno para plantear la cuestión prejudicial "sin tener que sufrir la denominada 'pena de banquillo'" es este: "En el momento en que las defensas solicitan en bloque la nulidad del procedimiento y el magistrado instructor tiene que resolver expresamente". 

En su escrito recuerda que el TJUE no resuelve el litigio nacional, en este caso la causa de la Audiencia Nacional sobre la operación Caldo-Ramz, sino que proporciona al tribunal nacional los criterios de interpretación del Derecho europeo. "Es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del TJUE, la cual vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar".

Fuentes de la Fiscalía Antidroga señalan a este diario que, aunque las plataformas de encriptado EncroChat o Sky ECC ya fueron desmanteladas, en estos momentos están operando tres nuevas plataformas de encriptación.