Felisa Echegoyen y Ángela Gutiérrez han presentado hoy en los juzgados de instrucción de Madrid sendas querellas por torturas contra el inspector de la Brigada Político Social del franquismo Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, que acumula ya trece denuncias en Argentina y tres en España.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) informa en un comunicado de la presentación de estas dos nuevas querellas, que se enmarcan en las iniciativas emprendidas contra miembros de la Brigada Político Social del régimen de la dictadura.

Las querellantes, que han presentado informes periciales para demostrar que fueron víctimas de torturas, malos tratos y vejaciones durante las detenciones e interrogatorios en la brigada, se unen así a Luis Suárez-Carreño quien el pasado mes de junio se convirtió en la primera víctima en presentar una querella individual en España contra policías franquistas acusados de crímenes de lesa humanidad en relación con un delito de tortura.

CEAQUA exige a la Justicia española que se investiguen y enjuicien los crímenes cometidos tras "más de 40 años de impunidad" que ahora denuncian las víctimas de Billy el Niño, a quien considera "uno de los personajes más siniestros del franquismo" y "paradigma del abuso y la impunidad policial" de aquella época.

No es la primera vez que las víctimas ponen el punto de mira en Billy el Niño, cuya extradición fue solicitada por la jueza argentina María Servini, que instruye la denominada querella argentina por crímenes del franquismo.

Hace tres años la Audiencia Nacional rechazó su extradición a Argentina al asegurar que habían prescrito los trece delitos de torturas por los que se le reclamaba y rechazar calificarlos de lesa humanidad porque no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado a un grupo de población".

El equipo de abogados, con Felisa Echegoyen. / CEAQUA

La coordinadora, por el contrario, sostiene que "no existen obstáculos jurídicos para la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes, sino una absoluta falta de voluntad política y de independencia del Poder Judicial que niegan sistemáticamente el acceso a la Justicia a estas víctimas".