El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha fallecido esta mañana en su domicilio de la capital andaluza, según ha informado a Efe su abogado, Rafael Ramírez.

Al parecer, Guerrero, de 63 años, se empezó a encontrar mal sobre las 6:00 horas y, a la espera de la realización de la autopsia, la causa de la muerte podría haber sido un infarto.

Director general de Trabajo de la Junta entre octubre de 1999 y abril de 2008, la Audiencia de Sevilla le condenó hace un año en la pieza política de los ERE a siete años, once meses y un día de cárcel, así como a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por delitos continuados de malversación e inhabilitación.

Guerrero fue uno de los primeros cargos de la Junta de Andalucía citados en esta macrocausa por la jueza instructora, Mercedes Alaya, quien, en marzo de 2012, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Volvió a la cárcel un año más tarde, días antes que su conductor, Juan Francisco Trujillo, quien recibió ayudas aprobadas por Guerrero por importe de 1,3 millones para empresas inexistentes y que acusó al director general de Empleo de encargarle la compra de cocaína.

Ha sido un protagonista crucial en el caso de los ERE, pues las investigaciones iniciales de la jueza Alaya dieron un avance cualitativo tras conocerse que el director general de Empleo declaró a la Policía Nacional, en diciembre de 2010, que estas ayudas sociolaborales, consignadas en la partida 31-L de los presupuestos de la Junta de Andalucía, se repartían a modo de "fondo de reptiles".

La Fiscalía le atribuye un papel destacado en todo el proceso de concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE, ya que algunas las repartió entre familiares y amigos, sin ningún sometimiento a las normas, y no hizo nada por arreglarlo ni por desvelarlo.

El fiscal había solicitado para Guerrero ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación por un delito continuado de malversación, así como diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por otro delito de prevaricación.

Junto a esta condena, Guerrero acumuló otras sentencias en contra por el caso de los ERE, como la del Tribunal de Cuentas que le condenó a devolver 3,8 millones de euros por una ayuda de los ERE a la empresa A Novo Comlink.

Otro fallo del mismo tribunal también le condenó a devolver 100.000 euros concedidos a la empresa sevillana Rodatextil con una subvención carente de justificación y concedida "sin cobertura legal" y sin cumplir los requisitos ni los procedimientos establecidos.