BARCELONA.- Los Mossos d'Esquadra han empezado a requerir a algunos ayuntamientos catalanes que cumplan la orden de la Junta Electoral para retirar las estelades (banderas independentistas) de los edificios públicos, como ya ha ocurrido en los municipios de Miravet y Marçà (Tarragona).

Según fuentes cercanas al caso, las Juntas Electorales de Zona ha empezado a notificar a los Mossos d'Esquadra algunas resoluciones para que hagan cumplir el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), que la semana pasada ordenó que se retiren las estelades de los edificios públicos. La JEC tomó esta decisión a instancias de Societat Civil Catalana (SCC), que denunció que 93 ayuntamientos catalanes tenían estelades en edificios públicos.

La mayoría de los ayuntamientos requeridos han desoído hasta el momento la resolución de la Junta Electoral, ante lo que Societat Civil Catalana formuló una petición expresa a 47 de las 49 juntas de zona de Catalunya —todas menos la de Barcelona y la de Vall d'Aran—, para que se ejecutara la prohibición. Ante esta situación, las Juntas Electorales de Zona han requerido a los Mossos d'Esquadra para que hagan cumplir su orden en algunos municipios, especialmente en aquellos en los que no existen policías locales.

Al recibir la notificación, los Mossos d'Esquadra se han puesto en contacto con los alcaldes de los municipios afectados, para requerirles que retiren las estelades a instancias de la Junta Electoral. Algunos alcaldes ya han procedido a cumplir con esta orden, como los de Miravet y Marçà, en las Tierras del Ebro.

En declaraciones a los periodistas en un acto de campaña de CiU en Pineda de Mar (Barcelona), el conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha recordado que las instrucciones de la Junta Electoral "son de obligado cumplimiento" y que en su departamento trabajan con la hipótesis de que los Mossos d'Esquadra no tendrán que retirar estalades, porque confían en que lo harán los propios alcaldes. "Cuando la Junta Electoral de Zona lo ha requerido, hemos hablado con los alcaldes, con naturalidad. La gente hablando se entiende, es una buena manera de proceder", ha indicado el conseller.

Según Espadaler, los alcaldes que en su día pusieron una "estelada" en el balcón del Ayuntamiento, como los de Miravet y Marçà, no quieren ver a la policía catalana retirando estas banderas, por lo que han actuado desde el "sentido común, el respeto a las instituciones y a la Junta Electoral" y han desplegado las estelades "sin estridencias".

El conseller ha apuntado que no descarta que pueda haber más casos en los que los Mossos tengan que ordenar a los alcaldes que retiren las estelades para cumplir con la resolución de la Junta Electoral.

No obstante, ha insistido que la irrupción de los Mossos en un ayuntamiento para retirar una estelada es una imagen "en la que no hay beneficio para nadie", ni para la policía catalana ni para los ayuntamientos, por lo que ha abogado por seguir actuando "desde el diálogo, sin estridencias".

Paralelamente, el director general de los Bomberos de la Generalitat, Ramon Parés, ha remitido una carta a los parques de Bomberos de Reus, Cornudella de Montsant y Tivissa, en Tarragona, para que retiren las banderas independentistas, como les ha ordenado también la Junta Electoral de Zona.

Por otra parte, la Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado el recurso de CiU a su orden del pasado día 13 de retirar las estelades de edificios públicos y locales electorales, por ser incompatibles con la obligación de neutralidad de los poderes públicos.

En un acuerdo fechado hoy, la JEC desestima el recurso de CiU por tres motivos, entre ellos, que las estelades "simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella".

La JEC también argumenta que la "igualdad en el sufragio es esencial en la representación democrática" y recuerda que, por eso, la "ley encomienda a la Administración Electoral preservarla y prohíbe a los poderes públicos -que están al servicio de todos los ciudadanos- tomar partido en las elecciones".

Señala asimismo que las libertades ideológica y de expresión son derechos fundamentales de las personas, "no de los gobernantes, únicos obligados por el acuerdo recurrido, de manera que los ciudadanos pueden ejercerlos sin más restricciones que las que imponga el respeto a los derechos de los demás".

Aunque el acuerdo es firme en vía administrativa, contra él cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, según recuerda la JEC, que trasladará el acuerdo a las Juntas Electorales Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, para su conocimiento y traslado a las correspondientes Juntas Electorales de Zona.