La dramática situación de las más de 13.000 personas refugiadas desalojadas del campo de Moria (Lesbos, en Grecia), asolado por un incendio hace diez días, llegará esta semana al Congreso de los Diputados.

Unidas Podemos registrará estos días dos proposiciones no de ley (PNLs) para presentar en comisiones parlamentarias, en las que insta al Ejecutivo de coalición del que forma parte a garantizar la reubicación urgente de estas personas, además de cumplir con sus compromisos de acogida de refugiados.

Paralelamente, el pleno votará el martes otra PNL de ERC, en este caso relativa a las regularizaciones de migrantes que han trabajado en distintos sectores laborales durante la pandemia del coronavirus. Unidas Podemos anunció en julio una iniciativa similar, y apoyará la PNL de ERC. No obstante, las PNLs no son vinculantes, y sólo urgen al Ejecutivo a actuar en determinado sentido.

En este caso, el PSOE ya ha dejado ver que no apoyará la iniciativa de ERC en pleno, y difícilmente apoyará las PNLs de Unidas Podemos cuando lleguen a las comisiones de Asuntos Exteriores y Mixta de la UE. Las diferencias en política migratoria entre los dos socios del Gobierno de coalición son más que considerables.

"No se puede abandonar a su suerte las personas refugiadas de Moria, que son víctimas de las políticas migratorias de la Unión, con campamentos superpoblados y sin condiciones mínimas de habitabilidad", afirman fuentes de Unidas Podemos, recordando además que estas personas son especialmente vulnerables ante el coronavirus.

En concreto, las PNLs de UP, con un redactado similar, instan al Ejecutivo a "impulsar de manera urgente, en el marco de la UE, la reubicación, en condiciones dignas, de las personas refugiadas" en Moria.

Esto pasaría, según Unidas Podemos por evacuar primero "a los colectivos más vulnerables, como los niños y niñas no acompañadas", facilitando su traslado a lugares seguros antes de reubicarlos entre los países miembros.

También incluiría investigar "las causas fundamentales" de lo ocurrido en Moria; garantizar la protección de los solicitantes de asilo "contra ataques violentos"; y "facilitar el acceso y atención de las organizaciones de la sociedad civil a las personas necesitadas, en particular para brindar atención médica de emergencia, alimentos, agua y otros materiales esenciales". 

Además, el texto reclama al Ejecutivo que diseñe un "plan urgente" que permita "cumplir" con los "compromisos" del mismo Gobierno en lo que toca a los cupos de acogida de personas solicitantes de asilo.

Como recuerda el texto, en la madrugada del 9 de septiembre distintos incendios destruyeron este campo de refugiados. Casi la mitad de esas personas, 6.000, son menores, y desde entonces han permanecido a la intemperie, con escasez de comida y de agua, y con pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Las ONGs que operan sobre el terreno y el Europarlamento han urgido a la Comisión Europea a retomar el pacto de migración y asilo. Sin éxito.