La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València, presidida por el veterano magistrado Pedro Castellano Rausell, ha dado un revés a una causa judicial que se creía ya finiquitada con argumentos impecables y ordena reabrir la investigación contra Mónica Oltra, exvicepresidenta del Gobierno valenciano, y otras 15 personas por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por el exmarido de Oltra. 

Si el juez Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción 15 de València, archivó la causa el pasado 2 de abril, en un auto de 49 folios, la Sección Cuarta de la Audiencia de València ha empleado apenas cuatro para darle la vuelta a los argumentos jurídicos del instructor, que no veía indicios de delito. 

El juez Ríos no ve esos indicios ni ahora ni en diciembre de 2021 cuando archivó por primera la causa y la misma sección de la Audiencia le ordenó reabrir e investigar. 

Ahora la sección presidida por el juez Pedro Castellano aboca la causa a la celebración de juicio oral, según indica el auto conocido este jueves, que dice que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal y que concurren indicios suficientes para encausar a los investigados. "Ha de ser en el acto del juicio oral donde se diluciden las posibles responsabilidades penales", concluye el escrito. 

Pero ¿por qué esa insistencia en ver sentada en el banquillo a Mónica Oltra, que dimitió de todos sus cargos en el Consell en junio de 2022, al ser imputada en la causa, cuando el propio juez instructor ha tumbado todas las acusaciones por falta de indicios? 

No hay indicios de delito

"No existen, en suma, indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado", concluía el magistrado Vicente Ríos.

El juez instructor calificaba como "meras sospechas, especulaciones o conjeturas sobre los que no puede basarse una imputación judicial definitiva" las sospechas expuestas en la denuncia sobre la existencia de una "directriz, orden, consigna, recomendación o indicación" procedente de Mónica Oltra, como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigidas a los funcionarios investigados para tapar los abusos sexuales de su exmarido, el educador Luis Eduardo Ramírez, a la menor tutelada. Por ese delito, Ramírez fue condenado a cinco años de prisión. 

La ultraderecha, detrás de las acusaciones

La Sección presidida por el juez Castellano estima parcialmente los recursos contra el sobreseimiento provisional decretado por el juez Ríos. Esos recursos son de la acusación particular, representada por el líder del partido ultra España 2000, José Luis Roberto; y de las acusaciones populares representadas por la asociación de la ultra Cristina Seguí, Gobierna-te, y el partido ultra de Santiago Abascal, Vox. La Fiscalía se había opuesto a la reapertura de la causa. 

No parece baladí el hecho de que las acusaciones en la causa contra Mónica Oltra sean lo más granado del fascismo español.

Un juez con afición al archivo de causas del PP

El presidente del tribunal que obliga a reabrir la causa, Pedro Castellano, fue presidente de la Audiencia de València y es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial y de sensibilidad conservadora. Pero, quizá, lo que más llama la atención de su reciente trayectoria son las causas archivadas relacionadas con la corrupción del PP en el País Valencià impulsadas por él. 

Por ejemplo, una de las más sonadas es la conocida como el caso Pitufeo, sobre el blanqueo de 50.000 euros por parte del grupo municipal del PP en la campaña electoral de 2015, encabezada por Rita Barberá, fallecida en 2016. La causa se archivó en 2021, pese a la oposición de la Fiscalía Anticorrupción. 

También archivó la Sección Cuarta de la Audiencia de València la causa sobre la visita del Papa a València en 2006, en el que estaba investigado el expresidente Francisco Camps y otros altos cargos de la Generalitat. 

La Sección Cuarta de la Audiencia de València, de la que el juez Castellano es presidente desde 2013, también es la responsable de la absolución de las bandas nazis de la capital valenciana, como Armagedón. Casualmente el abogado de la defensa de los miembros de una de esas bandas armadas desarticuladas en la operación Pánzer fue José Luis Roberto, el líder de España 2000, que ejerce la acusación particular en esta causa contra Oltra. 

En la sentencia de absolución de 18 miembros de la banda nazi Frente Antisistema, en 2014, firmada por el tribunal presidido por Castellano, se puede leer que no hay motivo para que se investiguen las páginas webs de grupos neonazis, pese a que en aquel momento era un imperativo de la Unión Europea (UE) actuar contra dichas páginas.