La apertura del año judicial y el discurso de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) en funciones, han protagonizado la jornada también en el ámbito político. El bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que dura ya casi cuatro años, sigue vigente. Y este miércoles, pese a las reprimendas equidistantes de Lesmes por la situación, no parecen haberse dados pasos adelante. Moncloa sigue sin fiarse de las "estratagemas" del PP pese a las intenciones mostradas por Alberto Núñez Feijóo de reunirse con el presidente Pedro Sánchez y las advertencias de dimisión del magistrado. 

Tras la celebración del acto presidido por Lesmes, el cruce de acusaciones entre ambas fuerzas políticas se ha ido acelerando. Desde Moncloa ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop, la primera en disparar dialécticamente. Le pidió a Feijóo, con quien tuvo la oportunidad de hablar personalmente minutos antes, los nombres "sin condicionamientos" para renovar el CGPJ. 

Según Génova, la respuesta de Feijóo fue que "no se trata de repartir nombres, sino del currículum y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir los futuros y posibles candidatos". Es decir, el líder del PP sigue atrincherado en su posición de condicionar la renovación del  CGPJ a un pacto más amplio con el Gobierno para reformar el sistema judicial en su conjunto. Y lo hizo a pesar de que el presidente del CGPJ le reprochó este bloqueo exigiendo la renovación del Poder Judicial "con urgencia" y "sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones". 

El PP quiere también pactar el Constitucional

Feijoo parece dispuesto a tirar de la cuerda hasta el final. En un comunicado enviado a la prensa pocas horas después del encuentro entre Llop y Feijóo en el acto de apertura del año judicial, los populares aumentaron la apuesta y exigen ahora pactar conjuntamente con el Gobierno los nuevos nombramientos del CGPJ y del Tribunal Constitucional "bajo unos requisitos mínimos de independencia". En el PP son conscientes de que el sector conservador del CGPJ les ha dado una baza más con la que presionar al Ejecutivo y la van a aprovechar.

Desde el mes de junio el bloqueo del CGPJ se trasladó al Constitucional cuando caducó el mandato de nueve años de los cuatro magistrados (un tercio del tribunal) cuyo nombramiento corresponde al Gobierno y al CGPJ. Así lo establece la Constitución. El plazo para su designación caduca el próximo 13 de septiembre y este jueves se celebra el pleno del CGPJ del que deberían salir los nombres de cuatro nuevos miembros del TC, pero los vocales del bloque conservador se han movilizado para bloquearlo y Lesmes amenaza con dimitir. 

En la cúpula del PP dan por hecho que si el acuerdo con el Gobierno no se produce tampoco habrá renovación del Constitucional, asumiendo así el descrédito para el sistema político y judicial que acarrearía. Insisten, eso sí, en en que siguen dispuestos a negociar hasta el último momento pero sin moverse un ápice de su posición.

Para el Gobierno son "excusas"

Tras las declaraciones de los populares, fuentes del Gobierno destacaron que el PP "se envuelve de nuevo en excusas para no cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ en tiempo y forma añadiendo un pretexto más a sus maniobras dilatorias". Moncloa insiste en que "ante la Constitución sólo hay dos actitudes, cumplirla en todos sus puntos, como defiende el Gobierno, o interpretarla a conveniencia y obstruir su cumplimiento, como insiste en hacer el PP". 

"El Gobierno siempre ha tenido y sigue teniendo la disponibilidad de renovar el CGPJ bajo la ley actual y bajo el mandato constitucional. Se puede hacer hoy mismo", añaden desde el Ejecutivo. 

Fuentes gubernamentales insisten a Público en que no se fían del PP. "Es la enésima estratagema", afirman. En este punto apuntan a los diferentes giros de estrategia llevados a cabo por los populares durante toda la legislatura con el liderazgo de Pablo Casado. "La primera excusa que pusieron fue que Pablo Iglesias estaba en el Gobierno", recuerdan. 

En el PSOE, según fuentes de la dirección, el cabreo es también patente y dejan la pelota en el tejado de Feijóo. "Ha destruido el único pacto al que habíamos llegado. Ese en el que no reconoce la firma de los máximos dirigentes de su partido en aquel momento. Cumplir la Constitución no debería ser para Feijóo algo negociable", señalan en referencia a que la anterior dirección de los populares había firmado ya con el Gobierno, en un encuentro entre Teodoro García Egea y Félix Bolaños, la renovación del órgano judicial,.