El Gobierno considera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente económico, Oriol Junqueras, se han "descalificado democráticamente" con una actitud de desobediencia "continuada" ante el referéndum de autodeterminación y, por lo tanto, entiende que no pueden ser unos interlocutores válidos a partir del día 2 de octubre, según fuentes del Ejecutivo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy lamenta la "deslealtad permanente" de las autoridades catalanas en todo este proceso, que siguen empecinadas en celebrar un referéndum de independencia que ha suspendido el Tribunal Constitucional por considerarlo "ilegal e inconstitucional". Por eso, en las filas del Gobierno no creen que Puigdemont o Junqueras puedan ser las personas con las que se abra una nueva etapa de diálogo a partir del día 1.

Precisamente, este viernes el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que Puigdemont, que es la "máxima autoridad del Estado" en Cataluña, ha actuado con "una deslealtad brutal y se ha situado al margen de la ley".

Además, ha recordado que el Gobierno le ha emplazado en numerosas ocasiones estos meses a que vuelva a la legalidad, de la que "no debió salir nunca". Preguntado entonces si cree que Carles Puigdemont no es un interlocutor válido para el Ejecutivo, Méndez de Vigo ha asegurado que será él el que "tendrá que ver si él puede ser interlocutor o no".

El ministro Portavoz ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus socios de que responderán de forma personal y patrimonial ante los tribunales de Justicia por la "muy grave deslealtad constitucional" y desobediencia "continuada" en la que están instalados con en referéndum del 1 de octubre. "Ellos son los responsables y ellos son los que tendrán que responder en un Estado de Derecho", ha declarado, poco después de que varios consejeros del Gobierno catalán hayan presentado públicamente el dispositivo para votar este domingo, exhibiendo urnas de plástico.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Emilio Naranjo

El portavoz del Gobierno ha reiterado que el referéndum no se va a celebrar porque es "ilegal" y está basado "en actos ilegales". "La obligación del Estado de Derecho y de todo Gobierno es impedir que pueda materializarse", ha apostillado, para añadir que esa consulta que pretenden hacer no va a tener "efecto político alguno". "Lo que suceda el día 1 no será un referéndum", ha subrayado.

Méndez de Vigo ha ironizado sobre la rueda de prensa para explicar el operativo del 1-O, celebrada en el International Press and Broadcasting Center, en la sede de la compañía audiovisual Mediapro, por la que se han cobrado diez euros. "La presentación de unos contenedores o cubos como urnas cobrando diez euros no está mal como imaginación", ha dicho.

Sin embargo, el ministro no ha querido desvelar qué instrumentos jurídicos y legales está dispuesto a utilizar el Gobierno para actuar contra el presidente catalán si tras el día 1 hay una declaración unilateral de independencia. "No me gusta hablar de futuribles ni hipótesis. Cada día tiene su afán y veremos lo que sucede", ha concluido.

Méndez de Vigo ha afirmado que el Gobierno cumplirá con su obligación de "hacer cumplir las leyes" respondiendo "con firmeza" y "siempre interesado en preservar la concordia cívica y no en debilitar más el equilibrio social maltrecho por esta fractura producida por los secesionistas".

En este punto, el ministro se ha mostrado convencido de que los Mossos cumplirán con su obligación porque son "Estado y están sometidos al poder judicial". "Son la Policía integral de Cataluña con delegación del Estado vía artículo 150.2 de la Constitución", ha dicho, para añadir que su obligación es "ser leales" al ordenamiento constitucional y estatutario "garantizando el cumplimiento de las leyes".

Al ser preguntado si al Gobierno le preocupa que este fin de semana se produzca alboroto en Cataluña que pueda derivar en violencia, ha admitido que le preocupa que pueda haber "algaradas o ruido" y ha subrayado que es "muy importante mantener la serenidad y la cabeza fría". "No queremos que exista ninguna pérdida de paz, cordialidad y convivencia", ha indicado, para llamar a la "tranquilidad y la serenidad" y a que impere el "seny catalán" con el fin de no llegar a "situaciones no queridas".

Recursos contra leyes catalanas

En su reunión de este viernes, el Consejo de Ministros ha acordado presentar tres recursos ante el Tribunal Constitucional contra sendas leyes autonómicas catalanas, entre ellas la ley de hacienda y protección social, que pretendía ser el embrión de una hipotética seguridad social catalana tras la independencia.

Las otras dos leyes impugnadas son la ley catalana de derecho a la vivienda, por afectar a las competencias del Estado, así como la ley de voluntades digitales.

En este último caso, el Estado solicitó una reunión previa de la comisión bilateral con la Generalitat para solventar el contencioso, a la que el Gobierno catalán no respondió.