La jueza de Instrucción Número 1 de Santiago empezará este miércoles a tomar declaración a los ocho directivos y directivos de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) investigados por un presunto delito de acoso moral y contra los derechos laborales de una periodista de la Radio Galega (RG), que durante cinco años denunció abusos y humillaciones por parte de sus superiores.

Entre los investigados están el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, al mando de los medios públicos autonómicos desde que Alberto Núñez Feijóo lo nombró para el cargo hace casi 15 años, y Alejandro López Carballeira, subdirector de Informativos. Este último ha sido designado para moderar, junto a otra periodista, el debate electoral del próximo lunes entre los candidatos a la presidencia de Xunta en las elecciones autonómicas del 18F.

López Carballeira está citado en el juzgado a las nueve de la mañana de este miércoles junto a Xosé Pereira Fariña, director del área de Innovación y Negocio de la CRTVG; y a Tania Fernández Lombao, jefa de Gestión Operativa de Programas de la Radio Galega.

La jueza, Ana López-Suevos, ha citado la semana que viene a Vitalina Cuña Palencia, que era coordinadora de Personal de la RG cuando sucedieron los hechos; a Paula Veloso Pereira, exjefa de Gestión de Personal, y a Susana Fernández Veiguela, exdirectora de Recursos Humanos. El 22 de febrero están convocados Manuel Casas Macías, director de Salud Laboral de la CRTVG, y el propio Sánchez Izquierdo.

Demanda perdida en los juzgados de lo Social

Los hechos se remontan a 2018, cuando Feijóo todavía presidía la Xunta. La trabajadora, que se encuentra de baja y que lleva más de tres décadas vinculada a la compañía pública, perdió un juicio en un juzgado de lo Social, en una sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Alegaba que la dirección la había cambiado de puesto de trabajo, horarios y funciones por una decisión sexista y discriminatoria. Desde entonces, asegura haber sufrido una campaña de acoso y hostigamiento personal y de descrédito profesional.

Según relata en su querella, tras aquella denuncia y después de que fuera rechazada en primera instancia, sus jefes empezaron a crear en torno a ella un ambiente tóxico, agresivo y de ninguneo constante y creciente, dejaron de hablarle y le negaron reiteradamente sus solicitudes de días de libranza y de vacaciones, así como para volver a su antiguo horario por necesidades de conciliación dado que debía cuidar de su padre, un anciano de 94 años.

También la excluyeron de casi todas las guardias de festivos y del complemento salarial correspondiente. El único festivo en el que sí la obligaron a trabajar fue el 1 de enero de 2019.

En la huelga feminista del 8M de ese año fue la única mujer que no pudo seguir los paros porque fue la única incluida en los servicios mínimos decretados por la Xunta para la CRTVG, en la que trabajan 800 personas. Poco después, sin embargo, la dirección la dejó al margen de la cobertura de la jornada electoral de los comicios locales y europeos de ese año, a la que sí fueron convocados todas sus compañeros y compañeras de redacción, incluidos locutores, becarios y redactores en prácticas.

Crisis de ansiedad

Ese verano la trabajadora sufrió una crisis de ansiedad que la llevó a causar baja por enfermedad, durante la que se enteró de que le habían cambiado de nuevo el horario sin avisarla. Cuando pidió ayuda a la comisión contra el acoso de la empresa, ésta rechazó que existiera, con la oposición sindical, sin escuchar su versión ni examinar las pruebas documentales que remitió al organismo que, por ley, estaba obligado a ampararla.

La dirección de Sánchez izquierdo también le negó acceso a su expediente e impidió que el acta de las reuniones de la comisión reflejaran el voto particular de los delegados sindicales, que sí habían advertido la existencia de mobbing.

La periodista se reincorporó a su puesto en 2020, y asegura que el acoso y el ninguneo continuaron ya que siguió sufriendo desplantes, silencios y gestos despectivos por parte de sus superiores, que la obligaban a entrar a trabajar a las 7.30 de la mañana sin adjudicarle tareas hasta varias horas después.

Tampoco la convocaban a las reuniones de actualidad con el resto de compañeras y compañeros, y era habitual que las piezas que le encargaban para la radio no fueran finalmente emitidas. La ubicaron en un puesto de trabajo justo enfrente de uno de los jefes a los que acusaba de acoso, pero cada vez que pidió que la cambiaran de sitio, incluso cuando la médica de la empresa lo recomendó expresamente a la dirección, ésta se negó a hacerlo.

Tres diagnósticos

La trabajadora afectada ha presentado al juzgado el informe diagnóstico de los tres médicos -de la empresa, del Sergas y uno privado- que consideraron que los trastornos psicológicos que padeció y aún padece están vinculados a la situación a la que fue sometida. De hecho, la jueza que sigue su caso ha ordenado varias medidas para protegerla y evitar su "victimización secundaria" durante la instrucción de su causa.

Entre ellas, ofrecerle que declarara mediante videoconferencia y acompañada por una psicóloga de la Oficina de Atención a las Víctimas, o instar al Instituto de Medicina Legal de Galicia a que ponga a disposición del juzgado un equipo psicosocial que se encargue de evaluar si las secuelas psíquicas que sufre están relacionadas con los hechos que ha denunciado.

Público, que ha preferido guardar el  anonimato de la trabajadora para no agravar su victimización, se ha dirigido al equipo de Sánchez Izquierdo para preguntarle cómo valora la imputación de ocho directivos y directivas en un caso de acoso como el expuesto, y especialmente el hecho de que uno de ellos vaya a moderar el debate electoral del próximo lunes. La CRTVG no ha contestado a esta última pregunta, pero ha apelado a la "presunción de inocencia" de sus ejecutivos y ha enviado el siguiente texto con ruego de publicación:

"No son ocho directivos. Hay directivos, trabajadores e incluso ex-trabajadores. Es un tema subiudice y por lo tanto la CRTVG lo que aporta son hechos. Los hechos dicen que sobre los temas ahora denunciados ya existen dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia favorables a la Corporación y a sus directivos y trabajadores. Sobre este tema hubo también dos comisiones internas de investigación (formadas por empresa y parte social) que concluyeron que no existían indicios de conductas compatibles con supuestos de acoso laboral".

"Las acusaciones no eran ciertas"

La dirección de Sánchez Izquierdo se defiende también recordando que la justicia "acaba de desestimar íntegramente las cuatro denuncias interpuestas por supuestas represalias" por otros tanto trabajadores y trabajadoras. "En los cuatro casos, dos jueces diferentes, concluyeron que no eran ciertas las acusaciones vertidas contra la dirección de la Corporación", dice la CRTVG. Al menos tres de ellas han anunciado que recurrirán esos fallos por vulneración de sus derechos fundamentales.

"Estos son los antecedentes objetivos, contrastables y públicos del caso, es una obviedad que como en cualquier otro proceso debe primar la presunción de inocencia", concluye la dirección.

El Comité Intercentros de la CRTVG denunció el pasado martes en un comunicado "la existencia de represión en los medios públicos contra las trabajadoras que le plantan cara a la dirección o se oponen a las prácticas de manipulación informativa", tras conocer que la empresa había optado por indemnizar con dinero público, en vez de readmitir, al periodista David Fernández Vázquez, cuyo despido fue declarado improcedente el pasado noviembre por un juzgado de lo Social de Santiago.

Fernández no ha aceptado la indemnización y asegura, según el comité, que va a recurrir la sentencia reclamando que su cese sea declarado nulo, lo que obligaría a la empresa a readmitirle.

Centenares de sentencias en contra

Durante el mandato de Sánchez Izquierdo se han dictado centenares de sentencias contrarias a la CRTVG por acoso, persecución de periodistas por motivos ideológicos, discriminación por razón de género y vulneración de derechos fundamentales y laborales.

Los trabajadores llevan casi cinco años reclamando cada semana con los venres negros "viernes negros"- que convoca el colectivo Defende a Galega la renovación del director general, en cumplimiento de una ley del año 2011 que obliga a que sea el Parlamento de Galicia quien lo elija por mayoría cualificada.

La misma norma establece la creación de un consejo de informativos que desde hace trece años debería velar por la pluralidad y neutralidad de la CRTVG, a la que, según el comité de empresa y la oposición gallega, Sánchez Izquierdo ha plegado a los intereses electorales del PP, de Alberto Núñez Feijóo y de Alfonso Rueda.

En lo que va de mes, el personal de la CRTVG ha celebrado dos jornadas de protesta, una en sus centros de trabajo en toda Galicia y otra frente a la sede de la Xunta en Santiago, para denunciar la manipulación informativa durante la precampaña electoral para ajustar la línea editorial de los medios públicos de Galicia a la estrategia del candidato del PP.

Debate a la medida de Alfonso Rueda

La CRTVG ha excluido a Vox del debate electoral que moderará López Carballeira este lunes, en coincidencia con los intereses del PP, que teme que el voto ultra pueda costarle algún escaño vital para que Rueda mantenga la mayoría absoluta que le legó Feijóo.

La radiotelevisión pública, sin embargo, sí ha convocado a Podemos y a Sumar, coincidiendo de nuevo con la estrategia de campaña del candidato popular, que intenta mostrar que la alternativa a su Gobierno no son el BNG y el PSdeG, sino una difusa izquierda multipartita.

El de la Televisión de Galicia será el único debate en el que participe Alfonso Rueda, que ha anunciado que no irá al que organiza la Televisión Española, al que sí acudirán la aspirante nacionalista, Ana Pontón, y el socialista, José Ramón Gómez Besteiro.