El Gobierno español anunció en las últimas fechas su intención de poner en marcha un plan para, al calor del artículo 155 de la Constitución, utilizar las competencias educativas intervenidas a la Generalitat y aplicar medidas que faciliten la elección del castellano como lengua vehicular en los centros educativos catalanes. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que el objetivo de Moncloa es defender la libertad de los padres a la hora de elegir sobre la educación de sus hijos.

Aunque el Gobierno aún no concretó cuáles son los mecanismos exactos con los que pretende facilitar la matriculación en castellano en primaria y secundaria, el anuncio fue rechazado por el resto de fuerzas políticas tanto a nivel nacional como en Catalunya, con excepción de Ciudadanos. Partiendo de la base de que la inmersión lingüista en las escuelas no es un punto de fricción en la sociedad catalana, diversos analistas apuntan que la razón de ser de la propuesta se encuentra en la carrera que el Partido Popular mantiene por Ciudadanos por situarse a la cabeza de un bloque nacionalista español que, si se tienen en cuenta las encuestas, contará con un respaldo mayoritario en las próximas elecciones generales.

La politóloga Berta Barbet, investigadora post-doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y editora de Politikon, señala que Ciudadanos y Partido Popular están inmersos en una “lucha ideológica” por tener una posición dominante sobre lo que debe ser “la definición de España”. En ese terreno, los dos partidos protagonizan una pugna por ofrecer ante el electorado la percepción de que tienen “un mejor modelo de España” en el que el castellano será defendido como un elemento “que nos hace españoles a todos”. “Es una construcción sobre una concepción que tiene una idea de España muy limitada, en la que se excluye a mucha gente y se genera desconfianza también entre los catalanes no independentistas, que quieren un modelo de Estado donde esté presente el catalán”, relata.

Esta línea argumental coincide con las reflexiones de Jordi Amat, filólogo especializado en las relaciones entre política y cultura, cuestión que analiza en el contexto de la Catalunya contemporánea en su último libro, Largo proceso, amargo sueño (Planeta de Libros). “Ciudadanos es un partido que nace en Catalunya sustentado en el cemento de la impugnación al sistema educativo catalán”, recuerda Amat, que ve la propuesta del Gobierno como un movimiento del Partido Popular para “hacer suyo un argumento histórico del rival” y, de esa manera, contrarrestar su pujanza en las encuestas.

Sin embargo, el interés del Partido Popular y del Gobierno por intervenir en el modelo lingüístico catalán, aunque puede haberse visto intensificado en las últimas fechas, no es un fenómeno nacido tras la publicación de encuestas favorables a Ciudadanos. Al respecto, cabe recordar episodios como las polémicas declaraciones del canciller Alfonso Dastis –que dijo que no se enseñaba castellano en las escuelas catalanas– o las célebres palabras del anterior ministro de Educación, José Ignacio Wert, que manifestó abiertamente su intención de utilizar la reforma educativa para “españolizar” a los alumnos catalanes.

En opinión de Amat, el continuo cuestionamiento del modelo educativo catalán por parte del Partido Popular es consecuencia “de la ausencia de un proyecto español compartido”, lo que a su modo de ver se sitúa “en el mar de fondo de los problemas constitutivos del Estado de 1978, unos problemas que en su momento se abandonaron y ahora explotan generando dificultades para renovar la convivencia”. “En el contexto de crisis institucional en el que estamos, con el añadido de un reagrupamiento de cierto nacionalismo español al calor de la represión por lo ocurrido en Catalunya, ahora se reabren estos temas”, añade.

Para Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística General en la Universidad Autónoma de Madrid, los anhelos de los sectores conservadores por intervenir el modelo educativo catalán revelan su deseo de dejar atrás el Estado de las Autonomías para volver al modelo franquista de “España y sus regiones”.

“Existe una ideología españolista que no puede admitir de ninguna manera que el catalán u otras lenguas tengan una presencia mayor o predominante sobre el castellano en la educación o en cualquier otro ámbito, sobre todo en espacios que en otra época eran ocupados de manera exclusiva por el español”, relata el académico. A su modo de ver, esa intención nace de un modo de pensar “que no admite la realidad de un Estado español que es plurinacional y plurilingüe”.  

Los motivos de Moncloa

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, Méndez de Vigo eludió las preguntas de la prensa sobre si existen datos que coloquen la facilitación de la matriculación en castellano como una demanda extendida entre la comunidad educativa. En su comparecencia, el titular de Educación situó como uno de sus argumentos centrales que la intención de Moncloa es defender la libertad de elección. “En las comunidades monolingües es donde no hay libertad para elegir lengua, ya que te van a enseñar en castellano sí o sí”, responde Moreno. 

Más allá de esa presunta defensa de la libertad de elección, no existen demasiados argumentos que justifiquen el anuncio de Moncloa. Según una Encuesta de usos lingüísticos del Instituto de Estadística de Catalunya del año 2013, el porcentaje de población que entiende el castellano es superior al que entiende catalán (99,7% frente al 94,3%). Lo mismo sucede con los que lo saben leer (97,4% frente al 82,4%) y a los que lo saben hablar (99,7% frente al 80,4%). “Si hablamos estrictamente del modelo lingüístico, no hay discusión. El conocimiento de lengua castellana o española de los alumnos catalanes no es inferior al de los estudiantes del resto de España. No hay un problema de conocimiento de la lengua. En último término, se diga o no, esto tiene que ver con la asunción de que la educación es una forma de creación de identidad nacional”, reflexiona Amat.

Incluso en ese punto, aunque resulta innegable el papel del idioma y de la escuela como elementos clave a la hora de generar sentido de comunidad, los expertos ponen en duda que el modelo lingüístico tenga que ver con el auge de posiciones independentistas en los últimos años, en contra de lo que argumentan los sectores más conservadores de la política española.  

La politóloga Berta Barbet se muestra tajante al respecto: “El catalán como lengua no tiene nada que ver con el crecimiento de las posiciones independentistas”. En ese sentido, Barbet recuerda que el idioma es sólo una herramienta comunicativa, por lo que, en cualquier caso, su presunto uso para adoctrinar al alumnado sería anecdótico, ya que en un hipotético escenario de adoctrinamiento, el elemento aleccionador sería el contenido y no el vehículo utilizado para su difusión. Esta politóloga también señala que ciertos análisis sobredimensionan el poder de la escuela para generar opinión pública, ya que son muchos los elementos con mayor influencia en la socialización de los niños, empezando por los padres o incluso por la televisión, donde la presencia del castellano es mayor que la del catalán.

Según Barbet, el único argumento que podría utilizarse a nivel educativo para defender el uso del castellano como lengua vehicular es aquel que dice que a los alumnos les resulta más sencillo aprender las materias cuando las estudian en su idioma materno. Sin embargo, destaca que no existen estudios que sustenten esta teoría en el caso del español y el catalán, donde el efecto podría verse “limitado”, entre otras cosas, por las similitudes entre las dos lenguas y el extendido uso de ambas entre del alumnado. 

Un 155 poco quirúrgico

Otro de los puntos polémicos de la propuesta del Gobierno para facilitar la matriculación en castellano nace del hecho de que la capacidad de Moncloa para llevarla a cabo es coyuntural, derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Cuando el Ejecutivo solicitó al Senado la puesta en marcha del 155, Moncloa defendió la pertinencia de esa medida –sin precedentes en la democracia española– como una forma de devolver la legalidad a las instituciones catalanas, un propósito que poco tiene que ver con utilizar las competencias intervenidas para facilitar el uso del castellano como lengua vehicular en la escuela.  

El lingüista Juan Carlos Moreno califica la propuesta del Gobierno como un “golpe de estado lingüístico” contra un modelo educativo que fue desarrollado “por los representantes legítimos de la ciudadanía catalana en el Parlament”. 

Por su parte, Amat considera “una irresponsabilidad tremenda” aprovechar la conyuntura del 155 para actuar contra el modelo lingüístico, que es “algo medular para la sociedad catalana” y que históricamente “no fue motivo de conflicto”, salvo “casos residuales”. A su modo de ver, el Gobierno está explorando los límites de un terreno desconocido al plantearse la utilización del 155 en esta cuestión. “Está estrenando su aplicación, y se está gustando”, reflexiona el filólogo, para el que la actuación del Ejecutivo se enmarca en un claro “proceso de regresión democrática del funcionamiento del Estado”. 

Berta Barbet también alerta sobre que la utilización del 155 para intervenir en asuntos relativos a la escuela supondría “sobrepasar una línea roja”, sobre todo por el riesgo de entrar en dinámicas en las que se utiliza la ley en favor de ciertos intereses partidistas a sabiendas de que “no se está respetando el objetivo que tenían los legisladores que la hicieron”. “El 155, claramente, no estaba pensado para intervenir de esta manera en este tipo de competencias. Un Gobierno que no respeta la intención de las leyes siempre será un Gobierno peligroso para sus ciudadanos”, zanja.