MADRID.- Perseguidos. Así dicen sentirse el expresidente del Palau de la música de Barcelona Felix Millet y su mano derecha Jordi Montull, condenados a un año de cárcel por la Audiencia de Barcelona por los delitos de tráfico de influencias y de ofrecimiento de tráfico de influencia.

Este martes ha tenido lugar en la sala de lo Penal del alto tribunal la vista de los recursos presentados por las partes del proceso. La Audiencia de Barcelona condenó a Millet y Pontull, pero absolvió en su sentencia a los responsables de Urbanismo del ayuntamiento de Barcelona.

Todas las partes han recurrido: la Fiscalía y las acusaciones popular y particular para solicitar la casación y agravamiento de las condenas además de condenas para terceros, y las defensas de Millet y Montull para pedir su absolución.

En la vista, la defensa de los dos condenados han coincidido en mantener que no existió tráfico de influencias alguno. La defensa de Montull ha llegado a asegurar que están inmersos en este proceso porque "cualquier cosa que hagan huele a actividad delictiva", lamentando que "todo el mundo se rasgue las vestiduras" cuando aparecen el señor Millet y el señor Montull en algún proceso.

La sentencia condenó a ambos acusados porque, "aprovechándose de su prestigio y ascendencia moral", comenzaron a ponerse en contacto sin cesar -con reuniones, llamadas, cartas y correos electrónicos- con las autoridades competentes, con lo que lograron convencer a las instituciones para llevar a cabo el proyecto. Dicho proyecto consistía en la construcción de un hotel en las inmediaciones del Palau, proyecto que finalmente no se llevó a cabo.

Uno de los pilares fundamentales de la vista ha sido la titularidad de la finca en la que se iba a construir dicho hotel. Esta finca no era de titularidad pública no del Palau, sino que pertenecía a una empresa privada y, según la Fiscalía, se ocultó deliberadamente este dato para enmascarar una operación de especulación urbanística colmo una operación de equipamiento para el interés general.

Sin embargo, la sentencia no condenó a la cúpula de Urbanismo del ayuntamiento de prevaricación ni de falsedad documental, como de solicitaba, porque consideró "inocuo" que no se especificara la propiedad de la finca en la que se estableció el plan urbanístico, ya que finalmente no se llevó a cabo.

Los recurrentes a este respecto -Fiscalía y acusación popular, formada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb)- se han lamentado de que la sala considerase inocuo “sustraer a la ciudadanía un dato como el que se trata aquí”. Han afirmado que, de haberlo conocido, la voluntad general de los vecinos podría haber sido negarse a la realización del proyecto.

“El artículo 23 de la CE establece el derecho de los ciudadanos a tratar de los asuntos públicos directamente y este plan toca directamente esos asuntos públicos”, ha asegurado la defensa de la federación Favb.

Las defensas de los acusados han respondido que el interés general de la obra estaba “totalmente justificado”. “El constructor se comprometía a remodelar el colegio y el propio edificio sobre el que se iba a construir se caía a trozos, los cascotes caían sobre la calle”, ha justificado la defensa de Millet.

Por su parte, la defensa de los responsables de Urbanismo del ayuntamiento ha calificado de “absolutamente impecable” su actuación, ya que, dicen, desconocían la cuestión de la propiedad, y en todo caso el juez la calificó de irrelevante para el caso, por lo que no se les puede imputar ningún delito.

Después de una vista que se ha alargado durante tres horas, el caso ha quedado visto para sentencia y el tribunal tendrá que decidir sobre todos los recursos presentados por las partes.